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El Gobierno estudia la restauración del Estatuto vasco de 1936

El Gobierno estudia la posible restauración del Estatuto de Autonomía del País Vasco aprobado en 1936, según pudo confirmar ayer EL PAÍS en medios oficiales. El ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, diputado por Guipúzcoa, ha formado con este objetivo un grupo de trabajo integrado por expertos constitucionales, intelectuales y juristas. Las primeras reacciones recogidas en el País Vasco señalan que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) consideraría esta medida gubernamental como positiva, aunque teme, al igual que el resto de la fuerzas políticas vascas, que se trate de una maniobra dilatoria por parte del presidente Suárez para frenar la tramitación del proyecto de Estatuto ya remitido a las Cortes.

En la cena ofrecida el pasado día 25 en honor del primer ministro de Suecia, en visita oficial a España, el presidente Suárez, delante de representantes de la oposición, manifestó que el tema vasco era prioritario y que exigía una política de consenso por parte de todas las grandes formaciones políticas y anunció acciones políticas de gran envergadura. Al parecer, el Gobierno está dispuesto a considerar también la restauración del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932.El ministro para la Administración Territorial, Antonio Fontán, interrogado sobre el proyecto gubernamental, manifestó desconocerlo, pero fuentes cercanas a la Administración señalaron que el Gobierno se encuentra especialmente interesado en adoptar alguna medida que permita la introducción en la vida política del País Vasco de una figura que juegue un papel semejante al que viene desempeñando el presidente de la Generalidad, Josep Tarradellas. Entre las fórmulas estudiadas, añadieron, figura evidentemente el restablecimiento de la legitimidad histórica a nivel formal.

Según los medios políticos vascos consultados, el restablecimiento del Estatuto de 1936 tendría una vertiente especialmente positiva: el reconocimiento automático de la existencia de conciertos económicos y de una policía autónoma, dos de los escollos más importantes con los que se enfrenta el proceso autonómico de Euskadi. Temen, sin embargo, que el Gobierno Suárez intente tratar las autonomías del País Vasco y de Cataluña a partir exclusivamente de antecedentes históricos legales, con lo que se demoraría la negociación de los nuevos estatutos, más progresistas y acordes con la realidad socioeconómica actual de estas dos nacionalidades españolas. Este intento gubernamental permitiría también demorar, casi indefinidamente, la negociación de los estatutos de autonomía de otros territorios o zonas del país.

Una alta personalidad del PNV informó al corresponsal de EL PAÍS Javier Angulo que conocía rumores sobre los propósitos del Gobierno desde hace un mes aproximadamente y que se había hablado del tema en algunas reuniones mantenidas por políticos madrileños con algunos vascos residentes en la capital del Estado, pero sin actividad política concreta. La posibilidad de que El Gobierno reconozca el Estatuto de 1936 podría haber sido tratada en la cena que celebró Agustín Rodríguez Sahagún, actual ministro de Defensa, con el militante del PNIV Luis María Retolaza durante la pasada campaña electoral. El señor Retolaza había aludido también a esta posibilidad en una conversación mantenida con el industrial vasco Luis Olarra.

El PNV considera positivos los proyectos gubernamentales

Xabier Arzallus calificó la noticia de globo-sonda del Gobierno lanzado para conocer la reacción de los nacionalistas vascos. «Había escuchado ya el rumor, pero nunca lo consideré una cosa seria -afirmó- Puedo declarar tajantemente que nuestros parlamentarios o el propio presidente del PNV, Carlos Garaicoechea, no han recibido ninguna alusión oficial u oficiosa por parte del Gobierno.»Según el señor Arzallus, su partido se encuentra sorprendido y se mantiene escéptico porque estima muy difícil la puesta en marcha del estatuto de 1936, aunque cree que sería positiva para el País Vasco. «La restauración del Estatuto -añadió- significaría un esfuerzo de imaginación por parte del Gobierno, tan cerrado hasta ahora al tema vasco. Supondría la puesta en marcha de un Gobierno provisional en sustitución del Consejo General Vasco, órgano preautonómico.»

El diputado vasco se mostró dispuesto a estudiar la hipotética oferta gubernamental en este sentido. «Si se restablece el Estatuto, sería viable la vuelta al País Vasco del presidente Leizaola y se resolvería un problema que tanto ha preocupado siempre al Gobierno de la Monarquía, porque significa el último resto legal de la República de 1931. » El representante del PNV se mostró partidario, sin embargo, de no retrasar ni un minuto el debate del nuevo proyecto de Estatuto remitido ya a las Cortes.

Para Santiago Brouard, presidente de HASI -fuerza integrante de Herri Batasuna-, el rumor lanzado por el Gobierno tiene por objeto desmovilizar al pueblo vasco. «Se trata de una maniobra dilatoria. HASI no aceptaría bajo ningún concepto la restauración del Estatuto del 36, a no ser que el pueblo vasco pudiera gozar de las competencias que ejerció durante la guerra: práctica independencia, ejército, policía y moneda propios. Por otra parte, el reconocimiento del Estatuto de 1936 significaría el reconocimiento implícito de la República y el mantenimiento de la segregacion de Navarra como provincia vasca.»

El portavoz del Partido Comunista de Euskadi, Roberto Lertxuridi, consideró improbable la confirmación de las noticias difundidas y estimó que, aunque fueran ciertas, no resolverían el problema vasco. «Supondría -añadió- alterar la legalidad constitucional y poner en entredicho el acuerdo mayoritario de los partidos firmantes del nuevo proyecto de Estatuto. »

Por último, para los representantes de Euskadiko Ezquerra, se trataría de una decisión antidemocrática, en perjuicio del proyecto remitido a las Cortes por la asamblea de parlamentarios vascos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de abril de 1979

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