El Partido Socialista puede regresar al area del poder en Portugal

El anuncio, por el Partido Socialista, de la presentación de una moción de censura contra la política del Gobierno Mota Pinto aumenta las probabilidades de una nueva crisis política en Lisboa y de un regreso del partido de Mario Soares al área del poder.

La solemnidad de que se rodeó la presentación pública ayer, por Mario Soares rodeado de los miembros del secretariado nacional del partido, de un documento político del PS en el que se anuncia la presentación, el próximo lunes, de una moción de censura, revela la voluntad del mayor partido portugués de querer cerrar el período de los Gobiernos llamados «independientes».Un período que, según el Partido Socialista, tuvo el mérito de demostrar «la impotencia de la derecha y su incapacidad de crear una alternativa».

Dado que el Partido Comunista ya anunció también la presentación de una moción de censura, pueden perfectamente encontrarse reunidas ya la próxima semana las condiciones para la caída del Gobierno, es decir: dos mociones de censura aprobadas en el plazo de un mes. El único punto que no es aún conocido es el de las mayorías que cada grupo conseguirá para hacer vencer su propuesta. Pero de la misma manera que el Partido Comunista esperó el plazo exigido por los socialistas para que estos estén en condiciones de votar la censura (después de aprobado el presupuesto) es prácticamente seguro que Mario Soares no tomó la iniciativa que acaba de anunciar antes de disponer de una mayoría segura. Pero esta puede ser asegurada por los socialdemócratas disidentes o por el grupo parlamentario socialdemócrata.

Un consenso no descartado

Otra hipótesis que no debe ser descartada es la de un consenso autodefensivo. Los disidentes del PSD han sido los primeros en hablar claramente, en el Parlamento, de un eventual apoyo de su parte a un nuevo Gobierno si esto se revelaba necesario para salvaguardar las instituciones democráticas. La agitación, real o supuesta, registrada últimamente en los altos mandos del Ejército puede haber tenido, como mérito principal, el de provocar esta reacción de «legítima» defensa de los partidos políticos. De facto, los pronunciamientos de los Estados Mayores sobre la ley de Aministía y el proyecto de ley de Defensa Nacional presentado por el actual ministro de Defensa Loureiro dos Santos, han restado mucha credibilidad a las afirmaciones de neutralidad de la jerarquía militar y a las promesas de obediencia al poder político civil.No habrá servido de nada la repentina moderación de Carlos Mota Pinto minutos antes del voto del presupuesto: ni la aceptación anticipada de todas las alteraciones que el Parlamento quiera introducir en el articulado de la ley de Finanzas, ni la implícita disposición de promover un reajuste ministerial, han sido consideradas suficientes por el PS para salvar al actual poder ejecutivo. El propio Gabinete está, además, dando muestras de un estado avanzado de desintegración interna y es muy posible que cuando se publiquen estas líneas esté confirmada la dimisión del viceprimer ministro y ministro de Hacienda, que arrastraría a la casi totalidad de los ministros económicos, a quienes los socialistas prodigaron en el Parlamento, mucho respeto y moderación.

La nueva crisis política puede prolongarse unas semanas, pues no parece posible, cualquiera que sean los compromisos secretos asumidos, que el PSD pueda celebrar acuerdos consistentes -a su derecha o a su izquierda- antes de la celebración de su congreso nacional, a mediados de junio.

Resulta también difícil la situación del presidente Eanes, obligado a tener en cuenta los imperativos de su doble cualidad de presidente de la República y de Jefe de Estado Mayor General de las FFAA. Como jefe de Estado no puede, como se lo recordó ayer Mario Soares, ignorar la correlación de fuerzas existentes en el Parlamento, como comandante supremo de las FFA.A, debe, como mínimo, cerciorarse de la realidad de las preocupaciones del medio militar, que han sido manifestadas por los jefes de Estado Mayor. El apoyo ostensible de los altos mandos al veto político del presidente a la ley socialista de Amnistía puede ser interpretado como un ultimatum. El paso ha sido dado para aplaudir o deplorar la intromisión de los generales en diversos medios. En sentido contrario, pero igualmente incómodo para el general presidente, se ejerce el elogio del Partido Comunista. El cuidado puesto por los diputados comunistas en distinguir la acción estabilizadora del jefe del Estado de la política del Gobierno ha sido severamente criticado por los otros sectores de la izquierda.