Exposición sobre el patrimonio arquitectónico-urbanístico de la provincia de Segovia

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ha organizado una exposición sobre el patrimonio arquitectónico-urbanístico de la provincia de Segovia, que una vez exhibida en sus locales va a ser instalada en la ciudad de Segovia. La inauguración estaba prevista para el pasado martes, en el torreón de Lozoya, pero media hora antes de su apertura la dirección de la Caja de Ahorros mostró su disconformidad con el contenido de la muestra, a la que se habían unido unos paneles sobre la reciente tala de árboles en la ciudad, obligando a suspender el acto oficial, aunque se celebró una mesa redonda sobre el tema. Los colegios de arquitectos de Madrid y Segovia buscan en la actualidad un nuevo local para la exposición, que es comentada por Alfonso Álvarez Mora, coordinador del Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

A pesar de lo mucho que se habla, se analiza y se discute sobre lo que es o no es «patrimonio cultural» (y, en nuestro caso, «patrimonio inmobiliario»); a pesar de la sensibilización, casa vez más acusada, que encauza y hace posible cualquier tipo de movilización que intenta desesperadamente la salvaguardia de bienes culturales, a pesar de todo esto, decimos, aún existen importantes diferencias que separan conceptos radicalmente distintos y que hacen referencia a aquello que define y da sentido a la palabra «patrimonial».Unos hablan de lo «culto» de lo «histórico», de aquello que tiene «calidad», de lo «clásico». Se trata de una forma de acercamiento a la comprensión de los bienes patrimoniales, en los que sólo se quiere ver la individualidad de algo que domina, de algo que ejerce un poder especial. Se trata del «monumento», de aquello que, en cierto modo, aparece unido directamente a la simbología de una clase. Se trata, en suma, de las formas de expresión arquitectónica que proyectan y hacen posible la racionalización asumida de un poder que no se cuestiona. Es el «patrimonio de la burguesía ».

Para otros, la verdadera esencia del problema no pasa, necesariamente, por la «calídad culta» de una determinada obra arquitectónica, sino por su condición de elemento construido, que es utilizado en base a una necesidad sentida colectivamente.

Es decir, por su definición en cuanto un bien cuyas posibilidades de utilización deben ser agotadas antes de iniciar, en base al mismo, un proceso de destrucción.

No tiene sentido destruir para construir de nuevo, mientras esas posibilidades no se agoten. Es la negación de la política del despilfarro, la oposición al «desarrollismo» que sólo plantea procesos de extensión territorial en detrimento de lo existente, de lo que está construido y aún puede ser objeto de utilización.

Y es precisamente la adopción de esta política urbana y territorial la que se alza como una de las causas fundamentales de la destrucción de nuestro legado patrimonial.

Dicha política significa la formalización del modelo de crecimiento urbano capitalista, modelo que incide y ejerce sus efectos tanto a nivel territorial como al nivel urbano propiamente dicho. Por un lado, provoca y potencia la concentración de recursos económicos y humanos en aquellas zonas donde ya existen unas condiciones estructurales que disminuyan los gastos de implantación, incidiendo, por otro lado, y en base a las ciudades que se localizan en las zonas citadas, en procesos de producción de nuevo suelo urbano, utilizando el suelo ya consolidado (la ciudad antigua) para la implantación de aquellas actividades que hacen del intercambio su razón de ser.

Consecuencia del primer proceso es la desertificación de grandes territorios, con las consecuencias que se derivan del abandono de todos aquellos bienes patrimoniales que caracterizaban sus primitivas formas de existencia.

El caso de Segovia, en este sentido, no puede ser más elocuente. Dicha provincia ha perdido, entre 1960 y 1970, casi 35.000 habitantes. Su actividad económica más importante giraba en torno a la agricultura (prácticamente el 50% de la población activa se dedicaba a la misma en 1970). Por su parte, la industria productora de alimentos se constituía como la más importante, industria que ha visto reducidos sus puestos de trabajo a la mitad, entre 1972 y 1973.

El carácter agrario de la actividad segoviana se manifestaba, a su vez, en el más de un millón de propiedades parcelarias menores de una hectárea con las que contaba en 1960. Dichas parcelaciones se han reducido a la mitad, diez años más tarde.

Pero si todos estos datos, extraídos del Anuario Estadístico Español, revelan el proceso de desertificación que acompaña al modeló de desarrollo capitalista, más elocuente nos parecen aún aquellos otros que hablan de la sanidad y de la educación. Segovia cuenta (son datos de 1970) con algo más de seiscientas camas, lo que quiere decir que existe una cama por cada 270 habitantes. Y todo esto en medio de la ausencia de instalaciones escolares que cobra aspectos dramáticos: los 732 centros escolares con los que contaba Segovia en 1967 se reducen a 389 en 1973. Estas son las consecuencias del modelo de desarrollo que impone el capital.

¿Qué representa, en esta realídad, el patrimonio inmobiliario construido? En el conjunto del territorio, y como consecuencia de la citada desertificación, dicho patrimonio sucumbe al más absoluto abandono. No hay otra alternativa. El capital no la ofrece. Iglesias que se caen, palacios que se hunden, casas populares que se vacían. Si nada de esto se utiliza, porque los recursos humanos necesarios se concentran en otros lugares, su desaparición se contempla bajo la lógica más escalofriante, que anima y hace posible la reproducción del capital.

Otros dirán que si existe una alternativa, aquella a la que estamos asistiendo, parcialmente, a su puesta en marcha. Se trata de la mercantilización de lo antiguo. Pueblos que se venden y que son ocupados por aquellas élites que alardean de conservar lo que, de otra manera, se derrumbaría y desaparecería completamente. Y ponen de ejemplo a la ciudad de Pedraza.

La población que aún queda en algunos de estos centros urbanos que se venden contempla con estupor el espectáculo de la apropiación de aquellos lugares que siempre se han identificado con su vida cotidiana, hoy adulterada y casi desaparecida, por parte de aquellas clases sociales que buscan en el pequeño pueblo el recreo que sus primitivos habitantes emigrados no pueden encontrar en la gran ciudad.

Pero a esto no se le puede llamar conservación. Porque cualquier política que incida en la misma debería pasar por la puesta en cuestión del modelo al que hacemos referencia. Sólo entendemos los procesos de revitalización como aquellos en los que uso, población y actividad económica se contemplan de forma unitaria e inseparable. Y todo esto, animado por una clara intención de recuperar recursos económicos y humanos que den sentido al uso que debe agotar las posibilidades de un bien patrimonial antes de optar por su abandono. Lo demás es usurpación.