Proyecto de los socialistas sobre el gobierno de las Cajas

El advenimiento de la democracia no comportó cambios sustanciales en la organización y dirección de las cajas de ahorro. La reforma que implica el decreto de 27 de agosto de 1977 marginó el debate público y, hasta ahora, no han producido cambios en personas, sino que ha apuntalado la continuidad. Por un lado, los partidos han intentado, más o menos tímidamente, abordar el tema, pero, por otro, han necesitado los créditos que, en general, con generosidad, les han concedido las propias cajas. Hoy, EL PAÍS puede revelar el primer proyecto de ley sobre cajas elaborado por un partido -el Partido de los Socialistas Catalanes (PSC)-, que aún no ha sido presentado a las Cortes, pese a haber transcurrido meses desde su redacción.Es casi obligado suponer que el cambio democrático preocupó a infinidad de directivos de las cajas, donde la flor y nata de la dictadura estaba y continúa estando presente. Desde verticalistas hasta financieros «bunkerianos», pasando por toda clase de «jerarquías», el franquismo puro y duro intentó capear el temporal que, por otra parte, nunca llegó a darse. La reforma mínima de julio y agosto de 1977 representó un suspiro, pero eran necesarias otras adaptaciones, aparentes o reales.

Los partidos necesitaban dinero. Las cajas fueron generosas. Según fuentes directas, se utilizó el sistema de conceder préstamos personales a listas de personas presentadas por partidos. Su importe fue a parar a los partidos respectivos. Se concedieron también créditos directamente a partidos y a centrales. En concreto, la mayor caja de España, la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares (CPVA), ha concedido créditos a un amplio abanico de partidos, que van desde el democristiano Unión Democrática de Cataluña -inicialmente, antes de su fracaso, el 15 de junio, muy bien visto por la institución-, hasta la organización catalana del Partido del Trabajo de España, sin olvidar, claro está, a los partidos comunistas y socialistas de Cataluña y la UGT y CC OO.

Han sido UGT y CC OO las que han mostrado mayor energía a la hora de modificar la actual estructura de las cajas. Dentro de estas centrales, el tema ha sido siempre planteado por los trabajadores del sector. En cambio, los partidos políticos han sido más prudentes.

Una prudencia que los sindicalistas vinculan a la ya aludida política de créditos y a relaciones personales o familiares entre dirigentes políticos y los de las cajas. Pero ello queda afectado por las elecciones municipales. Los ayuntamientos y las diputaciones democráticas representan para los partidos un camino de incidencia que, no obstante, no representa ni mucho menos una posibilidad tan clara como se da en otros países europeos.

El proyecto, redactado por los socialistas catalanes, contiene veintiocho artículos, una disposición transitoria y otra derogatoria. «Los gobiernos autónomos, a través de sus respectivos departamentos de economía y finanzas -afirma-, ejercerán la tutela de las cajas de ahorro en el territorio de su competencia, de acuerdo con lo establecido en esta disposición.»

Como órgano de gobierno y decisión, el proyecto de ley establece la asamblea general, constituida por un mínimo de 160 y un máximo de doscientos consejeros. De éstos, el 50 % serían elegidos por representantes de los ayuntamientos en los que la caja considerada tenga sucursales o agencias abiertas. El número de votos de cada corporación -precisa el proyecto- será proporcional a la cifra de pasivo de la caja en las oficinas existentes en cada término municipal. Este punto es, como se ve, el más novedoso, al poner las cajas en manos de los municipios.

Un 10 % de los consejeros se nombraría entre los impositores de la caja, distribuyéndose en las diversas zonas de operaciones, en función del pasivo. El nombramiento se haría por sorteo y con designación de varios suplentes (esto último impediría circunstanIcias curiosas que ahora se dan y que fueron detalladas en artículo anterior de esta serie). Las juntas directivas de las organizaciones de la pequeña y mediana empresa del territorio, en proporción a sus afiliados, y los sindicatos de trabajadores, en proporción a su implantación, nombrarán, cada uno, respectivamente, un 10 % de los consejeros.

Otros consejeros

Finalmente, cada uno de los siguientes grupos designará un 5 % de los consejeros: los colegios profesionales relacionados con la actividad económica o benéfíca de la caja, las cooperativas de la zona, las entidades culturales y las asociaciones de vecinos.

Como dato significativo, el proyecto establece que, en todos los casos citados, será causa de ilegibilidad como consejero «el ser empleado en activo o excedente, o en situación pasiva, de alguna de las cajas del territorio». Por otro lado, el proyecto excluye a las cajas del beneficio de pobreza para litigar.

Pero mientras se concretan hipotéticos cambios legislativos, las Cajas incrementan su pasivo mientras disminuye la intervención en sus inversiones. Sus grandes disponibilidades explican tropiezos tan increíbles como el acaecido recientemente en Barcelona con relación a la presunta estafa efectuada por Pedro Baret. Ello será abordado en el próximo capítulo de la serie.