El PSUC pide un debate parlamentario para la entrada de General Motors y la reestructuración de SEAT

En una nota difundida ayer por el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), se afirma que la entrada en España de la multinacional norteamericana General Motors y la reestructuración de SEAT tienen que ser aprobadas en el Parlamento, previo debate, en el que deberían intervenir, además de los partidos políticos, las centrales sindicales representativas.El PSUC considera que la conveniencia de llevar adelante ambos proyectos exige una reglamentación con carácter de ley y no de decreto-ley, como pretende el Gobierno. Al respecto, en la nota se afirma que este decreto-ley «ha sido elaborado teniendo en cuenta solamente los intereses de la multinacional, no habiendo sido consultadas las centrales sindicales, cuando esta medida afectaría a los puestos y a las condiciones de trabajo de centenares de miles de trabajadores tanto de la industria principal como de la auxiliar».

Considera a continuación que mediante este decreto-ley para los fabricantes de instalación anterior a la Ford el porcentaje de «nacionalización» -valor de las piezas fabricadas en España sobre el total- pasará del 90 al 60%, mientras que para Ford y los fabricantes que en el futuro se instalen en España este porcentaje se reducirá al 55%. «Las dificultades -añade- que ello puede entrañar para la industria auxiliar no parecen haberse tenido en cuenta.»

«Esta normativa -continúa la nota- supone el aumento de la presencia de las multinacionales estadounidenses (General Motors y Ford), en detrimento de las europeas.» Y aunque los objetivos últimos de unas y otras coinciden, «la mayor similitud y proximidad de las centrales sindicales españolas con las europeas hace que consideremos estas concesiones al capital norteamericano como no aceptables» sin debate en el Parlamento.

Concluye la nota enumerando una serie de objetivos globales de la reestructuración del sector que, a juicio del PSUC, deberían ser: el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales en una primera fase, y en una segunda, la creación de nuevos puestos de acuerdo con los demás objetivos; la modernización de la estructura productiva; una mayor participación en la investigación tecnológica; la mejora de la balanza de pagos; la corrección de los desequilibrios territoriales, dirigiendo las nuevas inversiones hacia las zonas con mayor índice de paro estructural (Andalucía, Extremadura, etcétera); el control parlamentario de la financiación de las nuevas inversiones, con prioridad de participación del Instituto Nacional de Industria (INI), como forma de financiación, y la reconversión del sector auxiliar.