El Gobierno peruano instaura el estado de emergencia para evitar una huelga general

El Gobierno militar peruano declaró ayer el estado de emergencia y suspendió las garantías individuales durante treinta días en todo el país, en un intento de controlar y neutralizar el paro nacional de tres días anunciado para el 9, 10 y 11 del mes en curso.

El Gobierno denunció que «el propósito y alcance del paro tiene connotación internacional, pues se ha comprobado su orientación y financiamiento foráneoAl mismo tiempo, dio por terminado el año escolar y procedió a suspender las publicaciones periódicas de la oposición, indicando que el paro «es eminentemente político y subversivo».

Según el decreto que declara el estado de emergencia, el paro persigue «la desestabilización del Gobierno revolucionario de las fuerzas armadas, impidiendo la recuperaclón económica del país y pretendiendo frustrar la transferencia del poder a manos civiles», prevista para 1979.

En círculos políticos se piensa que el Gobierno podría implantar un toque de queda desde el lunes 8, víspera del anunciado paro promovido por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), pro moscovita, en protesta por el alza del coste de la vida.

Dirigentes izquierdistas denunciaron ayer la detención de más de 350 dirigentes sindicales de la izquierda radical, mientras que el ministro del Interior, general Fernando Velit, indicó que el orden público será mantenido si es preciso con «mano dura».

El Gobierno responsabilizó a los dirigentes de la CGTP, la unidad Democrática Popular, maoista, y el Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular (FOCEP) por las consecuencias derivadas del paro, y les acusó de haberlo organizado. El paro fue declarado ilegal.

Los promotores del paro solicitan mejoras salariales superiores a los once dólares otorgados por el Gobierno la semana pasada, que consideran insuficientes para paliar la inflación que, según cifras oficiales, alcanzó el 75 % a fines de 1978.

Las centrales sindicales piden, además, estabilidad laboral, que se deroguen las leyes que consideran antiobreras y otros puntos. Una reunión celebrada esta semana entre el ministro de Trabajo y las centrales sindicales no llegó a concluirse.

Apoyan el paro el Sindicato de Maestros Estatales y la Federación Minera, que protagonizaron huelgas nacionales de larga duración el año pasado.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), así como la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP), creada por el régimen castrense, anunciaron que no observarán al paro «que atenta contra la recuperación económica del país».

La suspensión de las revistas y publicaciones de la oposición está justificada en el decreto gubernamental por «coadyuvar a la finalidad subversiva desnaturalizando su función informativa y orientadora».