Realismo en la conferencia episcopal

Los teletipos de las agencias informativas han recogido entre las conclusiones del último pleno de la conferencia episcopal, este reconocimiento explícito de los obispos españoles: «Por lo que se refiere a los tribunales eclesiásticos, no desconocemos que en algunos casos los procedimientos en sí mismos o determinadas circunstancias de tiempo y lugar han producido graves deterioros en el testimonio de justicia que la Iglesia debe dar ante el mundo» (véase EL PAIS, del 8 de julio de 1979).Este reconocimiento, con todas las reservas formales que le preceden («sin que de ninguna manera admitamos como absolutamente verdaderas y objetivas muchas de las acusaciones que se lanzan contra la actuación de algunos tribunales»), requiere alguna consideración.

No basta con el reconocimiento del hecho. Hay que extraer del mismo sus consecuencias. Y si se admite por la asamblea plenaria de la jerarquía española que ha habido deterioro en la administración de justicia impartida por los tribunales eclesiásticos, parece de elemental justicia: primero, ponerlos medios para evitar que el hecho se repita; segundo, reparar en lo posible los daños inferidos a otros por causa y con motivo de ese deterioro que se reconoce; tercero, rehabilitar a los injustamente acusados por tal causa.

De mí sé decir que, en determinado expediente que al pleno de la conferencia no le ha sido desconocido, llegué a exponer más de cuarenta casos o especies de deterioro o corrupción, con un ofrecimiento de medios de prueba en número superior al centenar. Si ahora, pues, se declara oficialmente la realidad del hecho por el órgano eclesial competente, no habrá más remedio que reponer las cosas en el lugar en que estaban antes de que la afirmación de las acusaciones fuese represaliada, es decir, si la conferencia episcopal española ha de ganar fiabilidad y no aparecer, por el contrario, como inconsecuente ante la comunidad eclesial.