Un informe oficial exculpa a Vorster y Bhota de corrupción en Suráfrica

, El jefe del Estado, John Vorster, y el primer ministro de la República Surafricana, Peter W. Botha, han sido acusados por la oposición de permitir la corrupción del sistema parlamentario y de encubrir las implicaciones políticas de una malversación gubernamental con fines propagandísticos de más de 5.000 millones de pesetas.

El líder del Partido Progresista federal dijo ayer en el Parlamento de Ciudad del Cabo, después de que fuera derrotada su moción de «no confianza», que la oposición no acepta las conclusiones judiciales según las cuales el único ministro responsable del watergate surafricano, que está cuarteando a un partido en el poder desde hace treinta años, es el dimitido ex titular de Información, Connie Mulder, candidato hace unos meses a la presidencia del Gobierno.A comienzos del pasado noviembre, un juez del Tribunal Supremo encargado de investigar irregularidades económicas en el Ministerio de Información, reveló en Johannesburgo que había indicios suficientes de corrupción que alcanzaban al propio jefe del Estado y a todo su entourage. El juez Anton Mostert fue cesado tras sus declaraciones, pero el escándalo había salido a la superficie y el Gobierno se vio obligado a nombrar una comisión judicial, la «comisión Erasmo», con la misión aparente de hacer público el asunto.

El dictamen enviado por la comisión al Parlamento a comienzos de diciembre, y rechazado ahora por la oposición tras la reanudación de sus sesiones, establece que el señor Connie Mulder fue el único ministro al tanto de un tinglado en el que se gastaron varios miles de millones de los contribuyentes y cuyo fin fundamental fue el lanzamiento, en 1976, de un periódico de extrema derecha., The Citizen, presuntamente independiente y destinado en realidad a ganar votos para el Partido Nacional en las elecciones de 1977. El diario, financiado a través de una cuenta suiza, era teledirigido, desde el Ministerio de Información.

Según la «comisión Erasmo», que desestima los hallazgos del juez Mostert y exculpa al jefe del Estado y al primer ministro, los otros dos personajes claves de la operación -que implicaba también compras secretas de prestigiosas revistas en otros países- eran el general Van der Bergh, confidente de Vorster y hasta el año pasado jefe del espionaje y la policía secreta surafricana, y el subsecretario de Información, Eschel Roodie, otro prominente miembro del establishment, ahora evadido a Latinoamérica.

Lejos de haber zanjado el asunto, las conclusiones de la «comisión Erasmo» y unas desafiantes declaraciones del general Van der Bergh, le han otorgado unas dimensiones insospechadas, hasta el punto de que el periódico progubernamental de Pretoria, Hoofsladt, especula abiertamente con la próxima dimisión del hasta ahora todopoderoso Vorster. Y la crisis, que ha sacudido hasta los cimientos del Partido Nacional, puede descomponer por completo la fortaleza de la austera y calvinista clase dirigente surafricana y llevarse por delante al propio primer ministro, Peter W. Botha, junto con Vorster, uno de los arquitectos de la ideología de la raza pura que prevalece en la República alumbrada por refugiados holandeses, hulgonotes franceses, colonos ingleses y evadidos nazis.

El elemento central del nuevo sesgo que ha tomado el escándalo son unas recientes declaraciones del general Hendrik van der Bergh, en las que califica de farsa el trabajo de la «comisión Erasmo» y pide ser procesado para aportar públicamente su versión de los hechos. El general contó a la comisión que «siempre mantuvo al tanto al entonces primer ministro Vorster de todos los proyectos secretos del Ministerio de Información». No obstante, su testimonio y la evidencia aportada, el «informe Erasmo» declara la inocencia del jefe del Estado. Más aún, el fiscal se ha negado a procesar al propio general, alegando que su enjuiciamiento «iría contra el interés nacional».

Tras el desafío público del hombre que más sabe sobre los procedimientos del régimen surafricano (el ministro de Justicia dijo ayer que «iría contra la tradición» enmendar la plana al fiscal general y procesar a Van der Bergh), un diario de Johannesburgo ha puesto la guinda a la situación. Según el Sunday Express, la comisión presidida por el juez Rudolf Erasmo habría omitido en su informe al Parlamento una parte del testimonio del general en el que éste afirmaba que los poderes de sus hombres para suprimir las ramificaciones del escándalo «llegaban hasta el asesinato»