Un déficit para tomar decisiones

El abultado déficit de las empresas que integran el Grupo del Instituto Nacional de Industria (INI) durante 1978 y las desfavorables perspectivas del presente ejercicio debieran ser motivo de importante y hasta prioritaria preocupación para las autoridades económicas del país, excesivamente sensibilizadas por las grandes magnitudes macroeconómicas y escasamente permeables a los problemas de supervivencia que afectan a un buen número de sectores industriales en los que, precisamente, el sector público tiene una presencia primordial.Al examinar los resultados de las empresas, profusamente detallados en esta ocasión, llaman la atención ciertas peculiaridades y algunos lamentables olvidos. Por ejemplo, sorprende que se presente al país como la empresa del Instituto que ha obtenido mejores beneficios a Unión Eléctrica, sociedad en la que el holding sólo participa con un 11% en su capital. Resulta curioso también que, a pesar de la brutal incidencia de los costes financieros en los resultados de las empresas, los responsables del INI no se hayan planteado la necesidad de calcular el coste medio de los recursos ajenos que manejan; o, lo que sería peor, que si los han calculado se nieguen a facilitarlos públicamente. Asimismo, sorprende que en el informe no se haga constar ningún dato de ámbito social, o si se quiere, laboral y sindical.

El tema de la gestión (de las empresas públicas es frecuentemente objeto de demagogia por ambas partes. Ni pueden achacarse 57.000 millones de pérdidas a la mala gestión, ni puede decirse que es buena, aunque mejorable. Algo tendrá que ver en todo ello la falta de profesionalización de muchas empresas, la inflación de puestos directivos y, sobre todo, el criterio que sigue imperando en las contrataciones de personal y los nombramientos de presidentes cuyo único mérito empresarial es haber apostado por Unión de Centro Democrático. Sorprende por ello desagradablemente que los máximos responsables del instituto exterioricen una cierta extrañeza cuando se plantea la incógnita de si la actual estructura de poder del ejecutivo que pesa sobre el INI es la idónea para la situación actual, o convendría revisarla a efectos de, al menos, desburocratizar su ejecutoria y garantizar la posibilidad de gestionar las empresas con criterios puramente empresariales y sólo opcional y extraordinariamente en base a condicionamientos políticos.

La gran responsabilidad de la marcha del INI trasciende, como es lógico, el ámbito de la plaza Marqués de Salamanca, donde tienen sus despachos los máximos dirigentes. El planteamiento de la empresa y el sector público debiera ser acometido por el Gobierno y, muy especialmente, por sus responsables en materia económica, Cierto es que sus actuaciones hasta el presente permiten abrigar muy escasas esperanzas de alcanzar algo serio, pero este país se juega. en este campo demasiado como para que los responsables del porvenir de la economía se queden tranquilos mientras los contribuyentes deben pagar 57.000 millones de pesetas por las empresas del INI, con unos trabajadores de sueldo privilegiado y una rentabilidad industrial más que discutible. Analizar el origen de estas abultadas pérdidas entraña el riesgo de la demagogia, pero pretender -como sería gusto del Gobierno- que aquí no ha pasado nada, es una vergüenza.