La CEE se propone implantar restricciones a España en pesca y siderurgia

Tanto en pesca como en siderurgia, las propuestas de oferta comunitaria a España para el presente año son más bajas que los cupos facilitados en el pasado año. Esta política es, a primera vista, más bien contradictoria con el espíritu de buena voluntad que debería mostrar la Comunidad hacia un futuro Estado miembro, que se prepara a iniciar sus negociaciones de adhesión el próximo día 6 de febrero, en Bruselas. De estos temas y del calendario concreto de la negociación a seguir trató Leopoldo Calvo Sotelo, ministro español para las Relaciones con las Comunidades Europeas, en sus entrevistas, ayer en Estrasburgo, con varios, miembros de la Comisión Europea (Jenkins, Gundelach, Naltali, Brunner y Ortoli).

Al margen del acto protocolario -pero de alto significado político- que constituirá la apertura de negociaciones el 6 de febrero, el Gobierno español parece bastante preocupado por la orientación restrictiva de los comunitarios en su oferta para importaciones españoles de productos siderúrgicos y, sobre todo, en la, reducción de cupos y licencias de pesca que, al parecer, se avecina cara al futuro.En siderurgia no hay todavía un compromiso entre Madrid y Bruselas, ante las diferencias de cifras expuestas por cada bando. España intenta mantener una corriente de exportación hacia la CEE, para 1979, comparable a la lograda en el pasado año, que no debía superar las 900.000 toneladas. Los comunitarios replican que los exportadores españoles superaron ampliamente los márgenes concedidos por la CEE (se habla de unas exportaciones de un volumen de 1.200.000 toneladas) y, en consecuencia, quieren reducir a sólo 750.000 toneladas las importaciones de origen español para el año en curso. Los argumentos de Madrid señalan que se trata de incluir erróneamente una partida de 250.000 toneladas de productos siderúrgicos, incluidas como «tráfico de perfeccionamiento » ojo que es lo mismo, a productos siderúrgicos previamente importados por España de la CEE, tratados en España y reexportados al mercado comunitario. Un nuevo encuentro, a nivel de expertos hoy en la capital belga debería permitir aclarar ciertos puntos, aunque, a juzgar por las diferencias de cifras en presencia, la distancia es muy lejana.

En pesca -sector, si cabe, más sensible socialmente que el siderúrgico-, la situación evoluciona hacia una reducción previsible de cupos y, en consecuencia, del número de licencias. A las 18.000 toneladas de merluza solicitadas por Madrid para 1979, la, Comunidad ofrece sólo 13.000. Los comunitarios argumentan que las restricciones internas para sus propios pescadores obligan a una limitación de laoferta exterior. A nivel oficial, los medios españoles preparan todo el clima de sensibilización a la baja, que, de todas formas, desearían retrasar hasta pasadas las elecciones del 1 de marzo. La visión restrictiva de los comunitarios para el sector pesquero español no es ningún secreto. Está escrito en el dictamen de la Comisión Europea sobre la candidatura española que, cara a la integración, habrá que reducir el 50 % del potencial de la flota pesquera española. Reestructurar el sector y limitar los efectos sociales de tal sacrificio -impuestos, dicen los expertos, por falta de recursos pesqueros en la zona de las doscientas, millas de aguas comunitarias- exigirá una política de ayuda financiera por parte del Gobierno español para los pescadores afectados. Hasta entonces se intentará mantener un número de licencias políticamente presentable, pero que, en cualquier caso, nunca será suficiente para remediar los perjuicios para la pesca española creados por la extensión generalizada en casi todos los países del mundo de unas zonas de soberanía pesquera de doscientas millas.