Los trabajadores de los periódicos del Estado recurren nuevamente ante el Supremo

Los trabajadores de los Medios de Comunicación del Estado (antigua Prensa del Movimiento) han presentado un recurso contra el auto dictado por el Tribunal Supremo en virtud del cual se declaraba no procedente la suspensión cautelar del real decreto sobre reestructuración y suspensión de estos medios, que llevó -el pasado 16 de junio- al cierre inmediato de seis periódicos y una agencia de la cadena. Según círculos judiciales citados por la agencia Europa Press, la sentencia de fondo sobre este tema se producirá hacia el próximo día 13.

Los trabajadores habían presentado, el mes pasado, un primer recurso pidiendo la suspensión cautelar del cierre basándose en las pérdidas irreparables que éste podía causar cuando los tribunales aún no se habían pronunciado sobre el tema de fondo. La sala de verano del Tribunal Supremo declaró improcedente dicha suspensión.En el recurso ahora presentado, los representantes de los trabajadores de dichos medios sostienen, frente a la tesis mantenida en el auto del Supremo de que el real decreto no ha tenido efectividad inmediata, que esa norma ha permitido el cierre de siete de esos medios y que ha creado una comisión interministerial en la Presidencia del Gobierno para la adscripción a la Administración del personal que se quedó sin trabajo como consecuencia de ese cierre. Asimismo el recurso cita, como ejemplo de que el real decreto ha producido efectos inmediatos, que se ha emplazado a los trabajadores en paro para que decidan, antes del próximo 17 de agosto, si aceptan las indemnizaciones por despido previstas en el real decreto.

En el recurso se rebate también la afirmación del Ministerio de Cultura de que la suspensión cautelar habría costado a la Administración 132 millones de pesetas y se precisa que la duración de esta suspensión no puede ser de dos meses, sino de quince días, que es el espacio de tiempo que va desde la fecha de notificación del auto, el 31 de julio, a la de previsible publicación de la sentencia, del 13 al 15 de agosto.

El escrito de recurso presentado por los trabajadores señala igualmente que en esa cifra de 132 millones no pueden incluirse los gastos de personal y otros que la Administración sigue abonando a pesar del cierre de los periódicos.

El recurso viene acompañado, por otra parte, por una reproducción de unas declaraciones del ministro de Cultura, Manuel Clavero, a un diario madrileño en las que afirma, entre otras cosas, que «el criterio de reducir el gasto público no es la filosofía de fondo que ha llevado a adoptar la medida (del cierre de seis periódicos y la agencia Pyresa). El Gobierno está estudiando una disposición por la que se disolverá el organismo autónomo de Medios de Comunicación del Estado y se autorizará a traspasar a la sociedad la titularidad de los restantes periódicos».

El recurso de los trabajadores de dichos medios interpreta esta declaración del ministro de Cultura como un «arrogante desafío» al artículo 20 de la Constitución, que establece que «la ley regule la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación dependientes del Estado o de cualquier ente público, garantizando el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos representativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España».

No se comprende, según el recurso, qué regulación y control puede asumir el Parlamento cuando la prensa estatal esté liquidada o privatizada, de acuerdo con el programa del partido en el Gobierno.

El real decreto de reestructuración y suspensión de Medios de Comunicación del Estado se publicó el pasado 16 de junio y provocó el cierre casi inmediato de los diarios Arriba, de Madrid; Solidaridad Nacional y La Prensa, de Barcelona; Libertad, de Valladolid; Amanecer, de Zaragoza, y El Pueblo Gallego, de Vigo, además de la agencia Pyresa.