Un proyecto paralizado: el Estatuto del País Valenciano
La discusión en el Parlamento de los proyectos de Estatuto de Euskadi y Cataluña constituyen probablemente uno de los temas más importantes, si no el más importante, de la actual vida política española. Los inminentes debates pronto despejarán las incógnitas que amenazan el horizonte de nuestra recién estrenada democracia. Incógnitas que consisten, por una parte, en saber si, para el partido del Gobierno, el concepto de Estado de las Autonomías es algo más que una superficial descentralización o si, realmente, est1 dispuesto a remodelar en profundidad las caducas -y opresoras- estructuras del centralisnio.Galicia presentó su propio texto estatutario precisamente un 28 de junio, día en el que se cumple el 43 aniversario del plebiscito por el que el pueblo gallego ratificó mayoritariamente el proyecto autonómico durante la Segunda República. Al mismo tiempo otras nacionalidades o regiones del Estado, como es el caso de Canarias o de Andalucía -zonas con mucho menos «abolengo autonomista» que las anteriores- están en trance de culminar la primera etapa de tal proceso con la puesta a lunto de sus respectivos proyectos.
Quizá haya que convenir que el País Valenciano «es diferente» y quizá tendremos que convenir también en que, desgraciadamente, todo parece hacer previsible que nuestro País, juntamente con Navarra, comunidad por otro lado de problemática muy alejada de la nuestra, puede llegar a convertirse en una zona políticamente «cálida» y en las que lás dificultades para alcanzar el autogobierno sean de gran envergadura.
De hecho, y hoy por hoy, hay que reconocer que el proceso autonómico del País Valenciano se halla paralizado, pese a las solemnes declaraciones y los sonoros compromisos rubricados en el Palau de la Generalitat de Valencia, el pasado 9 de octubre, por parte de las fuerzas políticas valencianas más representativas, y en primer lugar las parlamentarias.
El actual bloqueamiento del proceso autonómico del País Valenciano obedece, a nuestro juicio, a un conjunto muy complejo de factores que, entiendo, no pueden restringirse solamente a puras circunstancias coyunturales aunque, ciertamente, también éstas han tenido y tienen que ver bastante con el clima generalde quiebra del proceso al que nos venimos refiriendo.
En realidad existe una notable continuidad en el actual modelo autonómico valenciano y en el formulado en nuestro País en la etapa de la Segunda República española. A pesar de los profundos cambios operados en nuestra estructura socioeconómica, puede rastrearse con una cierta fluidez tal continuidad -salvando todas las matizaciones que haya que salvar- en las actitudes de los bloques políticos, y especialmente en lo que se refiere al bloque de la clase dominante. No se han producido, a nuestro juicio, en efecto, alteraciones esenciales en el comportamiento de tal factor social. La clase dominante valenciana continúa conformándose en torno a una aristocracia financiera fuertemente soldada a los intereses económicos y políticos de la oligarquía centralista. Continúa siendo profundamente beligerante -y no será necesario decir en qué sentido- frente a los intentos, cada vez más generalizados y profundos, de recuperar las «señas de identidad» de nuestro pueblo, intentos surgidos -como bien es sabido- tras la intensa introspección efectuada por los intelectuales «orgánicos» del País Valenciano durante los últimos veinte años y que, a mi juicio, no tiene precedentes, por su intensidad y resultados, en toda nuestra historia.
La derecha dominante, sin embargo, ha permanecido no sólo indiferente, sino incluso francamente hostil a tan decisivo proceso y ha preferido modifi carse en torno a periclitadas fórmulas ideológico-políticas, directamente heredadas de los sectores más inmovilistas de la vieja CEDA y del, hace cuarenta años, juvenil japismo. Desgraciada mente ha decidido potenciar, a través de sus medios de reproducción ideológica, unas polémicas aberrantes que en cualquier país civilizado hubieran enrojecido la cara de todos los poseedores de un título de bachiller elemental. Unas polémicas -hay que decirlo- que implican la evidente hibernación, si no son superadas, de cualquier aspiración autonómica. Tal derecha ha decidido continuar fiel a su propia tradición: el más puro mandarinismo ejercido por la aristocracia financiera antes mencionada, auxiliada por una «noblesse» de la toga con tanto abolengo, entre nosotros, como «clase de servicio».
Evidentemente, en todo este discurso y en toda esta toma de posición no pueden descuidarse, como apuntábamos anteriormente, los factores coyunturales. Desalojada del poder municipal en la mayoría de los grandes municipios del País Valenciano, fuertemente disminuida su influencia incluso en la Corporación provincial más importante -la de Valencia- la derecha se ha aferrado absurdamente a sus pretensiones de ostentar, como compensación, la presidencia del Consell pese a ser claramente, en el País Valenciano, un partido secundario, atendiendo a criterios de voto popular, que entiendo son los únicos que pueden exhibirse con legitimidad democrática. Lo otro, el mezclar criterios de voto popular con el de origen territorial, no es sino una formula para desvirtuar el primero, y nos remite de alguna manera a unos sistemas electorales emparentados con el de los «burgos podridos», característicos de la Europa predemocrática.
No soy, ciertamente, la persona más adecuada para hablar de las debilidades y las contradicciones de la izquierda, sector social -en definitiva- presionado hasta el límite por la necesidad de contemplar todo el proceso autonómico inscrito en el marco de la consolidación democrática en el Estado, punto de referencia ineludibles, si queremos hablar seriamente de política aquí y ahora. Sus debilidades y contradicciones deben, en todo caso, analizarse desde esa óptica, si no como disculpa, al menos como justificación.
El reto que actualmente tienen los representantes democráticos del pueblo valenciano consiste, lisa y llanamente, en saber si los intereses privativos van a prevalecer sobre los intereses generales. Si la vocación autonómica de los partidos va a estar al servicio de estos intereses generales o si, en defenitiva, sólo se trata de una forma más de alcanziar la hegemonía política. En realidad, nada nuevo bajo el sol.
ALFONS CUCO
Senador socialista del País Valenciano
