La votación sobre el Tribunal Constitucional

EL SISTEMA con que ha sido aprobada en el Congreso la ley sobre el Tribunal Constitucional pone de relieve que el Gobierno parece decidido a abandonar la fórmula del consenso en el desarrollo legal de la propia Constitución, en aras, suponemos, de una pretendida efectividad. En efecto, la oposición de la izquierda a lo que consideraba un derecho de veto sobre el Parlamento del propio Tribunal, la ha llevado a votar unida contra la ley, que sólo ha podido salvar el escollo de la mayoría absoluta que precisaba con el apoyo de vascos y catalanes. La sospecha de que el Gobierno esté manejando un instrumento tan delicado corno los estatutos de autonomía como moneda de cambio en otras cuestiones, es así más que fundada. Y la paradoja de que sea la Minoría Vasca, que no votó afirmativamente a la Constitución, la que venga ahora en defensa de las tesis constitucionales ucedistas completa el círculo de las confusiones.La cuestión fundamental que ha enfrentado a la oposición con el Gobierno en este terreno ha sido la existencia de un recurso previo de constitucionalidad de las leyes orgánicas, que se considera por socialistas y comunistas un derecho de veto o de censura, por parte de dicho organismo, sobre la actividad parlamentaria. El temor añadido de que este derecho pueda jugar políticamente en contra de la mayoría parlamentaria, caso de que ésta cambie de signo, es también patente. Y a las sospechas de politización del alto órgano judicial se añaden las que suponen el hecho de que éste tendrá atribuciones para dirimir los conflictos «institucionales» entre el Gobierno y las Cámaras. Pero, a nuestro juicio, no es lo más importante el debate jurídico sobre las atribuciones del Tribunal -debate en el que a la postre existen razones válidas en ambos bandos-, sino el significado político que puede adquirir el hecho de que el órgano supremo de arbitraje sobre la constitucionalidad de nuestras leyes se apruebe con tan estrecho margen de votos.

Digamos que existe una cierta sensación de secuestro, por parte de los expertos del Gobierno, de las interpretaciones constitucionales, incluso a la hora de establecer el órgano que ha de tener esta fundamental misión. Así sucedió con el decreto sobre seguridad ciudadana, en el que el Gabinete sé mostró más bien benevolente con la estricta interpretación de las garantías jurídicas a los derechos individuales que la Constitución establece. Así también, en el caso de la prenegociación del Estatuto de Guernica, en el que las principales objeciones de UCD eran de signo constitucional, objeciones que, sin duda, ya no ve después de firmado,el pacto. Así, en fin, a la hora de dirimir la cuestión de si viola o no la Constitución -como la izquierda clama- a el propio Tribunal Constitucional. Que semejante duda, esgrimida por casi la mitad de la Cámara, no ocasione más preocupación en el Gobierno que la recolecta necesaria,de votos para salir adelante, antes que la búsqueda de una solución más satisfactoria para todos, es lo que consideramos un ni al síntoma. Sobre todo tratándose de un tema de la gravedad y envergadura de que se trata.