Los bienes patrimoniales de los concejales serán inventariados

Los bienes de la mayoría de los concejales que salgan elegidos en los próximos comicios municipales serán inventariados al hacerse cargo de sus puestos y comprobados al final de los cuatro años que dure su mandato. La iniciativa no está en la ley ni es probable que figure en la normativa de régimen local que decida el Parlamento en el futuro. Es una sugerencia de los principales partidos políticos: UCD, PSOE y PCE. Con ligeras variantes, será seguida por cada uno de ellos en lo que respecta a sus concejales y diputados provinciales.

El primer partido en plantear el tema fue el PCE, que ya ensayó el inventario de los bienes de sus parlamentarios en la legislatura anterior y en la que va a comenzar ahora. Para los comunistas, la declaración de bienes es un signo de buena voluntad, un propósito fehaciente de honestidad. Se ha hecho sin ninguna objeción por parte de los implicados y se halla en la documentación que cada uno de los candidatos ha llevado al partido antes de figurar en las listas.Al PSOE le parece bien que el PCE anuncie este hecho, pero aclara que los socialistas ya habían puesto en práctica la declaración patrimonial antes de las dos últimas elecciones generales. También figura en la documentación de sus 35.000 candidatos municipales.

El PCE es el único partido que somete estas declaraciones al notario, que las certifica y las da fe. Ni PSOE ni UCD llevan a cabo esta práctica. Es obvio que a UCD le sería más fácil, porque el partido del Gobierno cuenta en sus filas con un buen número de notarios.

Unión de Centro Democrático está de acuerdo con la práctica de solicitar de sus candidatos una declaración patrimonial. Ni este partido ni los otros consideran adecuado que se fuerce tal declaración. En el caso de UCD, se rechaza la investigación patrimonial y se acepta que ésta se produzca al final de los cuatro años de mandato de los concejales, contrastándola con la declaración que éstos hayan efectuado libremente.

Ninguno de los grupos que hemos, citado ha encontrado resistencias por parte de los candidatos a los que les han sido requeridas estas declaraciones. Por lo que respecta al PCE, este partido no concede excesiva importancia a la práctica. «Si acaso, la tiene para la opinión pública, suspicaz ante la manipulación de los intereses municipales en favor de bolsillos particulares. Para nosotros, la declaración es una cuestión de trámite, que se cumple sin tensiones, automáticamente.»

Miedo a la corrupción

Los comunistas ponen en este aspecto el dedo en la llaga. El énfasis sobre la investigación de los bienes de candidatos y concejales obedece al miedo que los partidos tienen a que se perpetúe la corrupción, principal lacra de la vida municipal, que España ha padecido hasta ahora desde hace más de cuarenta años. Por eso, los grupos de la izquierda, particularmente, están haciendo hincapié en su propósito de honradez en la administración de la vida local.

Esta insistencia no es suficiente para convencer a los habitantes de los pueblos de España de que en el futuro los que manden en los ayuntamientos vayan a salir con las manos limpias, porque, como ya han dicho algunos partidos en estas mismas páginas, la irregular legislación que rige los destinos de la vida municipal favorece corruptelas.

La tentación de alcaldes y concejales a obtener prebendas extraordinarias de sus puestos municipales ha venido incrementada por la ausencia de sueldos oficiales que les garanticen unos ingresos dignos con los que seguir sin agobios su vida normal. Los porcentajes previstos en la ley para compensar económicamente a alcaldes y concejales resultan ridículos.

Ante esa situación, los partidos políticos vienen pidiendo la revisión de la ley de Régimen Local, en lo que se refiere a sueldos de los alcaldes y de los concejales que ocupen un cargo que les obligue a la plena dedicación. Por un lado, afirman los partidos, es preciso conceder excedencias automáticas a los alcaldes de poblaciones superiores a los 20.000 habitantes. Por otro, es preciso disponer salarios mínimos, pero suficientes y adecuados, que garanticen la plena dedicación y aseguren al edil contra el fantasma omnipresente de la corrupción municipal. No quiere esto decir, en ningún caso, que tales sueldos vayan a salir de la Hacienda del Estado, porque, en definitiva, sería primar entre todos los ciudadanos una posible mala administración. Los partidos entienden que debe ser el Ayuntamiento quien haga frente a tales sueldos con cargo a sus propios presupuestos.