Ley de Asilo
UNO DE los problemas cuya solución se ha ido aplazando una y otra vez a causa de imperativos políticos, y que hoy, pendiente todavía, aparece como una urgencia para el nuevo Gobierno y las primeras Cortes constitucionales, es el de la promulgación de una ley de Asilo, o de un Estatuto del Refugiado Político. A raíz de la intentona, el otoño pasado, de aplicar medidas legales discriminatorias elaboradas en los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, que amenazaban con la expulsión del territorio español de los exiliados políticos procedentes de Latinoamérica -y que se superponía a las prácticas restrictivas del Ministerio de Trabajo en el mercado laboral-, saltó a la luz pública el problema con más fuerza que nunca. De hecho, decenas de millares de refugiados latinoamericanos viven todavía hoy en nuestro país en una situación de tolerancia vergonzante, con la espada de Damocles de su expulsión sobre ellos, discriminados en sus derechos humanos en el país mismo que es la cuna de su historia y civilización, de su lengua y su cultura.Las nuevas Cortes tienen planteada la necesidad de elaborar, debatir y aprobar urgentemente el Estatuto del Refugiado Político, retrasado ya en tres ocasiones, a causa del referéndum constitucional, primero, y de las elecciones generales y municipales, después. La nueva legalidad ya está en su lugar, la Administración también, y el problema no admite más retrasos. Se sabe que el tema de los refugiados latinoamericanos en España preocupa ya a las Naciones Unidas, que han instado para que el problema sea afrontado lo más rápidamente posible. Se sabe también que el ex ministro del Interior, Martín Villa, ha dejado ya preparada, antes de abandonar su puesto, una orden transitoria que resuelva el problema provisionalmente, hasta que exista una ley de Asilo en buena y debida forma. Y es también patente el deseo del Centro Iberoamericano de Cooperación, mantenido hasta ahora al margen del problema de manera inadecuada, de potenciar este tema, y hasta de albergar en su seno una oficina interrninisterial que se ocupe del mismo.
Los mecanismos legales ya están, por tanto, preparados. En un primer paso se trata de que terminen las prácticas restrictivas de la orden ministerial de 15 de enero de 1970 que exigía a los latinoamericanos de la obligación de proveerse de permiso de trabajo, y a las empresas que los emplearan, de cumplir los requisitos exigidos cuando de trabajadores extranjeros se tratase. En segundo lugar, de promulgar la orden ya preparada por el ex ministro Martín Villa para resolver el tema de manera provisional, de tal manera que los refugiados latinoamericanos dejen de vivir en precario en nuestro país. Y, por último, que el Gobierno envíe a las Cortes, y que éstas aprueben, un Estatuto del Refugiado Político. Bien es verdad que aquí no se agota el tema, pues también se precisa una ley de Extranjería que reglamente el tema de los emigrantes y de los no refugiados.
España es un país democrático, y en consecuencia debe ajustar completamente su legislación y comportamiento a lo que exige la democracia y sus documentos fundamentales. El debido respeto a los derechos humanos no puede ser planteado solamente de puertas adentro, aunque, desde luego, haya sido en esta esfera donde su carencia ha resultado más estremecedora para los españoles durante casi ocho lustros. También hacia afuera la democracia obliga, y de ahí la necesidad urgente de una ley de Asilo. Pero es que, además, la deuda contraída con todos los países hermanos en lengua y cultura, que tan generosamente se portarón con nuestros propios conciudadanos -cientos de niiles, no se olvide-, a quienes la política de la dictadura expulsó de la propia España, ya no puede esperar más sin que todos los españoles nos tengamos que seguir sonrojando por ello.
