Sistema de elección polémico

El sistema de elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder judicial constituye el aspecto del proyecto de ley remitido ayer a las Cortes que más polémica va a levantar en el seno de la Magistratura. Esta polémica se va a trasladar, con toda seguridad, al Congreso de Diputados a través de las numerosas enmiendas que los distintos grupos parlamentarios presentarán a dicho aspecto cuando se inicie la discusión del proyecto de ley en la Comisión de Justicia.El sistema de elección por categorías judiciales tiene a su favor un argumento inicial en el propio texto de la Constitución, según el cual los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial, elegidos entre jueces y magistrados, deberán proceen sí mismo, que refuerza, no obstante, el carácter jerárquico y gerontocrático de los órganos de goen sí mismo que refuerza, no obstante, el carácter jerárquico y gerontocrático de los órganos de Gobierno judiciales a la vez que reduce su dimensión democrática y representativa, lo que ha chocado de entrada en amplios sectores de la Magistratura, tanto progresistas como conservadores, es la proporción poco equilibrada de miembros del Consejo General que pueden elegir unas y otras categorías judiciales. Los magistrados y presidentes de sala del Tribunal Supremo, 71 en total, tienen derecho a elegir seis miembros judiciales del Consejo General, es decir, el 50%, mientras que el resto de las categorías judiciales (magistrados, jueces de instrucción y de primera instancia y de distrito), que suman más de mil trescientos, es decir, el 95 % de la carrera judicial, tienen derecho a elegir sólo el otro 50%.

Estableciendo este tipo de proporcionalidad, los autores del proyecto de ley parece que quieren dar a entender que dentro de la Magistratura española existe un fuerte clasismo, que llega incluso a manifestarse en las relaciones internas de sus propios miembros. No obstante, habrá que esperar a conocer lo que los órganos de gobierno de la Magistratura piensan de este asunto cuando se inicie la discusión del proyecto de ley en la Comisión de Justicia del Congreso.