El Gobierno proyecta elevar el impuesto de radicación y la contribución urbana

El decreto-ley sobre reformas urgentes de las corporaciones locales podría suponer el aumento de 42.000 millones de pesetas al año para las arcas de los ayuntamientos españoles, a partir del momento en que entre en vigor. El proyecto de decreto-ley presentado a los alcaldes de Madrid y Barcelona, Enrique Tierno y Narcís Serra, el pasado jueves, por el vicepresidente para Asuntos Económicos, Fernando Abril, no ha satisfecho, sin embargo, en su totalidad por el capítulo dedicado al control del gasto.

El proyecto de la Administración, según fuentes competentes, se divide en un capítulo de ingresos y otro de gastos. El primero se refiere a las ayudas que los ayuntamientos podrán recibir como consecuencia de las peticiones elevadas tras la reunión de Valencia, a la que asistieron los alcaldes de las veinte ciudades más importantes de España.Tal como se sabe, el Gobierno ofreció a los ayuntamientos la participación de dos pesetas por litro de gasolina consumido en el área municipal respectiva, en vez de aumentar hasta un 10%, como pedían los alcaldes, la participación en los impuestos indirectos cobrados por el Estado. Esta subida de seis puntos -en la actualidad las arcas municipales reciben un 4% de los impuestos indirectos- puede representar un total de 24.000 millones de pesetas, cantidad que aliviaría la situación económica de la mayoría de los organismos locales.

Sin embargo, según los primeros cálculos, la participación en el precio de la gasolina sólo supondrá 14.000 millones de pesetas, de los que, por ejemplo, Madrid recibirá unos 1.500 millones.

Además de la citada participación en la gasolina, los ayuntamientos se beneficiarán, según el proyecto presentado, de un aumento del 50 % en la base catastral de la contribución urbana y del aumento del tipo de esta contribución, que quedará fijado en el 20%, con lo que se obtendrá una cantidad cercana a los 16.500 millones de pesetas.

Asimismo, se aumentará, según las mismas fuentes, la licencia fiscal en un 70%, lo que puede representar unos ingresos para los ayuntamientos de 4.400 millones de pesetas.

El resto de las medidas que se piensa adoptar consisten en la revisión del impuesto de radicación de profesionales y el impuesto de radicación en general, que podría hasta duplicarse, según los casos; ambas partidas supondrían el cobro de setenta: y 4.000 millones de pesetas, respectivamente. Por último, el Gobierno, a través del decreto-ley, adoptaría una política de supresión de exenciones, lo que elevará los ingresos de los ayuntamientos en 2.800 millones de pesetas. Esta supresión podría ser parcial o total; el proyecto hará que quienes se beneficiaban de una exención del 90% de contribución urbana sufran una reducción al 50%, y que organismos como la Compañía Telefónica o las cajas de ahorro, que tenían exenciones por tasas, pierdan éstas; en total, la medida permitirá la obtención de 2.800 millones de pesetas más.

Para Madrid no es suficiente

Según informó el señor Tierno, la obtención de estas cantidades supondrá un respiro para el Ayuntamiento, «aunque no es suficiente para todo. Creo que se podrán financiar planes como el de saneamiento integral, pero aún no sabemos la cantidad exacta que nos corresponderá. En caso de que no llegara -son 8.000 millones de pesetas- tendríamos que hacer una emisión de deuda o salir al mercado exterior».La reunión del señor Tierno («como miembro del PSOE, ya que al no ir con representantes de los tres grupos políticos que forman el Ayuntamiento no fui como alcalde») fue clarificadora y sus resultados fueron calificados comopositivos pero insuficientes.

Las principales críticas que se habrían hecho al proyecto serían las correspondientes a una serie de artículos por los que el Gobierno intentaría recortar poder a los entes locales en el tema económico. En este sentido estarían las posibles intervenciones de los gobiernos civiles, que podrían suspender, en ciertos casos y después de consultar al Ministerio de Hacienda, acuerdos de los presidentes de las corporaciones o el tope para que el importe de la carga financiera no pueda ser superior al 15% del monto total del presupuesto, con lo que se impediría obtener créditos para inversiones a aquellas localidades que rozan ese límite y están en vías de expansión.