El arte de la pesca

LA PARALIZACION de la flota pesquera española, amarrada desde hace dos días en sus puertos de base, de modo prácticamente generalizado, constituye el punto final de la andadura desordenada y caótica de uno de los sectores básicos de las regiones situadas en el litoral peninsular y las islas Canarias. Una andadura jalonada, a fin de cuentas, por el anarquismo de los estratos dirigentes del sector y la ausencia de una política de ordenación y control por. parte de la Administración.El primer problema con que se enfrenta la actividad pesquera en este país es la ausencia de riqueza en la plataforma continental propia. Las zonas que circundan la Península y los archipiélagos balear y canario apenas ofrecen posibilidades siquiera para abastecer el mercado nacional. Resulta por ello absolutamente utópico hablar de posibles contrapartidas a otros países, a la hora de negociar el libre acceso de nuestros pesqueros a sus aguas jurisdiccionales. Sólo el entorno canario-sahariano ofrecía algunas posibilidades, pero ha sido sistemáticamente esquilmado en las últimas décadas por las flotas rusa, japonesa y coreana, ante la pasividad de la Administración. Curiosamente, ninguno de esos países ha ofrecido hasta el momento contrapartidas a los pescadores españoles. Un complejo y turbio entramado de empresas mixtas y sociedades fantasmas encubren no pocas prácticas discutibles respecto a la actividad pesquera desarrollada en tomo a las islas Canarias.

La presencia de la flota española en caladeros situados más allá de nuestros límites jurisdiccionales debe, por tanto, ser objeto de negociación permanente, buscando otras armas negociadoras, al margen de la opción del libre acceso a nuestros esquilmados caladeros. Pero la Administración española, sin haber propiciado en ningún momento la ordenación real del sector, ha permitido que los pescadores españoles hayan debido desarrollar su actividad en términos y condiciones rayanos en cierta especie de piratería. Y, por si todo ello fuera poco, la inexistencia secular de absoluta debilidad en cualquier amago de negociación emprendido para garantizar el acceso libre de los pesqueros españoles a otras aguas.

En el sector pesquero se agrupan, a nível interno, casi todos los vicios seculares del modelo económico español. Los intrincados círculos de poder de los armadores asemejan -en ocasiones- las más avezadas fábulas sicilianas y son escasamente proclives a la permeabilidad, en todos los sentidos que ello comporta. El imparable surgir de los denominados congeladores, al amparo de los sectores más retrógrados del capital español, fue una de las condiciones esenciales a la hora de yugular las incipientes posibilidades de desarrollo racional del sector pesquero, al inicio de la presente década. El control sistemático por parte de los círculos dirigentes de los circuitos de comercialización ha generado una acentuación extrema del carácter especulativo de la distribución y venta de pescado fresco, felizmente coadyuvado por el avance de las técnicas de congelación en tierra.

Consecuencia final de la dictadura de los armadores son las lamentables condiciones de trabajo de los trabajadores del mar, especialmente favorecidas por la compleja implantación de las centrales obreras en este colectivo laboral. Permanentemente amenazados por el eventual desenrole de las tripulaciones, los trabajadores de la pesca han debido aceptar no sólo bajos salarios -con elevado riesgo, derivado del porcentaje de capturas-; sino incluso unas condiciones abusivas de trabajo y una permanente eventualidad.

Las características del trabajo de los pescadores españoles en los caladeros internacionales son hartoconocidas. Es habitual el empleo de barrenos explosivos en las capturas, la utilización de artes y aparejos prohibidos y la sistemática violación de las vedas y limitaciones. Sorprende que los armadores pongan el grito en el cielo y -lo que es más grave- hostiguen a sus vilipendiados trabajadores porque las autoridades portuguesas hayan apresado a una embarcación en la misma rada del puerto de Oporto o a escasas millas de cualquier puerto marroquí. La utilización del chauvinismo con fines poco claros es siempre fácil, pero sujeta a no pocos peligros de futuro. Los armadores y la propia Administración conocen sobradamente que las actividades de los barcos españoles invaden perpetuamente la ilegalidad internacional y son escasamente defendibles, precisamente por mandato de los armadores y la negligencia de la Administración.

Los sucesivos Gobiernos y Administraciones de este país han otorgado escasa importancia a la pesca. Y ello por no decir que la han despreciado sistemáticamente. El último ejemplo ilustrativo acaso pueda ser la reorganización gubernamental de junio de 1977, en la que los respectivos ministrables practicaron el peloteo con el sector, conscientes de las dificultades que entrañaban su absorción.

Pero si la Administración ha practicado la política del parcheo y el laissez faire en los temas pesqueros, la Oposición no ha sido más lúcida. Baste recordar el accidentado debate parlamentario en el qué los socialistas emplearon toda su combatividad en denostar la figura de Víctor Moro, en lugar de ofertar una auténtica alternativa de política pesquera a la practicada por el partido en el poder. Posteriormente, UCD haría ostentación colocando al señor Moro al frente de los temas pesqueros.

La perspectiva de los próximos cuatro años no es excesivamente esperanzadora, pero a nadie escapa que sólo una ordenación eficaz del sector y un comportamiento más racional de los pescadores, unidos a la estructuración de una auténtica política exterior, pueden evitar que todo el sector pesquero se hunda y debamos variar nuestra dieta alimenticia o pasar el pescado al capítulo de importaciones inevitables, junto al petróleo.