El petróleo, la CAMSA y el PEN

Presidente del Comité de Energía de la CEOEEl tema del abastecimiento de energía a nuestro país ocupa en estos días un lugar preferente en los más diversos ámbitos nacionales, desde el Congreso de los Diputados hasta la conversación familiar o amistosa, pasando por las columnas de la prensa.

Aspecto particularmente debatido ha sido el de la energía originada por la fisión nuclear. Parece que, a pesar de los recelos que en la población despierta esta técnica, todas las opiniones responsables están de acuerdo en que, con todas las garantías que un control efectivo de las medidas de seguridad debe prestar, esta modalidad de energía es la única que, a medio plazo, puede asegurar un suministro adecuado a las necesidades de España.

Pero este debate, a veces apasionado y siempre interesante, no debe hacernos olvidar el papel de vital importancia que en los próximos veinte años ha de desempeñar el petróleo en nuestro abastecimiento energético global, y muy fundamentalmente en su parte correspondiente al transporte en todas sus facetas.

Por ello, es ineludible atender con carácter prioritario al desarrollo del subsector petróleo, facilitando la adaptación de sus estructuras a las nuevas circunstancias.

Este desarrollo ha estado condicionado en España por la ley del Monopolio de Petróleos, en vigor desde hace cincuenta años, con una serie de modificaciones parciales e insuficientes, lo que ha creado, por una parte, una superposición de competencias administrativas; por otra, una reglamentación intrincada y, muchas veces, contradictoria y, en fin, la coexistencia, harto confusa, de los sectores público y privado.

La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea llevará aparejada la desaparición del monopolio. He aquí una razón más para aquella reestructuración, la cual, por razones obvias, presenta un carácter urgente.

Un enfoque racional del problema nos obliga a enumerar los objetivos, a analizar la situación actual y sus principales condicionantes, y, finalmente, a esbozar una política a corto, medio y largo plazo.

El objetivo no puede ser otro que asegurar la satisfacción de la demanda nacional de productos petrolíferos en cantidad y calidad adecuadas. Para ello, es necesario potenciar al máximo la exploración en búsqueda de yacimientos de hidrocarburos, asegurar con una gestión acertada la compra de los crudos que sea necesario importar, adecuar de forma permanente ras instalaciones de refino a las demandas del mercado (no puede olvidarse que la importancia relativa del fuel-oil irá en descenso, con paralelo incremento de las gasolinas, keroseno para aviación y gas-oil) y a las calidades, que cada vez han de adaptarse más a las exigencias de la conservación del medio ambiente. Por último, también es necesario desarrollar una creciente actividad en investigación tecnológica,lo que supondrá un gran esfuerzo, tecnológico y de gestión, al que todas las empresas del subsector deben ser llamadas, creando al efecto el marco adecuado para el desarrollo de estructuras empresariales fuertes y tecnificadas. De esta forma, tales empresas, disponiendo de un flujo de fondos suficiente y de unas estructuras científicas y organizativas que permitan su modernización constante, estarán en disposición de acometer aquella investigación tecnológica, tanto en el área de la economía de energía como en el campo de nuevas energías.

El futuro del Monopolio

La situación actual viene fuertemente condicionada por la ley del Monopolio, que a ío largo de su medio siglo de existencia no ha merecido más que simples parcheos. Aunque creo, sinceramente, que el monopolio ha rendido buenos servicios al país, no cabe duda que cincuenta años son muchos años para que no se haya producido su envejecimiento. Aunque el pensamiento de José Calvo Sotelo fue clarividente, no le demos el carácter taumatúrgico que supone permanecer innaccesible a través de años tan aceleradamente cambiantes. Falta la integración vertical necesaria para que puedan lograrse aquellas estructuras empresariales fuertes a que antes me refería. Bajo la ley del Monopolio, la única empresa que podía lograr tal integración, CAMPSA, no ha tenido estímulos para hacerlo. Por otra parte, la misma ley lo ha puesto muy dificil para las demás. Ha faltado en los sucesivos Gobiernos imaginación suficiente para reformar la ley, a medida que la evolución y las circunstancias lo iban aconsejando. Además, la complejidad de competencias administrativas ha supuesto un grave freno a aquella reforma.Sin embargo, no todo es negativo en la situación actual. Las empresas petrolíferas son empresas sanas, con un punto de capitalización razonable, buena técnica y organización, y están capacitadas para el desarrollo de actividades más amplias que las que en la actualidad realizan; las instalaciones, tanto de refino como de distribución, y los medios de transporte son modernos, su mantenimiento es muy aceptable y su tecnología avanzada responde a criterios internacionales; existe, en fin, un avanzado desarrollo general de las actividades derivadas que, como la petroquímica, la fabricación de aceites lubricantes y otros productos especiales, consolidan y apoyan la simple operación de refino.Colaboración públicos y privados supongo que, al llegar a este punto, el lector se preguntará si el Plan Energético Nacional, actualmente en discusión parlamentaria, proyecta medidas para resolver los problemas antes enunciados. Yo le contestaría que, desgraciadamente, los redactores del plan se han visto atenazados y abrumados, una vez más, por la tremenda maraña de competencias administrativas y por la superposición de parches, características, como antes se ha dicho, de la situación actual. Así, no han entrado en el problema de fondo, limitándose a esbozar soluciones tímidas y parciales. El plan prevé, es cierto, un determinado camino de integración para las empresas del sector público, pero aquél ha tenido que ser lo suficientemente tortuoso para que no hiera a demasiadas competencias. Sin embargo, el propio plan elude tratar a las compañías privadas existentes. Es de esperar que las Cortes remedien esta omisión. El sistema de distribución primaria de productos petrolíferos, hoy patrimonio del Estado, gestionado por una empresa monopolizadora (que, no ha mucho, se ha convertido en pública, al adquirir el Estado la mayoría de su capital), no debiera integrarse, antes o después, con el resto de las empresas públicas del subsector petróleo. Por el contrario, parece incuestionable que la empresa privada no debe quedar convertida en mero instrumento de la empresa pública, para evitar que aquélla se raquitice, pues es necesario su concurso como aportacíón importante a los grandes objetivos nacionales: de este modo, se conseguiría evitar la politización y la burocratización de la empresa pública, al tener como contrapunto el contraste y la competencia de un sector privado de su misma robustez. Y ello sin entrar en el hecho de que, definido constitucionalmente nuestro sistema como de economía de mercado, la desaparición de la empresa privada por virtud de actos de gobierno no implicaría una grave infracción de la Constitución.

Se dirá cómo puede evitarse que la distribución sea pública si los bienes con que se realiza la misma son patrimonio del Estado. Pues sí, es perfectamente posible: no hay más que dar su explotación a una empresa independiente que, en vez de ser pública, como lo es la actual, sea mixta, con representación en ella dt todas las compañías refinadoras, y que de ese servicio de distribución primaria a todas las compañías mencionadas, en igualdad de condiciones. Como complemento de ello, irían liberalizándose gradualmente las otras dos fases que hoy continúan monopolizadas en su integridad, a saber la distribución secundaria y la comercialización; y con ello, aquel marco por el que abogaba al comienzo de estas notas quedaría perfectamente diseñado, ya que las restantes fases de la actividad petrolífera (exploración, refino y transporte de crudos) no están hoy de hecho monopolizadas. Al propio tiempo, España se encontraría perfectamente en línea para afrontar su entrada en el Mercado Común.

La exposición precedente parece muy simple, pero la lógica limitación de este artículo no permite entrar en detalles. Sin embargo, todo ello es posible, perfectamente posible, sin dañar ningún interés legitimo y si no se hace será porque los que intervenimos, con mayor o menor responsabilidad, en el subsector petróleo en España no habremos tenido la valentía y la imaginación suficientes. Y habremos incurrído en un grave pecado de omisión ante la Nación.