"Los empresarios están politizando el proceso de discusión del convenio"

Portavoces de las federaciones de enseñanza de las centrales sindicales coaligadas para la negociación del segundo convenio estatal de enseñanza acusaron ayer a los empresarios de politizar el proceso de negociación del convenio interrumpido por éstos en el instante mismo de constituirse la mesa negociadora el pasado día 16.

Los representantes de CCOO, FETE-UGT, CSUT, SU, USO y UCSTE explicaron a los informadores, en el curso de una rueda de prensa, las razones de su convocatoria de huelga para los días 8 y 9 de febrero y el sentido estrictamente profesional y laboral de las reivindicaciones contenidas en el proyecto de convenio elaborado conjuntamente por las mencionadas centrales.Los portavoces de la coalición calificaron de falaces todos y cada uno de los argumentos empleados por las organizaciones patronales para no iniciar las negociaciones. «No hay una patronal menos dialogante entre todos los sectores laborales del país. La defensa de un estatus, que consideran más atascado de lo que en realidad está, lleva a los empresarios de la enseñanza, por ejemplo, a calificar de marxistas a las centrales sindicales, definición de contenido ideológico y político absolutamente inadecuada para calificar a una organización sindical, y fenómeno éste, por otra parte, que no se produce en ningún otro sector laboral. »

Para las centrales sindicales hay una clara intención política en las acusaciones vertidas por los empresarios en el comunicado que dieron a la publicidad tras su retirada de las negociaciones, sobre todo cuando se interpretan determinadas reivindicaciones del proyecto de convenio como un intento de «llevar a la práctica los postulados de la escuela pública autogestionaria» o el de «negar a los padres la posibilidad de elección del proyecto educativo que prefieran para sus hijos».

Añadieron los portavoces sindicales que no puede calificarse de escuela autogestionaria a aquélla en la que los trabajadores, posean un nivel de participación en la gestión de un 25 %, que es, en definitiva, la reivindicación contenida en el proyecto de convenio elaborado por las centrales. Los trabajadores lo único que pretenden, a este respecto, es que los consejos de centros que ellos proponen tengan un carácter más operativo que los consejos asesores que contempla la actual ordenanza laboral del sector y que se cuantifique de un modo concreto la participación de los distintos estamentos de los centros educativos: padres, trabajadores, alumnos y titulares del centro.

Por otra parte, tanto esta reivindicación como todas las contenidas en el proyecto de las centrales no constituyen para éstas cuestión de principio. Las negociaciones serían y son el medioadecuado de discutir su viabilidad.

En cuanto a la supuesta intención de negar a los padres la elección de un proyecto educativo de centro, las centrales puntualizaron que únicamente se han limitado a hacer uso de uno de los artículos de la Constitución («Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia») en el capítulo que se refiere a la contratación de los trabajadores.

En otro orden de cosas, las centrales consideran que no es válido utilizar el contenido del proyecto elaborado por ellas como pretexto insalvable para empezar a negociar, puesto que, como quedó claro en las conversaciones preliminares, la negociación no iba a hacerse sobre su plataforma, sino a partir de todos y cada uno de los artículos de la actual ordenanza laboral.

Los trabajadores entienden que la falta de voluntad negociadora por parte de la patronal se puso de manifiesto cuando ya en el mes de octubre una determinada organización empresarial manifestó su intención de no sentarse a negociar si no estaban presentes las federaciones de sindicatos independientes.

De otro lado, dejaron claro que su decisión de ir a la huelga es posterior a la ruptura de las negociaciones y que ésta constituye la única vía legal de evitar la declaración de conflicto colectivo y el subsiguiente laudo arbitral.

Pusieron de manifiesto, por último, la sorpresa que les produjo el hecho de que la patronal, después de una reunión de apenas veinte minutos de duración y que terminó diez minutos antes de la una de la tarde, presentase, antes de la una y media, la solicitud de conflicto colectivo ante la Delegación de Trabajo, firmada incluso por el señor Martínez Fuertes, presidente de una de las dos organizaciones patronales que no había estado presente en el acto de iniciación de las negociaciones.

Los representantes de los trabajadores pidieron a los informadores que hiciesen llegar a loe los padres su deseo de evitar una huelga cuyos costos sociales son los primeros en lamentar y que esperan que la opinión pública entienda que las reivindicaciones de los trabajadores están claramente encaminadas a lograr una calidad de la enseñanza, imposible en las actuales circunstancias profesionales y salariales. A título indicativo, uno de los trabajadores presentes, licenciado, que ejerce en un centro de EGB, mostró su última nómina, de la que se desprende que percibe un salario de 29.000 pesetas.