Deterioro en las relaciones Junta de Extremadura-diputaciones
Las relaciones entre las corporaciones provinciales de Extremadura y la Junta Preautonómica parecen haber entrado en una fase crítica en la que las acusaciones y mentís se vienen sucediendo casi con asiduidad.En una reciente rueda informativa en la que Luis Ramallo presentó a la prensa un resumen de las principales actividades desarrolladas por la Junta en los cien primeros días de existencia el presidente se lamentó de la escasa colaboración que la Junta encuentra en las diputaciones de Cáceres y Badajoz, y acusó a los respectivos presidentes como directos responsables de la situación creada entre estos organismos. De hecho, la Corporación provincial pacense en un pleno celebrado recientemente acordó denegar el trasvase de funcionarios de aquélla a la Junta Preautonómica, hecho que el presidente de la Diputación ha matizado diciendo que ello no se puede interpretar como una negativa de colaboración total con la Junta, y cita una serie de acciones llevadas a cabo por la Diputación para la Junta. Pero Luis Ramallo insiste en que los presidentes Fernando Albarrán y Felipe Camisón son personas que por su ideología no se sienten identificados con la preautonomía extremeña y actúan según su criterio político.
En la rueda de prensa citada, Luis Ramallo recordó que aún no posee vehículo oficial, a pesar de que ha elevado peticiones para que se dotase a la Junta con uno de los vehículos del parque que la Diputación de Badajoz posee. Este hecho fue aireado y, según Ramallo desvirtuado, pues se dijo que lo que se había pedido era un Seat 132 dotado con aire acondicionado.
Con respecto al futuro de estas relaciones, el señor Ramallo sólo confía en que las elecciones municipales, que él da por seguro se van a celebrar, lleven la armonía y el entendimiento.
Ante el proceso autonómico que la región ha de desarrollar, Luis Ramallo se mostró partidario de acceder a la autonomía en dos fases, una previa que sirva de afianzamiento en aquellas competencias más positivas para la región, y una plena, en la que se abarquen todas aquellas competencias que, según la Constitución, le corresponden. No obstante, este proceso, ante unas elecciones legislativas, ha de sufrir de seguro un freno.
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