Autonomías y desarrollo constitucional, prioridades del Gobierno

En fecha inminente, el Gobierno dará a conocer las prioridades políticas del nuevo Gabinete Suárez, a la cabeza de las cuales figurarán, por este orden, el encarrilamiento de las autonomías, la solución de la situación económica y el desarrollo constitucional. Según manifestaron a EL PAIS fuentes oficiosas, el orden de prioridades fue decidido el sábado, en una reunión restringida de miembros del Gobierno con el presidente Adolfo Suárez.La reunión, que se celebró en el palacio de la Moncloa y se prolongó varias horas, ofreció ciertas novedades sobre las habituales tertulias del señor Suárez, con lo que ha venido denominándose la empresa, integrada por las personas del círculo íntimo, amistoso y político, del presidente del Gobierno.

Junto a los miembros del Gabinete asiduos a tales reuniones -en primer plano, el vicepresidente Fernando Abril-, las mismas fuentes aseguran que al encuentro del sábado asistieron los nuevos ministros de la Presidencia, José Pedro Pérez-Llorca, y de Relaciones con las Cortes, Rafael Arias Salgado, así como el ex ministro de Justicia y actual presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, y el ministro de Sanidad y Seguridad Social, Juan Rovira Tarazona, hombre de confianza del señor Lavilla. La presencia de estos dos últimos ha sido interpretada en medios políticos como una muestra de la apertura de la empresa, para la actual legislatura, al sector democristiano del Gobierno.

El contenido de la reunión no ha sido desvelado en detalle, si bien EL PAIS pudo saber que se estudiaron los temas más importantes y urgentes del actual momento político español, así como se decidió, en principio, dar a conocer en los próximos días -según algunas de las fuentes consultadas, mañana mismo, miércoles- el citado orden de prioridades gubernamental.

En cuanto a la primera de las cuestiones a abordar, el encauzamiento de los temas autonómicos, en la minireunión de la Moncloa se estudió la posible solución que supondría para la pacificación del País Vasco la puesta en vigor del Estatuto de 1936. Las complejidades jurídicas que la restauración de este Estatuto llevarían consigo fueron también analizadas. El Ministerio de la Presidencia, en cuyo seno se ha preparado un amplio dossier sobre los distintos aspectos de la cuestión vasca, no ha sido uno de los promotores de la iniciativa de reflotar el Estatuto republicano. En cambio, desde este departamento se preparan cuidadosamente todos los flancos del desarrollo de la Constitución en materia autonómica.

Otra de las prioridades estudiadas -dejando al margen el tema económico, cuyo estudio en detalle realiza el vicepresidente segundo Fernando Abril, y su equipo- fue el desarrollo constitucional. El primero de los proyectos de ley orgánica pendiente de remitir por el Gobierno a las Cortes es el del Consejo General del Poder Judicial, llave para la entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional.