El Gobierno, interpelado en el Senado por la fuga de Lerdo de Tejada

El ministro de Justicia, Iñigo Cavero, dio ayer en el Senado la versión oficial sobre las circunstancias de la fuga del ultraderechista Fernando Lerdo de Tejada y de las actuaciones realizadas posteriormente con motivo de la misma por las autoridades.

La intervención del ministro se produjo con motivo de la interpelación dirigida al Gobierno por el senador socialista por Ciudad Real Rogelio Borrás. La interpelación del senador socialista originó un vivo debate sobre la actual situación penitenciaria y sobre la independencia de los jueces, en el que también intervinieron senadores de los grupos Vasco y de Unión de Centro Democrático. El senador Rogelio Borrás planteó la cuestión de si en el actual régimen democrático los terroristas de extrema derecha iban a continuar gozando de patente de corso y de la protección que les dispensó el anterior régimen. A este respecto reveló que dos de los procesados en el sumario de Atocha, Simón Fernández Palacios, ya fallecido, y Francisco Albadalejo, siguen recibiendo de la AISS sueldos de 100.000 pesetas por su antigua pertenencia al sindicato vertical de Transportes de Madrid."Ufanos y seguros de sí mismos"

El senador socialista describió a los procesados en el sumario de Atocha, presos en la cárcel de Ciudad Real, como «ufanos y seguros de sí mismos» Y «carentes de conciencia de delito». «No comprendo -añadió- que señores carentes de conciencia de delito y que presumen de lo que han hecho puedan tener buena conducta a juicio del director de la cárcel. »

El senador Borrás centró su interpelación al Gobierno en tres cuestiones: silencio de los órganos competentes sobre la fuga de Lerdo de Tejada; retraso de la orden de busca y captura y exigencia de responsabilidades a los que, por negligencia o por otra causa, han permitido que Lerdo de Tejada haya podido disponer de siete días más; (del 17 al 24 de abril, fecha en qué se decretó su busca y captura) para afianzar su fuga. El senador socialista criticó además la falta de medidas cautelares en los permisos a presos preventivos que existe en la actual reglamentación penitenciaria.

Investigación de responsabilidades

El ministro de Justicia, tras referirse a la solicitud de permiso dirigida por Lerdo de Tej ada al titular del Juzgado Central número uno, que instruía el sumario de Atocha, declaró que el director de la cárcel de Ciudad Real, al cumplirse la fecha exacta del término de¡ permiso concedido, comunicó la incomparecencia del preso al gobernador civil, a la comisaría de Policía, a la Guardia Civil y al Juzgado de Instrucción de Ciudad Real. Ese mismo día -añadió-, el director de la cárcel comunicó el hecho por escrito al titular del Juzgado Central número uno de la Audiencia Nacional. Inmediatamente, según el ministro, la Dirección General de Seguridad avisó a todos losservicios de policía y de fronteras y solicitó la intervención de la Interpol. El ministro resaltó que el preso preventivo está a disposición del juez que instruye el sumario e insistió en que no se silenció la fuga de Lerdo de Tejada.

Respecto a las posibles responsabilidades derivadas de la fuga, el ministro anunció la apertura de dos procedimientos de investigación: un sumario abierto por el Juzgado de Instrucción de Ciudad Real y un expediente informativo abierto por la Audiencia Nacional sobre la actuación en el caso del juez Gómez Chaparro. «El Gobierno -concluyó-, respetuoso con la independencia del poder judicial, se abstiene de formular juicios de valor sobre la pertinencia del permiso concedido a Lerdo de Tejada. Si ha habido responsabilidades en este ámbito, quien debe determinarlas es el propio poder judicial a través de sus mecanismos internos.»

Amplio debate

La intervención del ministro originó un amplio debate, en el que intervinieron, además del senador Borrás, en turno de réplica, los senadores Plácido Fernández Viagas, del Grupo Socialista andaluz; el senador Iriarte, del Grupo Vasco, y el senador Manuel Villar Arregui, de UCD.

El primero reclamó el derecho a poner en duda que se hubiera producido la comunicación inmediata de la fuga a las autoridades competentes, mientras que Fernández Viagas abordó en profundidad las implicaciones que tenía el caso desde una doble perspectiva: la penitenciaria y la organizativa judicial. El senador socialista manifestó que la sociedad exige toda clase de garantías sobre el preso que está pendiente de juicio y negó al juez el derecho a prejuzgar lo que ha de decidir el tribunal, por lo que está obligado a garantizar la custodia del preso todavía no juzgado. A este respecto, el señor Fernández Viagas negó que el juez pueda legalmente conceder la libertad condicional a un procesado por un delito al que puede corresponder la pena, de reclusión. «Puede hacerlo, pero prevaricando», añadió el senador socialista. Refiriéndose a la independencia de los jueces, el señor Fernández Viagas manifestó que ésta exige responsabilidad tanto en el plano moral como jurídico y político, además de control democrático. «La legislación actual -añadió- no garantiza la independencia del órgano judicial (otra cosa es la honestidad personal de los jueces) y por eso es necesaria una nueva ley Orgánica del Poder Judicial. Existen una serie de cargos judiciales. a los que se ha accedido en base a la «especial idoneidad» exigida en el anterior régimen, que encubría la docilidad al régimen de algunos funcionarios. En estos casos, la independencia falla por los que están en esos cargos, que no lo están en base a criterios objetivos. »

La intervención de Fernández Viagas dio lugar a la réplica del ministro, quien afirmó que «la reforma política que todos hemos asumido no exige depuraciones». «Evidentemente -contrarreplicó el senador socialista-, y por ello no he pronunciado en mi intervención la palabra "depuración". Una cosa es la depuración y otra cosa son ciertos destinos concretos, que pueden ser revocados por el mismo pecaminoso dedo que los designó. »