El monopolio gubernamental de RTVE

Secretaria de Prensa de UGT y diputada del PSOE por MadridSi las intenciones democratizadoras de un Gobierno se miden por el nivel de democracia alcanzado en los medios de comunicación social del Estado, tal y como afirmaba recientemente François Mitterrand. los ciudadanos de este país tenemos que empezar a preocuparnos seriamente sobre el tipo de democracia que UCD tiene previsto implantar durante la larga etapa de desarrollo constitucional que nos espera.

Frente a quienes un tanto ingenuamente pensábamos que tras la aprobación de la Constitución la televisión iba por fin a ser devuelta a sus legítimos propietarios, a los ciudadanos, el Gobierno acaba de darnos con un canto en las narices al remitir al Congreso su proyecto de estatuto de Radiotelevisión Española (RTVE), consagrando de iure una situación que ya veníamos soportando de hecho durante todo el proceso de transición democrática. Esto es, una televisión gubernamental, de uso y caprichoso abuso del partido en el poder. Con ello se alejan de las tesis de las fuerzas políticas de izquierda, que abogan por una televisión como órgano del Estado bajo estricto control parlamentario y al servicio de todos los ciudadanos. Una televisión que cumpliese con los preceptos constitucionales sobre el derecho a la cultura y a recibir una información objetiva y veraz, y no una caja tonta cuyo fin último vaya a seguir siendo la de filtrar, descarada y subterfugiamente, propaganda del sistema, tal y como nuestros actuales gobernantes tan provechosamente aprendieron durante el anterior régimen.

El hecho de que el 80 % de los españoles reconozca que la televisión es su única fuente de información -dato procedente de una fuente tan poco sospechosa como el Ministerio de Cultura- justifica con creces la decisiva importancia que para las fuerzas políticas y sindicales tiene el control democrático de RTVE. El respeto al pluralismo político es un requisito sine qua non de todo sistema constitucional. y sólo a través de un efectivo control parlamentario de la gestión de los máximos responsables de RTVE se podrá tener la certeza de que este ente sea de verdad un servicio público y no un servicio cuasi exclusivo del partido en el poder.

Para los socialistas, este proyecto de RTVE presentado por el Gobierno resulta inaceptable. Entre las objeciones de fondo ocupa un lugar de honor la figura de un director general nombrado directamente por el Gobierno y el exceso de atribuciones que a éste se le adjudican, lo que le convierte de hecho en un auténtico gobernador civil de RTVE, con capacidad para hacer y deshacer a su antojo, nombrar a todos los cargos directivos del ente, incluso a los directores de los centros ubicados en las comunidades autónomas, y todo ello en detrimento del denominado consejo de administración, cuyo nombramiento corresponde al Congreso mediante una curiosa fórmula de mayoría de dos tercios. lo cual hace matemáticamente imposible sentar en dicho consejo a nadie que no obtenga los plácemes de UCD. Una mínima apariencia democrática de RTVE en esta etapa constitucional choca frontalmente con la Figura de un director general todopoderoso, nombrado a espaldas de la voz del Parlamento, y que de antemano hace volar las ilusiones de que este país cuente con el órgano plural de televisión que necesita.

En el proyecto, además, se observan dos grandes ausentes en el control y gestión del medio: los trabajadores y la audiencia. Para mayor burla, a los trabajadores se les menciona como uno de los tercios componentes del denominado consejo asesor, órgano sobre el que se ofrece tal cantidad de limitaciones medidas cautelares que lo convierte no sólo en algo puramente nominal e inoperante, sino que por su composición resulta altamente problemático que pueda llegar a ejercer ciertas veleidades de corte democrático. No se intenta ya contentar a los trabajadores del medio con un caramelo, sino que el legislador, en un alarde de imaginación va más lejos y les ofrece simplemente la envoltura.

Quisiéramos por último llamar la atención sobre el contenido del artículo 18 del proyecto, ya que no es nuestra intención hacer una minuciosa disección del proyecto desde esta tribuna. Punto especialmente grave desde una perspectiva socialista es la facultad del Gobierno de poder crear sociedades filiales en las áreas de producción, red de difusión, comercialización. cable y medios análogos. No cabe confundir descentralización con atomizacion empresarial, y los niveles de racionalidad en la gestión que se pretenden alcanzar mediante la creación de estas sociedades filiales se alcanza igualmente dotando dentro del organigrama las suficientes atribuciones de autonomía en la gestión,

A nuestro juicio, la creación de estas sociedades filiales persigue dos objetivos por los que bajo ningún concepto podemos pasar: de una parte, la fragmentación del movimiento sindical en el seno de RTVE, fenómeno que ya está en fase de ejecución sin esperar siquiera al estatuto, y, en segundo lugar, la privatización encubierta, es decir, permitir que a través de las áreas de producción, comercialización, cable, etcétera, se pueda ejercer con toda tranquilidad el negocio privado desde la base del dinero público.

Los socialistas estamos por el monopolio estatal de la televisión, porque, sin que sea una postura dogmática y absolutamente inalterable, creemos que aquí y ahora, en las condiciones objetivas de nuestro país, conviene seguir considerando a la televisión como un servicio público cuya titularidad corresponda al Estado. Lo que no podemos tolerar es que mezclando bajo cuerda esta particular polémica -donde se mezclan ideologías con intereses- UCD nos ofrezca un proyecto de monopolio de televisión gubernamental. Llegará en su día la hora de un serio y desapasionado debate sobre qué tipo de sistema conviene a nuestra televisión: si privatizar el medio bajo ciertas condiciones, o seguir con la estatalización. Pero para llegar a estar en condiciones de poner sobre el tapete esta delicada cuestión, objeto de permanente controversia en otros países, habrá antes que sanear la casa, hacer una televisión de todos y para todos, con una gestión diáfana en todos los aspectos del medio y unos servicios informativos, culturales y divulgativos que respondan al carácter de pluralismo político que consagra nuestra Constitución.

Este estatuto, en definitiva, por muchas falacias que se levanten para llevarlo a buen puerto y por mucho consenso que se alegue -hecho además rotundamente falso-, será rechazado por el Partido Socialista en el Parlamento y en cuantas instancias sea necesario acudir. No queremos una televisión de UCD, como tampoco querríamos que fuera de un partido concreto, cualquiera que fuere el que en su momento esté en el poder. Queremos una televisión de todos los ciudadanos, y queremos, como la gran rnayoría de los españoles, la transparencia de la gestión de RTVE que acabe de una vez con la larga secuela de corruptelas, favores y prebendas que están contribuyendo a la alienación estúpida de todo un pueblo.