Dos informes

ACABAN DE aparecer, casi simultáneamente, los informes anuales que sobre la economía española realizan con carácter periódico el Banco de España y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los informes no sólo se limitan a una puntual descripción de lo ocurrido, sino que además suelen presentar una valoración crítica de la política económica desarrollada por las autoridades.El informe de la OCDE se mantiene, en esta ocasión, en ese tono todavía más neutral que lo acostumbrado, limitándose a describir el estado de la economía española y la actuación de las autoridades económicas, aunque reconociendo que la política económica seguida ha sido correcta. En efecto, el desequilibrio de los pagos con el exterior se ha resuelto satisfactoriamente y el porcentaje de inflación ha descendido diez puntos a lo largo de 1978, lo que concede cierto margen de maniobra para emprender una política económica más ambiciosa que comience a corregir el problema del paro. En este sentido, el informe considera apropiado el propósito de las autoridades económicas de inclinarse por una política monetaria y fiscal más expansivas, aunque advierte sobre los peligros de una inflación todavía muy elevada y bien arraigada enel comportamiento y en los hábitos de los agentes económicos.

La OCDE había previsto en su informe un crecimiento del PIB (producción total de bienes y servicios) del 4 % en volumen, con un alza de los precios al consumo del 14 %, pero, a raíz de las últimas elevaciones en los precios del petróleo, las previsiones aparecen corregidas. El PIB crecerá menos y los precios subirán más. No se pronuncia por ningún porcentaje concreto, aunque vista la situación de la economía a mediados de año es razonable pensar que las anticipaciones formuladas acerca de un crecimiento del 3 %, similar al de 1978, y un alza de precios en tomo al 15-16 %, también similar a la de 1978, son bastante realistas.

Incluye el informe una cautelosa alusión a los peligros de un déficit creciente del sector público que puede amenazar el desarrollo del sector privado de la economía. Este planteamiento nos conduce hacia el otro informe, el del Banco de España, donde después de un examen del desarrollo del sector público, de recomendable lectura para quienes se interesen por los hechos económicos españoles, se abordan los problemas de la economía y de la organización productiva de la sociedad española.

El crecimiento de la economía española, afirma el banco, está cada vez más condicionado por el entorno internacional, y ahí las perspectivas han dejado de ser optimistas para ser sustituidas por las de un crecimiento hasta 1985 muy modesto, que a lo más que puede aspirar es al mantenimiento, en los países industriales, de las cifras de paro en sus niveles actuales, mientras los países en vías de desarrollo no productores de petróleo se enfrentarán con crecientes déficit comerciales que acabarán imponiéndoles un menor margen de crecimiento.

Las previsiones cuantitativas sobre el crecimiento del PIB en 1979 se indican por el Banco de España en tomo a una zona del 3,5 %, aunque este porcentaje se ha debido formular con anterioridad a las últimas subidas en el precio del petróleo decretadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El informe recalca que la continuidad del déficit de las empresas públicas puede convertirlas en servicios sociales que absorban recursos disponibles para la inversión privada con graves consecuencias para el empleo y el crecimiento. Estos déficit se repiten, desgraciadamente, en otras zonas de la actividad pública, alcanzando cotas alarmantes en el caso de la Seguridad Social. El informe dice textualmente: «No cabe hablar de los déficit públicos sin referirse a cómo van a ser financiados -mediante emisiones o a través de la expansión monetaria- y a cómo esa financiación va a absorber recursos reales con cargo al excedente del sector del mercado.» En otras palabras, el informe se está preguntando cuál es el sentido de transferir recursos desde el sector privado al sector público de la economía y en qué medida esa transferencia no puede acabar con las posibilidades de salir de la situación actual de estancamiento y paro.

Esas alarmas sobre lo que está sucediendo en el sector público no son ni nuevas ni gratuitas. El Gobierno no debería desoírlas por más tiempo, si quiere que alguna vez se produzca el punto de inflexión de nuestra economía y que comencemos, por lento que sea, un proceso de recuperación.