¿Para qué estamos pagando?

EL GOBIERNO aún no ha explicado convincentemente la elevación del precio de los carburantes. Técnicamente el alza no está justificada, porque los precios (en pesetas) del petróleo todavía no han subido un 24%, debido a la apreciación de la peseta frente al dólar. El alza del tipo de cambio permite un abaratamiento de las mercancías importadas, y de no haberse producido la intervención del Estado, el espejo del mercado se habría limitado a reflejar las alzas que se producen a medida que los crudos desembarcados en los puertos españoles incorporan los nuevos precios, contando, lo que parece razonable, con que la peseta ha detenido ya su apreciación.Esta gradual subida de precios hubiese permitido estirar la política antiinflación, desarrollada con un éxito relativo desde mediados de 1977, e introducir medidas compensadoras para detener la caída de la actividad. En una época de bajo crecimiento parece que no conviene introducir medidas contractivas, como una brutal subida de impuestos, porque la demanda queda cercenada y la actividad se resiente. Otros países industrializados han tratado de facilitar el aterrizaje del globo de los precios del petróleo cuidando precisamente que el nivel de inflación no se desbordase y que la incidencia de los nuevos precios sobre las rentas de los consumidores y las empresas fuese gradual, sin que esto suponga no aceptar lo ocurrido con los precios del petróleo.

En nuestro caso, sin embargo, la subida del precio de los combustibles y los carburantes tiene una razón recaudatoria adicional, y la ocasión ha sido aprovechada para obtener unos ingresos fiscales suplementarios con los que hacer frente a un déficit del sector público (Estado, Seguridad Social, ayuntamientos, INI), que el Ministerio de Hacienda calcula en unos, 400.000 millones de pesetas; es decir, 100.000 millones más de los estimados a comienzos de año. También aquí es posible mantener un desacuerdo técnico con las subidas de precios e incremento de los impuestos. Al producirse una caída de la demanda a causa de esas subidas se realizarán menores transacciones, se pagarán menos salarios y se obtendrán menos beneficios, y, en consecuencia, habrá una recaudación impositiva inferior a la correspondiente a una situación de mayor actividad. En épocas de recesión, por el contrario, la acción del Estado está obligada no sólo a cubrir sus gastos ordinarios, sino que además debe atender otros extraordinarios, como los que se derivan de unas mayores prestaciones por seguro de desempleo, pensiones por jubilaciones anticipadas, ayuda a empresas en dificulta des, etcétera, lo que es una invitación continua a aumentar el déficit. A comienzos de año el Gobierno había señalado que el sector público sería expansivo en la primera mitad para que luego fuera tomando el relevo el sector privado, al que se le retiran, cuando entra su turno, parte de los recursos necesarios para desarrollar su papel de protagonista. En definitiva, el Gobierno ha tomado una decisión que va a incidir sobre el nivel de actividad, reduciéndolo, o sobre los precios, elevándolos, pero que, sin embargo, se impone por la fuerza de los hechos como la única alternativa posible, cuando los hechos son los de una subida vertiginosa del petróleo en origen. Acéptese, pues, esa subida del precio del petróleo, pero corregida por el tipo de cambio y de modo gradual, según se repercuten las alzas en las toneladas de crudos que entran en las refinerías españolas. Si no es así, ¿qué ventaja tiene la apreciación de la peseta y los esfuerzos desplegados para contener día a día los precios? Otros países, como decimos, han seguido un esquema gradual, aprovechando (caso de Alemania) la apreciación de su moneda para suavizar la incidencia sobre los precios.

Después de aceptar la subida marcada por el mercado, existen incluso medidas ya aceptadas solidariamente por países consumidores. En primer lugar está la posibilidad de hacer también nuestras las decisiones adoptadas por los siete grandes países industriales en Tokio: el compromiso de fijar un tope máximo para las importaciones de crudos en 1980 y un límite para el crecimiento en el consumo de petróleo hasta 1985. Esto exigiría reducir fundamentalmente la utilización del fuel como combustible (el consumo interior de gasolina, incluidos los turistas, equivale a unos seis millones de toneladas, aproximadamente el 12% de las importaciones anuales de petróleo) y su progresiva sustitución por otras fuentes de energía. Los planes recientes de los países de la CEE suponen doblar la producción de carbón en 1990 y triplicarla en el año 2000. En España existe una prometedora cuenca carbonífera en León, pero sudesarrollo exigiría quizá cierto apoyo inicial y, naturalmente, el convencimiento para la iniciativa privada que los proyectos son rentables. También nuestra situación geográfica permite la importación de carbones australianos o surafricanos. Durante varios años estos países han ofrecido intercambiar carbón por mercancías españolas e incluso financiar la construcción de un gran puerto para la distribución -posterior de carbones del hemisferio Sur en Europa. Pero la importación de carbón sigue todavía sometida a un buen arancel, del que sólo se exime su pago -a través de un contigente arancelario- a 500.000 toneladas anuales de carbón térmico, es decir, al equivalente a un 0,8% de la importación española de petróleo.

Estas alternativas tienen además un complemento con la actuación del sector público. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la ampliación de las obras del Metro de Madrid? Lo que está en proyecto, casi tanto como lo construido, y cuya terminación estuvo prevista para el año 1980, sigue en proyecto. Hay incluso bocas abiertas y vacías de un Metro fantasma cuya construcción ha sido la mejor propaganda gratuita para promocionar la venta de bloques edificados precisamente por los propios hombres del Metropolitano. ¿Y las cuentas de la Seguridad Social, cuyo déficit fue de 90.000 millones de pesetas en 1978 y se repetirá en 1979, a pesar del incremento de la aportación del Estado? El Estado, los ayuntamientos, el INI, la Seguridad Social, aparecen como aprisionados en una mecánica de cobrar impuestos para transferirlos al pago de sus funcionarios, de sus concejales o de sus delegados de servicios, de empresas permanentemente deficitarias o para financiar unas prestaciones farmacéuticas con una generosidad que cualquier país más rico, pero también más cuidadoso Con el dinero de sus contribuyentes, no se atrevería a mantener en épocas de recesión. En definitiva, se trata de plantear una alternativa encaminada a promover la sustitución del petróleo por otras fuentes de energía y por medidas que contribuyan a su menor utilización, pero que impliquen un crecimiento de la inversión. Esto, al tiempo que se atajan los despilfarros y esos recursos se canalizan hacia usos alternativos productivos.

Dentro de unos días el Gobierno debe presentar el programa energético y también el proyecto de política económica para los próximos años. Confiemos en que muchos de estos interrogantes queden resueltos y que los ciudadanos puedan conocer cómo se propone el Gobierno resolver desde ahora la sustitución del petróleo por otras fuentes de energía y cómo acabar con el despilfarro de todo el sector público. Sólo así los contribuyentes tendrán conciencia clara de para qué están sirviendo sus impuestos.