La cuestión de los exiliados latinoamericanos

Tal vez algunos piensen que en plena campaña electoral, cuando los problemas más acuciantes del país están siendo planteados ante los ciudadanos por los partidos que solicitan su voto, no es muy oportuno llamar la atención, una vez más, sobre la dificil situación en que se encuentran miles de latinoamericanos exiliados en España. Y sin embargo debe hacerse, porque es también un problema importante para nuestra democracia, un problema de solidaridad moral y de sensibilidad política que afecta a la calidad del nuevo régimen. No debe ser silenciado, al menos por los partidos de izquierda, como hasta ahora lo está siendo en los discursos electorales, a juzgar por las reseñas de la prensa.Desde el verano pasado, movidos por razones turbias -que bien podrían responder a presiones de las dictaduras del Cono Sur, en particular de la dictadura argentina -el Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores han adoptado diversas disposiciones encaminadas a hacer la vida imposible y justificar la expulsión del territorio español de los exiliados políticos latinoamericanos, Esas disposiciones han sido objeto de críticas en la prensa, de protestas de las asociaciones de solidaridad, de gestiones de la Coordinadora Latinoamericana, que agrupa a diferentes organismos de los exiliados, de interpelaciones al Gobierno en las pasadas Cortes, sin que la situación haya cambiado sustancialmente. El Gobierno y los ministros directamente responsables en el asunto no han modificado en un ápice su política; han seguido manteniendo en alto la espada de Damocles de la expulsión, la negativa a conceder permisos de trabajo y autorizaciones de residencia.

Es un verdadero escándalo que en esta cuestión la democracia haya ido hacia atrás en relación con la dictadura franquista, anulando, de hecho, la ley del 30 de diciembre de 1969 y la orden ministerial del 15 de enero de 1970, que establecían un régimen de equiparación de los latinoamericanos con los trabajadores españoles. Miles de argentinos, uruguayos, chilenos, etcétera, .que pensaron encontrar en la nueva España democrática una tierra de asilo, solidaridad política, moral y material, se ven abocados a una incertidumbre permanente, a una situación sin salida, que a alguno ha conducido ya al suicidio.

Los que hemos vivido el exilio en países latinoamericanos y hemos sido testigos y beneficiarios de la fraternal, solidaridad de aquellos pueblos, en especial de sus partidos, democráticos, no podemos por menos de sentir vergüenza propia y ajena cuando los exiliados del Cono Sur nos describen ahora su situación y se interrogan sobre sus causas. Vergüenza ajena, también, porque si en el último extremo puede entenderse la equívoca actitud de los que ayer aún tenían muy poco que ver con la causa de la democracia, ni en España ni en América Latina, es muy difícil comprender (y en todo caso es imposible justificar la tibieza de los partidos de izquierda a la hora de pedir explicaciones al Gobierno y de movilizar esfuerzos para obligarle a cambiar de política en este terreno). Como escribía EL PAIS en noviembre pasado, «el aplazamiento hasta después del referéndum constitucional del Estatuto del Refugiado Político ha sido una de las tantas concesiones, innecesarias y vergonzantes, con las que la oposición parlamentaria ha contentado al Gobierno en aras del consenso». Y esa tibieza de ayer parece prolongarse en el silencio de hoy, durante la campaña electoral.

¿No es el momento de exigir públicamente cuentas al Gobierno y a los ministros de UCD por su turbio comportamiento en ese asunto? ¿No es hora de que los partidos de izquierda, y en particular el PSOE, expongan su posición al respecto con toda la energía necesaria?