Ultimátum a los propietarios de viviendas en situación de irregularidad

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo estudia la posibilidad de incoar expediente por «faltas graves» a 109 propietarios de viviendas sociales actualmente deshabitadas u ocupadas fraudulentamente, si antes del próximo sábado estos últimos no las ceden al Instituto Nacional de la Vivienda (INV) mediante contrato de compraventa. Los citados expedientes, en caso de llevarse a efecto, originarían la incautación de las viviendas, así como la imposición de otras tantas multas, que oscilarían entre 250.000 pesetas y un millón.Hasta el momento, solamente doce propietarios se han acogido al plazo de tres meses -desde el pasado 23 de marzo- dado por el ministerio para ofertar voluntariamente sus viviendas, adjudicadas en su mayor parte por la antigua Obra Sindical Local. El ministerio estima que al menos en otros 109 casos existen «indicios razonables» de que las viviendas no están siendo utilizadas como residencia habitual y permanente de los adjudicatarios, incumpliendo así los fines para los que fueron construidas.

Entre las irregularidades detectadas hasta ahora por los servicios de inspección figuran la venta y alquiler -mediante contrato privado- de viviendas sociales y la no ocupación de las mismas con fines especulativos. Una fuente oficial manifestó ayer a EL PAIS que a partir del próximo lunes se revisará, «una por una», la situación en que se encuentran las 3.000 viviendas construidas en las últimas décadas por el INV y la Obra Sindical del Hogar, la décima parte de las cuales podrían ser recuperadas por el ministerio para entregarlas a nuevas familias.