Los ayuntamientos tienen más tiempo para justificar sus deudas

La Administración ha ampliado el plazo de representación de presupuestos extraordinarios de liquidación de deudas de las corporaciones locales. El propósito de esta prórroga es el de que los ayuntamientos partan de cero en sus economías en el período democrático que se les avecina. El Ministerio de Hacienda admitirá a trámite ahora los presupuestos que se hayan fechado hasta el 15 de marzo.El decreto por el que se establece esta prórroga fue publicado ayer en el BOE.

La prórroga habrá sido recibida, en plena campaña electoral, como agua de marzo por todos los municipios españoles, especialmente Madrid y Barcelona, cuyos ayuntamientos se enfrentan al mayor volumen de deudas de todos los del país.

En un lugar concreto, León, la mano que el Gobierno le echa a los ayuntamientos no sólo se habrá recibido como un respiro. La Unión de Centro Democrático de esa provincia ha utilizado hasta ahora con mucha habilidad electoral las ayudas que el Gobierno ha dispuesto para enjugar las deudas de los municipios. UCD, en León concretamente, ha utilizado esas ayudas como un arma electoral. En un principio, el Gobierno había dispuesto que los presupuestos de deudas se presentaran antes del 15 de febrero o el 1 de marzo.

Dice el real decreto que «dichos plazos, ciertamente perentorios, fueron señalados con el propósito de que la tramitación y definitiva aprobación de estos presupuestos extraordinarios se efectuara con la mayor celeridad, en armonía con los objetivos de urgente financiación de las economías locales que los mismos están llamados a cumplir.

Benevolencia

La Administración es benévola con sus hijas menores. Sigue el decreto: «No obstante dicho propósito, las dificultades que algunas corporaciones han encontrado para aprobar estos presupuestos con anterioridad a la fecha inicialmente fijada, y el retraso con que ha sido anunciada su exposición pública, sin culpa imputable a las propias corporaciones locales, han motivado en uno y otro caso que la presentación de los respectivos expedientes de las delegaciones de Hacienda se haya efectuado con demora. Por ello, como la rigurosa observancia de los plazos establecidos afectaría a gran número de corporaciones locales, con un resultado manifiestamente opuesto a la finalidad que inspiró la adopción de esta excepcional medida, en uso de la facultad conferida por el artículo cuarto del real decreto-ley 2/1979, de 26 de enero, «resulta conveniente prorrogar los plazos en principio señalados en la medida necesaria para posibilitar la aprobación de los referidos presupuestos».En su artículo único, el decreto establece que «los presupuestos extraordinarios de liquidación de deudas» formados según el mencionado decreto de 26 de enero «se admitirán a trámite y, en su caso, podrán aprobarse por los delegados de Hacienda, siempre que su presentación ante los mismos, cumplidos todos los requisitos», se haya efectuado hasta el día 15 de marzo, cualquiera que sea la fecha en que se hubiera adoptado el acuerdo de aprobación previa.

Lo que ha dispuesto el Ministerio del Interior para saldar la deuda municipal son 23.000 millones de pesetas, que se hallan en las cajas del Banco de Crédito Local. La Oposición ha considerado insuficiente la cantidad y ha juzgado como «demagógica» la decisión gubernamental de anunciar su reparto justamente cuando se cernía sobre los municipios españoles la presente campaña electoral. El ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, anunció que esta medida a los alcaldes antes del 15 de febrero cuando los distintos partidos preparaban los comicios generales y algunos, como el del señor Martín Villa, ya cuidaban con esmero el caldo municipal.

La Oposición señaló como insuficiente los 23.000 millones dispuestos para enjugar la deuda municipal porque se estima en esos medios que tal cantidad serviría, tan sólo, para sanear los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Por otra parte, la cifra era ligeramente menor a la que se había barajado antes de anunciarse: 30.000 millones de pesetas. Lo normal, por otra parte, señalaba la Oposición, hubiera sido disponer de ese dinero cuando se hubieran instalado los ayuntamientos democráticos.