El Gobierno se asegura el control de la radio y televisión estatales
El Gobierno tendrá una importante capacidad de control sobre la radio y la televisión estatales, de acuerdo con el proyecto de estatuto jurídico de RTVE remitido a las Cortes para su discusión. Según el proyecto, el director general de RTVE será nombrado directamente por el Gobierno por un período de cinco años, y los ocho miembros del consejo de administración serán elegidos por el Congreso «por mayoría de dos tercios», lo que hace que, dada la actual composición de la Cámara, ninguno de ellos pueda ser designado sin el acuerdo de UCD.
El proyecto de estatuto jurídico consta de diez capítulos, 38 artículos, tres disposiciones adicionales, cuatro transitorias y una disposición final.RTVE se estructura, a efectos de su funcionamiento, administración general y alta dirección, en tres órganos: consejo de administración, director general y consejo asesor. El consejo de administración, según dispone el artículo octavo, será integrado por «ocho vocales elegidos para cada legislatura por el Congreso de los Diputados, por mayoría de dos tercios, entre personas de relevantes méritos profesionales. La presidencia del consejo será puramente funcional y se ejercerá de forma rotativa por meses entre sus miembros». El consejo asesor, que solamente podrá ser convocado por el consejo de administración y emitirá opinión o dictamen, será integrado por quince miembros: cinco en representación de los trabajadores y designados por los comités de empresa, cinco designados por el Gobierno, de acuerdo con el consejo de administración y «entre personas con relevantes méritos en el mundo de la cultura» y cinco representantes de la Administración pública, designados también por el Gobierno.
El proyecto de estatuto contempla, para la gestión de RTVE, la creación de tres sociedades con capital íntegramente estatal y presupuestos autónomos (para cuya financiación se contempla la implantación del canon por tenencia de receptor de televisión en color): Radio Nacional de España, Radio Cadena Española (que comprende las emisoras con indicativo REM-CAR y CES) y Televisión Española. El organismo autónomo No-Do quedará extinguido e integrado en TVE. Estas sociedades estatales establecerán en sus respectivos estatutos el cargo de «administrador único, que será el director del medio, nombrado y separado libremente por el director general de RTVE», y se prevé la posibilidad, a propuesta del director general, previa consulta al consejo de administración, de crear sociedades filiales «en las áreas de producción, red de difusión, comercialización, cable y medios análogos». El proyecto reconoce el derecho de rectificación, y el Parlamento, mediante una comisión designada por los distintos grupos con criterios proporcionales, ejercerá un control a posteriori de la actuación de RTVE, «de tal modo que el ejercicio de tal control no pueda impedir el normal funcionamiento de los medios».
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