Duros golpes de la policía alemana al terrorismo

«La entrega voluntaria de Susanne Herminghausen y de Ewald Goerlich a la policía criminal alemana inaugura una nueva etapa en la lucha contra el terrorismo en la RFA, quizá la última», ha comentado a este diario un funcionario del Ministerio del Interior de Bonn. Este hecho, junto con la detención del doctor Karl Heinrich Adzersen, médico de Heidelberg que al parecer se ocupó de la salud del presidente de la patronal alemana Hans Martin Schleyer, durante su cautiverio en poder del RAF (Fracción del Ejército Rojo), enlaza con una cadena de hechos relacionados con el activismo armado en este país.

Estos hechos son la condena a cadena perpetua dictada en Hamburgo contra Christine Kuby, que había disparado en enero contra un policía (la cadena perpetua sólo se impone en este país en casos de asesinatos consumados, y este no era el caso); la identificación de un piso franco por el ordenador electrónico de la policía criminal, un piso que sirvió de refugio un tiempo a los cinco activistas más buscados en la RFA; la muerte de Elisabeth Van Dyck por disparos de dos agentes que la alcanzaron por la espalda, y la entrega de Susanne Herminghausen y de Ewald Goerlich, que figuraban en la relación de los 45 activistas armados más buscados del país.Esta dialéctica policial incluye penas sumarísimas ante los tribunales, contundente respuesta armada por parte de los agentes en los casos en que se ofrezca resistencia en la calle o, en los mejores casos, condenas menores a quienes voluntariamente claudiquen y declaren ante los interrogadores de la justicia.

Dado el control policial y la ayuda del comisario ordenador, como se llama aquí al centro de datos del Ministerio del Interior, el terrorismo se encuentra entre la espada y la pared.

Los dos activistas puestos voluntariamente a disposición de la policía alemana, previa presentación en la embajada alemana en París, han fijado, antes de dar este paso, dos condiciones para su entrega: no pasar a prisión preventiva y ser protegidos de cualquier acción de sus antiguos camaradas del RAF.

Hasta el momento se desconoce si estas condiciones vayan a cumplirse, puesto que ambos están sometidos a interrogatorio en una ciudad del sur de Alemania cuyo nombre no se ha comunicado.

El fiscal general de la RFA, Rebmann, daba a conocer ayer cifras globales del fenómeno terrorista en la RFA desde las muertes de Schleyer, Drenkmann y Buback, empresario, fiscal y banquero, respectivamente.

En total, el activismo armado ha producido 29 muertes, quince de ellas de policías y funcionarios de la Administración de justicia. Aparte, 95 ciudadanos resultaron heridos.

El fiscal general ha añadido que si los procesos contra activistas se prolongan tanto «es porque algunos abogados adoptan una actitud de sabotaje». No cabe decir lo mismo del presidente de la Democracia Cristiana berlinesa, Peter Lorenz, que al comparecer en el juicio contra sus presuntos secuestradores (el secuestro se produjo en 1975 poco antes de las anteriores elecciones berlinesas), ha dicho no poder reconocer a sus retentores, aunque poco después de ser liberado dijo que en el comando formaba parte una mujer pelirroja que portaba una metralleta.

Otro caso controvertido de los producidos en los últimos días es el de Astrid Proll, que había huido a Gran Bretaña, se había casado con un inglés y trabajaba en un garaje, plenamente olvidada de su actividad anterior.