La minería del carbón, abocada a una reducción generalizada de plantillas

Las empresas mineras del sector de antracita han enviado telegramas al Gobierno Civil de León en los que se advierte sobre una inminente reducción de las plantillas laborales, como consecuencia de las últimas restricciones en la compra de carbón por parte de la central térmica de Compostilla (Ponferrada), propiedad de ENDESA, que absorbe el 80% de la producción minera del Bierzo (alrededor de dos millones de toneladas anuales). Las citadas restricciones entraron en vigor a primeros de este mes y suponen -según estimaciones empresariales- una disminución de aproximadamente el 15% sobre las entregas de carbón de 1978 y un porcentaje al menos doble sobre la «media» de los últimos seis meses. En algunas pequeñas empresas se llega a una reducción de hasta el 97% y en otras se han agotado ya los cupos de entrega de 1979, lo que obligará a un cierre inmediato de las minas. La población laboral del sector se sitúa en torno a los 9.000 trabajadores -incluyendo los 3.500 de Minero siderúrgica de Ponferrada-, repartidos en setenta empresas. La minería del carbón es la primera fuente de recursos de los pueblos del Bierzo.Fuentes relacionadas con el Ministerio de Trabajo han manifestado a EL PAÍS que hasta el momento no ha sido presentada ninguna solicitud de expediente de crisis por las empresas del sector, a excepción de Antracitas de Fabero -con una plantilla de mil trabajadores-, que desde hace varios años padece dificultades financieras casi crónicas. Se teme, sin embargo, durante los meses del verano una presentación masiva de solicitudes de cierre o de reestructuración de plantillas, posibilidades sobre las que un número todavía no determinado de empresas han solicitado información de la Delegación de Trabajo.

Por su parte, las centrales sindicales mayoritarias CCOO y UGT han solicitado de la patronal la negociación inmediata del convenio provincial del sector, que afecta a 5.000 trabajadores. El punto más importante de la plataforma reivindicativa elaborada por las centrales se refiere a los incrementos salariales, estimados en un 16%, que las empresas aseguran no poder pagar, debido a los bajos precios del carbón térmico y a la deuda contraída por ENDESA con las minas (alrededor de 2.000 millones de pesetas, correspondientes a los suministros de carbón de 1979). La Empresa Nacional de Electricidad, SA, mantiene en Compostilla unos stocks superiores a los tres millones de toneladas, suficientes para abastecer a la central térmica durante dos años. El elevado costo de estos stocks -unos 9.000 millones de pesetas- ha provocado la actual reducción en la compra de carbones, en espera de que el INI arbitre una fórmula de financiación de los mismos, concediendo nuevos fondos a ENDESA o mediante la creación de una sociedad mixta con aportaciones del Estado, de las propias minas y de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Los primeros contactos entre empresarios y centrales sindicales, de cara al nuevo convenio, no tendrán lugar hasta el martes, fecha en que quedará constituida la comisión negociadora de la patronal. Esta esperaba retrasar las negociaciones hasta la «solución de la crisis», con el apoyo de las centrales, que, a su vez, se han visto obligadas a forzar la negociación, presionadas por la base, durante las asambleas celebradas esta semana. Una fuente oficiosa de la patronal manifestó ayer que, a pesar de todo, las empresas aceptarán la negociación, si bien «en las actuales circunstancias no podrían ofrecer ni siquiera un 2%».

Hay que señalar finalmente que las centrales han remitido un nuevo escrito al Gobierno Civil, en el que se piden garantías sobre el pago de la nómina de julio; aunque la carta no ha recibido respuesta, EL PAÍS ha podido saber que ENDESA ha prometido pagar entre los días 10 y 15 de este mes las entregas de carbón correspondientes a enero y febrero, cuyas «letras» han sido ya negociadas con los bancos, con el fin de que las empresas puedan hacer frente a los últimos pagos salariales. En medios empresariales se espera que acepten «descontar más papel» a las minas, considerando los pagos de enero y febrero como un «indicio de solución» del problema. El tema preocupa especialmente al Gobierno Civil, por los problemas de orden público que podrían derivarse del impago de los salarios (hace un mes, un centenar de trabajadores de Antracitas de Fabero, a los que la empresa adeudaba los salarios de tres meses, se encerraron en el pozo Julia, manteniendo como rehenes durante unas semanas a dos ingenieros y dos facultativos de minas).