Dirigir sus transportes, un medio para controlar Barcelona

La sorprendente actitud de dos dirigentes de Comisiones Obreras en apoyo del cesado director de la Compañía Municipal de Transportes de Superficie de Barcelona -actitud ahora sometida a investigación por la mencionada central sindical- es el último de los muchos episodios confusos aparecidos en el seno o alrededor de la compañía a lo largo de su historia. El interés político del control de la compañía aparece como evidente: su dominio puede equivaler a controlar la ciudad.

Cuando la actual compañía de autobuses urbanos de Barcelona estaba en manos particulares, sus dirigentes representaban la patronal más dura e intransigente. De ahí el odio popular hacia el tranvía y, posteriormente, el autobús, demostrado por las asambleas, consabidas pedradas estudiantiles y por las históricas huelgas antifranquistas de 1951 y 1957.Ahora la compañía municipalizada es vista como un medio para obtener el control de la ciudad, al igual que antes fue un medio para asegurarse sólidos beneficios personales.

Por todo ello, los partidos políticos de izquierda siguen de cerca la problemática sindical de los 6.400 empleados de la empresa municipalizada, donde precisamente se han dado posturas encontradas entre UGT y CCOO.

El dimitido Socías es el primer alcalde que intenta analizar y reformar el tema. Paralelamente a la llegada de Socías a la alcaldía (diciembre de 1976), cesa en el cargo de director general de la Compañía Municipal de Autobuses Miguel Cabré Llistosella, hombre de confianza de Porcioles, que sorprendentemente acumulaba el cargo citado con el de presidente del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona, institución ésta esencialmente al servicio del automóvil como vehículo de transporte privado.

Cabe dudar de que se diera el milagro de hacer coincidir dos intereses antagónicos -el transporte público y el privado-, que en ciencia económica constituyen servicios sustitutivos. El hecho es que Cabré -que tenía un contrato tan idílico como el de Hap, expuesto en el anterior artículo- acepó una jubilación que, según fuentes altamentes responsables, es sólo de una cuarta parte de lo que contractualmente le correspondía, ante ello fue más prudente que Hap.

Este último, en cambio, optó por reaccionar. Al cesar Socías, el consejo de administración de la compañía acordó su reingreso, posteriormente vetado por el alcalde interino. Según fuentes directas, los dos miembros de CCOO, ahora sometidos a expediente por su central sindical, fueron los más entusiastas defensores de Hap, de cuyo caso dijeron en rueda de prensa que «no es más que una cortina de humo». Actitud sorprendente, por cuanto que tenían en su poder el informe del consejero-delegado nombrado por Socías, Roberto Cortadas. Ahora fuentes socialistas se refirieron expresamente a un presunto pacto secreto entre los comunistas y Hap, pero no logran demostrar su existencia real, si bien cuentan a favor de su argumentación con la actitud de los dos vocales obreros, el más cualificado de los cuales pertenece al partido de los comunistas catalanes.

En el Consejo de Administración, al lado de los dos dirigentes obreros y también en favor de Hap, se situaron activamente dos personas dignas de atención. En primer lugar José Fernández Ramírez. Se trata de un falangista de la primera hora -que fue nombrado por Primo de Rivera jefe territorial de la milicia falangista- y fue gobernador civil de Castellón de la Plana, cargo del que fue cesado a principios de los setenta, después de que la policía gubernativa a sus órdenes detuviera a una profesora de instituto que acababa de suspender a uno de sus hijos. Increíble, pero cierto. Su cese fue rápido, después de una inefable protesta por escrito al ministro por parte de la Asociación Nacional de Profesores de Instituto. El segundo en entusiasmo en apoyar a Hap en el consejo de administración fue el concejal franquista Rogelio Mir, ex presidente del sindicato vertical de sanidad y miembro destacado del bunker municipal. Las cuatro personas configuran un póker impensable.

Pero esta situación actual se da porque en el pasado reciente se dieron y permitieron otras. ¿Por qué antes de Socías no se había efectuado ninguna auditoría, ni censurado las cuentas ante el increíble aumento del déficit?

Grandes y pequeñas anomalías pueden completarse. Así, en la venta a la empresa Huarte de las antiguas cocheras de Sarriá -donde ahora precisamente se alza la farmacia a de la esposa de Had, el cual, por cierto, tomó parte directa en la operación de venta- hubo, según la auditoría ordenada por Socías, «una donación gratuita de edificabilidad a la empresa» compradora (es decir, Huarte). La lectura en una auditoría de la palabra donación, refiriéndose a un patrimonio público y con relación a una sociedad mercantil,no deja de producir auténticos escalofríos.

Otro gran tema con relación al déficit de los autobuses barceloneses fue la compra, bajo Porcioles y con el apoyo directo de éste, de la compañía privada de transportes Urbas por trescientos millones de pesetas. La auditoría afirma que aquella compra representó para la empresa municipalizada de autobuses «de entrada, una pérdida de activo por valor de 120 a 150 millones de pesetas, según se desprende de la supervaloración de los bienes de Urbas».

En síntesis, para concluir, por un lado, buenos beneficios o ingresos privados, para unos pocos, y, por otro lado, un enorme déficit y un mal servicio para los ciudadanos de a pie o de autobús.