El Ayuntamiento de Sevilla se deshace de la hipoteca urbanística hereda

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla ha acordado por unanimidad la suspensión del Plan de Reforma Interior del Casco Antiguo (PRICA) durante un año y la iniciación urgente de un planeamiento especial sobre el área de aplicación del mismo. La decisión ha causado un profundo impacto en los medios profesionales y ciudadanos de la ciudad, que consideran al mencionado plan como el culpable máximo del deterioro sufrido en los últimos años por el centro histórico de Sevilla

Esta medida, que había sido propuesta por los cuatro partidos integrados en el Ayuntamiento (UCD, PSOE, PSA y PCE), en el marco de los trabajos de revisión y adaptación de la ley del Suelo al vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), viene acompañada de otras de carácter cautelar, entre las que destaca la suspensión de las licencias que tengan por objeto actividades de parcelación, derribo y edificación de nueva planta en el sector. Se excluyen de esta prohibición las obras de reforma.Por lo que se refiere al resto del perímetro urbano, se suspenden también las licencias de demolición de edificaciones e instalaciones dedicadas a equipamientos o servicios públicos, pudiendo autorizarse derribos totales o parciales únicamente en los casos de ruina inminente y a los solos efectos de seguridad pública. La misma normativa se aplicará a las licencias de obras sobre terrenos o espacios libres que estén o hayan estado destinados a equipamiento. Finalmente, la concesión de licencias estará condicionada en todo caso a la cesión por los promotores de los terrenos para equipamiento que marca la ley.

El concejal delegado de Urbanismo, Víctor Pérez Escolano (PCE), ha mostrado a EL PAIS su satisfacción por este conjunto de medidas, «que nos van a permitir empezar a salvar lo que aún puede salvarse de Sevilla».

El daño irreparable

Con respecto al Plan de Reforma Interior del Casco Antiguo, que será sustituido por un plan especial elaborado con participación popular, su suspensión ha venido determinada por la incidencia negativa que ha tenido el desarrollo de la ciudad histórica desde su entrada en vigor, en 1968, con todos los pronunciamientos en contra del Colegio de Arquitectos, por la calificación como edificables de jardines -el caso más clamoroso ha sido el del Jardín del Valle-, cuarteles y conventos y la falta de protección de edificios de interés histórico-artístico.En un trabajo publicado en este periódico (véase EL PAIS de 19 de febrero de 1978), un grupo de arquitectos sevillanos denunciaba la destrucción del casco antiguo de la ciudad a partir de la actividad demoledora-constructora, iniciada a principios de los años sesenta. Un promedio de 130 derribos anuales, acogidos al PRICA, han originado el deterioro de la arquitectura popular y la alteración del trazado urbano. Y todo ello a pesar de su declaración de conjunto histórico-artístico, hecha en 1964.

La acción combinada con la iniciativa privada, la inoperancia de la legislación protectora y la complicidad de las sucesivas corporaciones locales ha traído la actual situación de degradación de un casco que, en opinión del mencionado grupo de arquitectos, «era el lugar donde convivían admirable e inseparablemente la arquitectura popular y la culta, los trazados urbanos medievales con las casas-patio y los corrales de vecinos, la arquitectura religiosa y la civil, los edificios modernistas, con algunos buenos ejemplos del racionalismo».