La responsabilidad de UCD en Galicia

Miembro del comité ejecutivo del PCE

En los próximos días, la Comisión Constitucional del Congreso dará comienzo al examen de los proyectos de Estatuto de Euskadi y de Cataluña. Aunque entre ambos documentos existen substanciales diferencias, una vez aprobada la Constitución, y con la salvedad del peligro terrorista, este es el problema más importante a que ha de enfrentarse el Parlamento, el Gobierno y, por extensión, todas las fuerzas democráticas españolas.

Que de las actuales Cortes salgan estatutos que, con sus diferencias, den satisfacción a la generalidad de los pueblos vasco y catalán, al propio tiempo que se salvaguardan las prerrogativas del nuevo Estado democrático, es en los presentes momentos la tarea política fundamental. Si ésta se resuelve satisfactoriamente, la consolidación democrática habrá dado un paso histórico. Si no fuese así, la constitución del sistema democrático podría ponerse en entredicho.

Si con este apunte contribuimos a llamar al sentido de la responsabilidad de todos los que tienen algo que decir en la discusión y en la necesaria negociación política del tema, nos daríamos por satisfechos.

Con Cataluña y Euskadi, Galicia es la tercera de las nacionalidades históricas en que se dan las circunstancias previstas en la disposición transitoria segunda de la Constitución: haber plebiscitado afirmativamente un proyecto de Estatuto de autonomía y contar con un régimen autonómico provisional.

El Estatuto de autonomía

Galicia no ha entregado aún su proyecto de Estatuto al Parlamento. Pero, al nivel que están las cosas, está interesada en que vayan adelante, cuanto antes, los Estatutos vasco y catalán: para que se afirme la democracia y para que los antecedentes catalán y vasco faciliten la aprobación de su propio Estatuto y, correlativamente, de otros «países» o regiones que le sucedan en la senda estatutaria.

Si ciertos propósitos no encuentran nuevos «atascos», el proyecto de Estatuto de Galicia estará en la Comisión Constitucional del Congreso antes de la fecha histórica en que en 1936 fue plebiscitado su Estatuto anterior.

Que nadie atribuya el retraso gallego a motivos psicológicos. En Galicia perduran factores retardatarios que siguen distanciándola de las otras dos mencionadas nacionalidades.

El obstáculo principal a las aspiraciones autonomistas gallegas viene de las fuerzas políticas interesadas en que la autonomía se retrase y, si llega, tenga la menor incidencia posible en los cambios políticos, sociales y culturales que Galicia necesita. Esas fuerzas tradicionales no están tampoco interesadas en la efectiva democratización del Estado. Consideran que para ellas es más rentable política y económicamente la perduración del entramado caciquil que la eventual implantación a los distintos niveles de instituciones democráticas.

La lucha entre autonomistas y centralistas

Esas fuerzas que predominaron en las elecciones de junio del 77 y, aunque con cierta retroceso, siguieron predominando en las elecciones de marzo, preocupadas por los progresos de la izquierda en las elecciones del 3 de abril, son las que hasta ahora han determinado el ritmo en la elaboración del proyecto de Estatuto, lo han retrasado y pretenden mediatizarlo. El Estatuto de UCD, que acaba de ser difundido, tiene esas características y recaba determinadas atribuciones que no son precisamente todas las que Galicia necesita.

Mas, en torno a este problema, tiene lugar una lucha política.

El manifiesto de los alcaldes aprobado el día 9 en Santiago insta a la Asamblea de Parlamentarios gallegos para que dinamice el proceso que conduzca a conquistar en el más corto plazo posible un Estatuto de autonomía democrático y progresista que recoja todas la competencias posibles que permita la Constitución, adaptadas a la realidad socioeconómica del país, en pie de igualdad, como le corresponde, con las otras dos nacionalidades históricas.

En dicho documento se urge, además, a los parlamentarios gallegos a presentar ante las Cortes, no más tarde del, 28 de junio, el proyecto de Estatuto.

Aun con las limitaciones y defectos de su desarrollo, lo que ha quedado claro en la asamblea de alcaldes gallegos es que la corriente autonomista tiene en Galicia una base real. Y que, aunque en otros aspectos se difiera, se quiere un Estatuto que de verdad ofrezca a Galicia competencias efectivas, como las previstas en el proyecto de los dieciséis.

Esa base representativa de la parte más dinámica y democrática de la sociedad gallega, entre la que se cuenta lo más avanzado de la clase obrera, no se limita a las fuerzas de izquierda o a las definidas ya como galleguistas: tampoco se limita a la clase política. Tanto los que desde el poder central regatean competencias a la nacionalidad gallega como los que desde Galicia misma tratan de recortar el proyecto de Estatuto hasta dejarlo tullido o manco deberían tener eso en cuenta.

Si no lo tienen, probablemente se lo recuerden resoluciones de los sindicatos, asociaciones, colegios profesionales, cámaras y otras corporaciones, y una gran variedad de acciones ciudadanas.

El principal de los peligros que amenazan al Estatuto de Galicia viene, como es fácil comprender, de las fuerzas reaccionarias gallegas y de las posiciones centralistas. Pero este no es el único peligro. Existe también el del nacionalismo maximalista. Y este peligro se acrecentará en la medida que la incomprensión del Gobierno, la presión centralista y los pretendidos recortes en el proyecto de Estatuto hagan de éste algo que no pueda ser asumido por los autonomistas.

Que nadie pierda tampoco de vista que la situación de Galicia puede cambiar si su marginación y discriminación traspasa ciertos límites. No se olvide que ciertas corrientes hoy minoritarias apuntan en esa dirección y tienden a desarrollarse.

Evitar este doble riesgo es la gran responsabilidad que contrae hoy sobre todo UCD como partido gobernante, pero también el PSOE como principal partido de la oposición. Esa es la gran tarea de todas las fuerzas políticas gallegas de signo democrático y autonomista. Todas las fuerzas democráticas gallegas han de cerrar filas en la defensa del Estatuto que Galicia necesita y que fue básicamente elaborado por la Comisión de los dieciséis.