Escritores ante la libertad

La Asociación Colegial de Escritores, como entidad organizadora y responsable del congreso de escritores celebrado entre los días 16 y 18 del pasado mes de febrero en Almería, se ve obligada a salir al paso de ciertas aseveraciones contenidas en un artículo editorial de EL PAIS de fecha 11 de los corrientes. Al parecer, el editorialista no ha entendido el significado e intención de la ponencia que sobre «dominio público» se leyó y fue aprobada por unanimidad en el congreso. Como es sabido, a los ochenta años de la muerte del autor prescribe en España la propiedad intelectual de éste y de sus herede ros sobre las obras creadas por él, quedando a la libre disposición de quienes quieran editarlas, sin pago de ningún canon ni regalía por ello. Es decir, el «dominio público» -de los derechos de autor- prácticamente se convierte en privado. Pues bien, lo que los escritores pretenden, por el contrario, es, precisamente, «desprivatizar» el llamado «dominio público» y que los derechos de autor dimanantes del mismo pasen a ser administrados por el Estado como representante que es de la comunidad. Sería el Estado, y no un particular, quien se subrogase en todos los derechos que la ley atribuye al autor de una obra y otorgara en adelante las licencias para su explotación, mediante el pago de un canon que iría a engrosar un fondo con un doble destino: obras de difusión cultural, el enriquecimiento de las bibliotecas públicas, entre otras, y ediciones a precios asequibles. En este sentido, es absolutamente inexacto que los lectores tuviesen que pagar más por los clásicos. A la vista están, para demostrar lo contrario, las numerosas colecciones editoriales en las que aparecen, indisitintamente, obras de clásicos y contemporáneos, todas al mismo precio de venta al público. ¿Quién percibe, pues, actualmente los beneficios del «dominio público»? Quienes las editan y, en modo alguno, los lectores. Y esto es lo que se trata de evitar. Los autores proponen también -y fueron coriclu siones igualmente aprobadas- por el congreso- quese acorte el plazo de prescripción de su propiedad intelectual, pasando de ochenta a cincuenta o menos años, en beneficio del interés común, conclusión esta que omite el artículista.Los escritores postulan una protección especial para el libro de autor español, protección que ya se practica con otras manifestaciones culturales, como el cine, el teatro y las artes plásticas, aspiración recogida, por otra Fiarte, en la vigente ley del Libro. En ningún momento el congreso se pronunció contra las traducciones. La interrelación cultural es imprescindible a toda cultura que pretenda sobrevivir y superarse. Por supuesto, no se trata de crear ninguna autarquía, sino tan sólo acabar con esa paradójica situación que lleva a una nación con uno de los rriás bajos índices de lectores en Europa a convertirse en una de las que más obras extranjeras traduce. Si ya se practica el proteccionismo del Estado al libro en general, mediante créditos, desgravaciones y premio al papel de edición, ¿córrio no acentuar ese proteccionismo que se realiza con el dinero del contribuyente en favor del libro de autor español? ¿No solicitan y han obtenido los periódicos subvenciones estatales para poder mantenerse en el mercado? ¿Porqué no pueden ser subvencionados los libros de autores españoles de la misma forma y con el mismo fin?

En cuanto a la situación de los colaboradores en prensa, en el congreso se leyeron diversas co,municaciones que denunciaban anomalías cometidas en los mismos en prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social. Lo que el Congreso acordó a este respecto fue postular la regulación laboral del colaborador en prensa.

Los escritores no temen a la libertad, que es, como dice una de las principales conclusiones del congreso, consustancial con su actividad. Lo que sí temen y contra lo que se agruparles contra toda forma de presión que t ienda a dividirles e impedir la defensa de sus intereses morales y materiales.

Junta directiva de la Asociación Colegial de Escritores.