Aragón, una región sedienta que exporta agua

Desde hace más de sesenta años, Aragón tiene pendiente con la Administración central un plan de riegos que no ha sido capaz de concluir ninguno de los regímenes que se han sucedido en el Gobierno de la nación. No resulta extraño, por tanto, que los aragoneses reaccionasen con desconfianza y aun con rechazo cuando hace algunos años se propuso el trasvase de las aguas sobrantes del Ebro al Pirineo oriental, con el fin de resolver las necesidades de Barcelona y su cinturón industrial. Pasado el duelo inicial, Aragón pide hoy una ley del Ebro que contemple en primer lugar las necesidades propias, para plantear luego, y solamente luego, cualquier obra de trasvase. En ello les va a los aragoneses dejar de ser, de una vez, una región-puente dedicada a nutrir a Cataluña y al País Vasco. Acerca de este tema informa desde Zaragoza José Luis Costa.

Con la llegada del parlamentarismo democrático se ha abierto un paréntesis en el contencioso establecido en Aragón en tomo al tema del trasvase del Ebro frente a los regadíos.Desde Zaragoza se tiene hoy la impresión de que los forcejeos en favor de la realización de la mastodóntica obra de ingeniería han cedido, quizá a la espera de un hipotético acuerdo básico entre la Generalidad de Cataluña y la Diputación General de Aragón.

La posición que mantiene Aragón sobre el tema desde hace más de cinco años resulta todavía desconocida en otras zonas del país. Desde 1974 algunas voces caracterizadas se vienen alzando en Zaragoza para poner de manifiesto que existe la conciencia de una posible necesidad de mayores caudales de agua para el abastecimiento de Barcelona y de todo su cinturón industrial, pero que, independientemente de esa conciencia, también existen unas obras de infraestructura de riego pendientes de realizar en suelo aragonés y prometidas oficialmente hace más de sesenta años.

Desde esa perspectiva se define con claridad la postura aragonesa actual sobre el tema, manifestada en repetidas ocasiones aquí: el trasvase del Ebro a la cuenca del Pirineo oriental o cualquiera otra obra de similares características seria aceptada en Aragón después de que la Administración hubiera cumplido rigurosamente con las obligaciones contraídas en materia de instalaciones y canales de riego, fundamentalmente en las provincias de Zaragoza y Huesca. Sin esa condición previa, en Aragón se insiste en la inviabilidad de cuales quiera proyectos trasvasadores, en la creencia de que, una vez realiza da la obra que se llevaría a Cataluña los caudales sobrantes de la cuenca, resultaría poco menos que imposible lograr que el Gobierno central y la Generalidad propiciaran los riegos aragoneses pendientes.

Tensiones interregionales

Hace algunos años el tema del trasvase del Ebro alimentó una serie de tensiones interregionales como no se habían conocido hasta entonces en España, fomentadas especialmente por las ambiguas actitudes adoptadas en los ministerios de Obras Públicas de los últimos Gobiernos de Franco.Hoy, en cambio, resultaría difícil deslindar el tema del controvertido trasvase de otros contenciosos regionales que, según las nuevas corrientes aragonesistas manifestadas en Zaragoza, van a desembocar a la misma fuente, es decir, al expolio de la región aragonesa.

Puede asegurarse que más del 80% de la producción de energía hidráulica térmica es exportado sistemáticamente a las regiones vecinas (Cataluña, Navarra, País Vasco, sur de Francia), sin que las tierras aragonesas sobre las que se asientan las plantas extractoras reciban a cambio beneficio alguno. Varios de estos centros de producción de energía (como el pantano de Ribarroja, realizado por una empresa filial del INI) han supuesto la inmersión de poblaciones enteras que en otro tiempo tuvieron singular pujanza económica gracias a los recursos proporcionados por las tierras bajas. Otras obras hoy en proyecto (como el pantano del Campo, en la, provincia de Huesca) amenazan con conducir también a los habitantes de una población determinada, y a los de sus alrededores, fuera de sus casas para que el agua las sumerja, un agua que va a servir para producir la energía eléctrica necesaria par las vecinas tierras catalanas en manera fundamental.

Más de sesenta años a la espera

Dentro del propio contencioso energético deberíamos incluir también los planes nucleares para la cuenca del Ebro y la instalación de la central térmica del Bajo Aragón. La región más beneficiada por este tipo de proyectos energéticos no va a ser, desde luego. la aragonesa.A la vista de esta sangría energética, los aragoneses siguen sin fiarse del futuro y sin escuchar todas esas promesas que las distintas administraciones que se han sucedido en los últimos años les han venido haciendo a cambio de que cedieran en la realización del trasvase. La desconfianza aragonesa en este sentido arranca del año 1915, cuando se aprobó el plan de riegos del Alto Aragón, cuya culminación aún están esperando. Y saben que con un trasvase de por medio la espera tendría que ser mucho más larga aún, prácticamente indeterminada.

Las promesas administrativas sobre el tema de los riegos aragoneses tienen una larga historia. Después de la aprobación del plan, en 1915, fue en 1940, finalizada la guerra civil, cuando se determinó fecha fija para la conclusión de las obras. Pasaron después doce años más, hasta que un ministro de Franco, el conde de Vallellano, viniese a Zaragoza para prometer que los regadíos podrían estar acabados en quince años.

Después de esta fase fueron llegando a Aragón, en visita relámpago, los ministros-eficacia de la última etapa franquista, y siguieron prometiendo lo mismo con más o menos firmeza y con los mismos resultados.

Hacia comienzos de la década de los setenta, y cuando empezó a nacer en Barcelona y Madrid el proyecto trasvasador, en Aragón se planteó la oferta de una alternativa concreta a la Administración para poner fin al contencioso regional que se venía encima: la elaboración de una ley del Ebro que determinara los caudales mínimos necesarios según las previsiones para los años venideros, contando con un índice medio de industrialización dentro de las tierras aragonesas. Sólo así -se dijo entonces- se podría estudiar seriamente la posibilidad de hacer llegar las aguas sobrantes a otras cuencas más necesitadas, asegurando primero las necesidades futuras de la cuenca originaria.

Hasta el momento ningún Gobierno español ha afrontado con seriedad el tema de la ley del Ebro para regular definitivamente sus aguas. A la vista de todo esto, en Aragón siguen reclamando, como condición sine qua non, las 400.000 hectáreas de regadíos que le faltan y las industrias que no llegan más que a cuentagotas y que, cuando llegan, se instalan rápidamente en el cinturón de polígonos que rodea a la capital de la región, sin tener en cuenta ningún planteamiento de equilibrio industrial interior.