La Diputación Permanente del Congreso convalidó el decreto-ley antiterrorista

El decreto-ley sobre protección de la seguridad ciudadana -más conocido por antiterrorista- permanecerá vigente al menos durante la campaña electoral. que se inicia hoy. La Diputación Permanente del Congreso decidió ayer convalidarlo por veintiún votos favorables (UCD, AP y Grupo Mixto) frente a diecisiete de socialistas, comunistas, Minoría Catalana y PNV, que pidieron, sin éxito, su derogación, por estimarlo anticonstitucional.Seguidamente la propuesta de tramitación del citado decreto-ley como proyecto de ley -cuya consecuencia principal sería la introducción de modificaciones en su texto- no pudo aceptarse ni rechazarse, ya que se produjo un empate que se intentará resolver en la próxima sesión. La votación se realizó dos veces sucesivas, con idéntico resultado de empate a diecinueve votos. A. favor de la tramitación como proyecto de ley votaron socialistas, comunistas, Alianza Popular y ambas minorías nacionalistas. En contra, se pronunciaron los miembros de UCD y los dos representantes del Grupo Mixto, a la sazón Raúl Morodo y Emilio Gastón.

El último de los tres decretos-ley estudiados ayer por la Diputación Permanente fue el publicado el pasado día 1 de febrero por el Boletín Oficial del Estado, relativo a la protección de la seguridad ciudadana. Los representantes de los grupos parlamentarios de la izquierda y nacionalistas atacaron duramente la citada disposición, tanto por la coyuntura electoral en que se produce, mientras permanecen las Cámaras disueltas, como por su contenido, contrario a la Constitución.

Cuestión previa socialista

El socialista Gregorio Peces-Barba abrió el fuego del debate con el planteamiento de una cuestión previa: ¿era cierto que el decreto-ley, como dice su preámbulo, fue acordado por el Consejo de Ministros en su reunión del 26 de enero? Ateniéndose a lo manifestado por el secretario de Estado para la Información, Luis Ortiz, en la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros del pasado día 2, el señor Peces-Barba puso en tela de juicio la legalidad del decreto-ley, cuya redacción definitiva no fue conocida por los miembros del Gobierno en la reunión del día 26, sino que se encomendó a un equipo de funcionarios, sin que el texto definitivo volviera al Consejo de Ministros.

El ministro de Justicia, Landelino Lavilla, explicó que el Gobierno había estudiado el decreto-ley, del que él mismo fue ponente, en tres reuniones sucesivas del Consejo de Ministros, y en la última, la celebrada el 26 de enero, se acordó dictarlo, si bien su redacción final sobre los puntos coincidentes se encargó a una comisión mixta de los departamentos de Justicia e Interior. Ante las insistencias del señor Peces-Barba, el señor Lavilla dijo que el Consejo de Ministros no es un «órgano de redacción» de los decretos-ley, a lo que el diputado socialista replicó que, en todo caso, lo procedente es que la redacción final vuelva al Consejo de Ministros.

La Mesa de la Diputación Permanente, por mayoría, desestimó la objeción socialista y se entró en el estudio del decreto-ley. En primer lugar, Raúl Morodo, en nombre del Grupo Mixto, leyó una intervención, de tono profesoral, mediante la cual defendió la legalidad y conveniencia de la citada disposición y propuso que fuera convalidada, así como que las nuevas Cortes la tramiten como proyecto de ley.

La izquierda, en contra

Los representantes comunista y socialista se opusieron al decreto-ley, por considerar que, ni se dan las circunstancias de «extraordinaria y urgente necesidad» que exige el artículo 86 de la Constitución, ni deja de afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos contenidos en el título I de la Constitución, que son intocables por decreto-ley. Criticaron también la creación de nuevos tipos de delitos y la indeterminación e inseguridad jurídica que produce.

Junto a estos argumentos coincidentes de la izquierda, el comunista Jordi Solé Tura recalcó la actitud de su partido y de la clase obrera en contra del terrorismo, y acusó a UCD de haber recibido presiones por su sector derechista para dictar un decreto-ley que, entre otras cosas, penaliza a los piquetes de información, consustanciales al derecho de huelga. Por su parte, Greaorio Peces-Barba (PSOE) expresó su preocupación ante un hecho que no se produce aisladamente -citó, por ejemplo, el decreto sobre la huelga-, aprovechando la situación de disolución de las Cámaras y la no existencia del Tribunal Constitucional. Acusó al decreto-ley de electoralista.

En favor del decreto-ley se pronunció Emilio Attard (UCD), en una intervención abigarrada, vacía de argumentos y que pretendió ser conciliadora, si bien no contentó a sus oponentes. Más tarde, el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, defendió con mayor contundencia el decreto-ley, que valoró como una respuesta a la necesaria defensa del Estado, al tiempo que rechazó las acusaciones de electoralismo. Afirmó la constitucionahdad material y formal de la norma, por entender que no es lo mismo afectar a los derechos que tratar de los derechos. Señaló que los piquetes de huelga no violentos no están incursos en el decreto-ley, así como que la figura de la apología del terrorismo no afecta a la libertad de expresión. Estimó «absolutamente necesario» el decreto-ley.

Manuel Fraga (AP) declaró que había razones a favor y en contra del decreto-ley. A favor, en cuanto son precisas medidas eficaces contra el terrorismo, como las que su grupo ha venido reclamando. En contra, por el momento electoral en que se produce. Como salida ofreció la tramitación del decreto-ley como proyecto de ley, a fin de mejorarlo. No aceptó -frente a lo afirmado por Attard- que existan tachas ligeras de inconstitucionalidad. «Es como aquella chica -dijo- que estaba embarazada, pero solamente un poquito. »

Otras opiniones contrarias al decreto-ley fueron la de Marcos Vizcaya (PNV), que lo acusó de una situación próxima al estado de excepción, conculcadora de los derechos ciudadanos y que puede hacer el «caldo gordo» a los terroristas, y la de Macía Alavedra (Minoría Catalana), quien manifestó su perplejidad ante el momento y el procedimiento adoptado.

Las votaciones cerraron la sesión, que concluyó al filo de las cuatro y media de la tarde.