Conseguir anticonceptivos sigue siendo difícil

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dades farmacéuticas que necesitan receta, por lo que la citada prohibición resulta innecesaria.»ç

El señor Yáñez explica que «el nuevo decreto no supone ningún cambio porque, en definitiva, se sigue castigando a quien expenda anticonceptivos sin receta, aunque su consumo y uso nunca ha estado penado, según reconoce una sentencia del Tribunal Supremo de 1947. Con arreglo a la legislación vigente y al nuevo decreto de Sanidad, la receta continúa siendo obligatoria, salvo en el caso -y ésta es la única excepción- de los dispositivos intrauterinos que, curiosamente, no se venden en las farmacias ni se pueden colocar en casa, sino que tiene que hacerlo un médico, aparte de que su seguridad es menor que la de los anovulatorios. Incluso, se da un paso atrás al aumentar las penas para quienes infringieran estas normas: antes, la pena máxima era un multa de 20.000 pesetas y arresto; ahora sube a arresto mayor y la multa puede ir de 20.000 a 100.000 pesetas, además de que en la actualidad se considera como un delito contra la salud pública».

Reforma demagógica y espectacular

«Es un precepto legal -sigue el profesor Yáñez- basado en la presunción espúrea de que los anticonceptivos corrompen la moral y las buenas costumbres. Es como si para dramatizar el uso de las motos se prohibiera el uso de cascos de seguridad. Por otra parte, el que se le haya convertido en un delito contra la salud pública es ya viejo, pues lo apuntaban las circulares de la Fiscalía del Tribunal Supremo, de 2 de marzo de 1906 y 5 de mayo de 1908, que se remitían a las Reales Ordenanzas de Farmacia de entonces. Estas lo justificaban "porque es notoriamente escandaloso lo que de un modo tan directo y público ultraje la moral y las buenas costumbres ( ... ) por cuanto tienden a contrariar la naturaleza con daño o menoscabo de sus funciones". Consido que esto va en perjuicio de la mujer como persona y como clase, pues suprime una decisión emanada del derecho a la intimidad, ya que el uso de anticonceptivos queda a criterio del médico y a éste se le convierte en una especie de delegado gubernativo.»

«En esta línea de opinión -termina Pedro Luis Yáñez- está también el diputado socialista Pablo Castellanos, quien, según el Diario de Sesiones de las Cortes, declaró, con motivo de la discusión del proyecto sobre anticonceptivos que esta es una reforma inútil, pírrica, demagógica y espectacular".»

A juicio de Jaime Cortezo, presidente del Patronato de Protección a la Mujer, miembro de la Comisión de Codificación y militante de UCD, el decreto del Ministerio de Sanidad que regula la publicidad y expedición de los anticonceptivos «es echar agua al vino» con respecto a la ley de reforma del Código Penal de 7 de octubre de este año, ya que, opina, «el decreto de Sanidad da una interpretación restrictiva a la citada reforma».

«En cuanto a que se exija receta para los anticonceptivos en cuya composición entran sustancias químicas que pueden estar contraindicadas para una determinada persona, no me parece criticable, sino oportuno. En Estados Unidos creo que no se despachan gafas oscuras sin receta -sigue el señor Cortezo- Ahora, es cierto que aquí puede haber choques con la deontología de determinados médicos que pueden negarse a extender esa receta.»

Jaime Cortezo no cree que pueda hablarse de un aumento de sanción para quienes expendan anticonceptivos sin receta: «El nuevo artículo 343 bis del Código Penal castiga con penas de arresto mayor y multa de 20.000 a 100.000 pesetas a quienes expendieren medicamentos de cualquier clase o medios anticonceptivos sin cumplir las formalidades reglamentarias. La modificación consiste en incluir en este artículo los medios anticonceptivos, pero el que ahora sea un delito contra la salud pública es disminuir el sentido filosófico de la clasificación, ya que antes estaba en el título de delitos contra las personas. El antiguo artículo 416 del Código Penal castigaba con arresto mayor y multa de 5.000 a 100.000 pesetas a quienes vendieran, anunciaran o divulgaran medicamentos, sustancias o procedimientos capaces de provocar o facilitar el aborto o de evitar la procreación. Si ahora la punición económica va de 20.000 a 100.000 pesetas, lo único que se ha hecho es elevar el mínimo de la multa. Y hay que tener en cuenta que en el Código Penal se han ido modernizando las multas, ya que las 100.000 pesetas de ahora no son las de antes. La ley de Enjuiciamiento Civil castiga con 250 pesetas de multa la no comparecencia de testigos en un juicio. ¿Qué ciudadano va a dejar durante una mañana el trabajo para evitar una sanción tan ridícula»

El control médico es necesario

El equipo de la Subdirección General de la Condición Femenina, del Ministerio de Cultura, no ha querido juzgar con precisión hasta qué punto la reforma del Código Penal del pasado mes de octubre y el decreto del Ministerio de Sanidad suponen avances e in novaciones reales para la mujer Suzelle Bannel, especialista en medios anticonceptivos, comenta que «la planificación familiar no puede reducirse al consumo de anovulatorios. Pedimos medios menos agresivos que la píldora, que es hormonal, o métodos mecánicos, como el diafragma Para tomar anovulatorios es necesario un control médico, pero para mí el problema no es que los vendan o no, sino poder ir al médico que quieras y que te recete lo más adecuado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la división de los anticonceptivos hecha por Sanidad y por Condición Femenina no coincide. Yo he clasificado los espermicidas como medios mecánicos porque, aunque tengan composición química, no pueden valorarse como los anovulatorios. Darles la misma clasificación me parece sorprendente».

María del Mar Vanaclocha, subdirectora general de la Condición Femenina, tampoco quiere entrar a juzgar las reformas, aunque opina que «la política de planificación familiar no es sólo un control demográfico, sino el derecho de la persona a regular su sexualidad. Hablar sólo de la píldora es un error, pues también hay que considerar los medios naturales y otros métodos. La Administración debe regular la expendición de anticonceptivos, porque si no podrían ganar las multinacionales o las empresas con monopolio. Los anovulatorios no deben darse sin receta, ya que si una medicina la emplea una persona que no deba tomarla, puede sufrir trastornos». A la pregunta de si le parece positivo el decreto sobre estos temas elaborado por Sanidad, la subdirectora general responde: «Es difícil saberlo.»

Tany Mulero y María Dolores Díez, que llevan la parte jurídica de Condición Femenina, opinan que «el decreto de Sanidad pretende retener el uso indebido de anticonceptivos. Ese decreto no parece demasiado contundente ni creemos que sea importante el trato que se da a los productos químicos; lo que preocupa es que no potencia otro tipo de métodos, como el diafragma. En definitiva, es una retención. de los medios anticonceptivos, no sólo de los químicos».

« Esperemos -termina Tany Mulero- que no se hagan distingos entre mujer soltera y casada desde el punto de vista moral, aunque sí en cuanto a la seguridad de los métodos. En esto nuestra intención es clara: el tema está en la Subdirección General de la Condición Femenina y no en la de la Familia.»