Fuerte oposición al plan de Carter para reformar las agencias de espionaje

El sector conservador del Congreso norteamericano amenaza con frustrar los ambiciosos planes de la Administración Carter para reformar el funcionamiento y responsabilidades de las agencias de inteligencia estadounidenses. Fuentes del legislativo revelaron ayer que pese a los esfuerzos presidenciales, al presidente Carter le pueden faltar varios votos para hacer pasar cualquier proyecto de ley.Aparte del giro hacia posiciones conservadoras adoptado por el nuevo Congreso, el plan presidencial cuenta también con la oposición de los propios funcionarios y empleados de las agencias de espionaje, que han lanzado un concertado esfuerzo para dejar las cosas como están. A carter también le falta ahora el inicial apoyo que obtuvo de la opinión pública, en un principio concienzada por la serie de revelaciones de los excesos cometidos en el pasado por la CIA y otros centros oficiales de espionaje.

El vicepresidente Walter Mondale, que coordina el esfuerzo presidencial, se ha visto obligado ya a rechazar un primer proyecto de reforma que con las miras muy limitadas, había sido presentado por un grupo especial de funcionarios seleccionado por la propia Administración.

La reforma, según los planes de Carter, afectaría a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), a la sección de contraespionaje del FBI, a la Agencia Nacional de Seguridad y a otras menos conocidas, como la DIA (rama de espionaje del Pentágono) y la del Departamento de Estado. La necesidad de reformar sus funciones para una mayor coordinación se hizo evidente hace cuatro años, al revelar el Congreso y la propia prensa los excesos cometidos en el desarrollo de su trabajo.

Entre estos últimos hay que resaltar los esfuerzos realizados por la CIA para asesinar a dos jefes de Estado extranjeros, la entrega de fondos para financiar ilegalmente partidos y campañas electorales en el extranjero y algunos casos de intervención ilegal en asuntos internos norteamericanos.

Una de las dificultades apuntadas por algunos congresistas que apoyan el plan parece ser la propia redacción de un proyecto de ley que determine no sólo el funcionamiento de las agencias, sino también el nivel de responsabilidades para el caso de abusos como en el pasado.