Debate entre el PSOE y UCD sobre el modelo de los regímenes autonómicos

El Pleno del Senado, además de su toma de postura sobre el terrorismo, de la que se informa en otro lugar de estas páginas, debatió una proposición no de ley del Grupo Socialista Andaluz para que se invite al Gobierno a no legislar por la vía de decreto en materia que prejuzgue el modelo administrativo de los regímenes autonómicos, mientras estén vigentes los actuales gobiernos del régimen de preautonomía. La proposición fue rechazada, tras la intervención de los grupos parlamentarios, con los votos en contra de UCD y la abstención del Grupo Vasco, que expresó sus reservas sobre los efectos del texto propuesto.

En defensa de la proposición, Plácido Fernández Viagas, presidente de la Junta de Andalucía, recordó que este organismo había acordado con las diputaciones provinciales que la coordinación de éstas se haría en el Gobierno preautonómico andaluz, cuando el Gobierno de Madrid decretó que este asunto sería de la competencia de la Administración central.El señor Fernández Viagas manifestó que la descentralización del Estado es una tarea que, por su dificultad, merece la mayor seriedad posible. Dijo también que la Constitución da al Gobierno la competencia exclusiva de legislar las bases de organización de las administraciones públicas, lo que, según su criterio, indica que esas bases deben ser desarrolladas por los organismos de los territorios autónomos, según sus peculiaridades.

Asimismo, afirmó que cuando el Gobierno dicta decretos como el citado al principio está invadiendo las competencias de la Junta de Andalucía, al prejuzgar su futura estructura administrativa.

En nombre de UCD, se opuso a la proposición Juan Antonio Bolea Foradada, presidente de la Diputación General de Aragón, quien dijo que hay que analizar si con la proposición socialista se pretende que el Gobierno se abstenga de intervenir en materias de su competencia. Añadió que la Constitución concede al Gobierno la potestad exclusiva de dictar normas reglamentarias en este tipo de materias, potestad que, además de ser irrenunciable, el Gobierno ha tenido que utilizar para facilitar el buen funcionamiento de los entes preautonómicos.

Los valores del Banco de España

En la misma sesión, el ministro de Economía, José Luis Leal, respondió a una interpelación del socialista José Subirats sobre la cartera de valores del Banco de España. El interpelante preguntaba por qué razón no pasan tales valores a formar parte del patrimonio del Estado y por qué el Gobierno no hace uso de los derechos que le conceden las acciones de las empresas donde participa.

El ministro contestó, entre otras cosas, que las participaciones del Gobierno en empresas privadas, cuando son minoritarias y transitorias, no tienen otra finalidad que producir efectos coyunturales en el mercado de valores y no constituir un fondo permanente, por lo que la postura del Banco de España es de estricta neutralidad en las decisiones de las empresas afectadas.

En cuanto a las empresas donde la participación del Gobierno es permanente e importante aclaró el señor Leal que los derechos de las participaciones se delegan en la Dirección General del Patrimonio del Estado, que es el órgano adecuado. En nombre de UCD, Ubaldo Nieto de Alba remarcó que las participaciones del Estado en las demás empresas que no son del sector público no se deben transferir al patrimonio estatal porque ello abocaría a la nacionalización de tales empresas, lo cual va contra la filosofía del mercado.

El hospital de Albacete

Los socialistas Delgado Ruiz y Picazo González plantearon una interpelación sobre la situación sanitaria en Albacete, que calificaron de pésima en cuanto a su gestión y los recursos existentes. La interpelación se centró sobre el problema del nuevo Hospital Provincial, en el que los interpelantes afirmaron que el Instituto Nacional de Previsión ha realizado cambalaches con la antigua Diputación franquista, entre otras cosas, tratando de comprar por 262 millones un edificio que costó construir mil millones.

Contestó a la interpelación el ministro de Sanidad, Juan Rovira Tarazona, quien acusó al socialista Delgado Ruiz de haberlo embarullado todo y dar datos confusos, lo que motivó la protesta de los senadores de la Oposición, algunos de los cuales abandonaron sus escaños. El señor ministro afirmó que en Albacete existe un gran problema de falta de instalación, y acusó al PSOE de hacer una política confusa sobre el tema del hospital, unas veces pidiendo que se vendiera al INP y otras veces negándose a la venta. También afirmó que el INP propuso pagar a la Diputación sólo 260 millones, porque esta cantidad era la única inversión que el organismo provincial había hecho en la construcción del centro.