La Junta de Andalucía denuncia los convenios de planeamiento urbanístico

La Junta de Andalucía acaba de aprobar, durante la última reunión de su consejo permanente, un informe de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de la que es titular el diputado sevillano del PSOE Rafael Escuredo, en el que se denuncia la puesta en marcha de diferentes convenios entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y las diputaciones provinciales andaluzas para la redacción del planeamiento urbano, que pueden suponer «una clara injerencia centralista y manipulación en las políticas urbanas locales, con el propósito de hipotecar la capacidad de gestión de los futuros ayuntamientos democráticos», según dice el informe.

En el mismo se recuerda que la forma elegida por el Ministerio ignora, en efecto, que las diputaciones no tienen, salvo aisladas excepciones, capacidad técnica alguna en materia de urbanismo, al no haber desarrollado nunca las atribuciones que la ley del Suelo les asignó en 1956, de forma que «no existen servicios específicos de planeamiento en ellas, a excepción, quizá, de la de Málaga, que cuenta con un servicio de urbanismo, si bien a todas luces infradotado para una actuación de envergadura como la proyectada».«Resulta injustificable que las actuales corporaciones se sientan legitimadas para redactar y aprobar, en los días de extinción de su periclitado mandato, los programas de política urbana municipal de los futuros ayuntamientos, cuando, además, por imperativos de la ley del Suelo, estos planes tienen vigencia indefinida», ha declarado a EL PAÍS el arquitecto y director general de Ordenación del Territorio de la Junta preautonómica andaluza, Damián Quero.

«Sólo puede entenderse una actuación de este tipo -añadió el señor Quero- en el contexto de la precipitación para la redacción premiosa y acelerada de planeamiento, parcial y general, de iniciativa privada y pública, que estamos conociendo en nuestras ciudades, sin duda con el ánimo de consolidar prebendas y situaciones de privilegio ante el inminente cambio democrático de la vida local, y ante la transferencia a la Junta de Andalucía de las competencias ahora centrales de aprobación de planeamiento.»

Las objeciones que la Consejería hace al proyecto del MOPU, ya en marcha, se fundamentan, principalmente, en el hecho de que las decisiones sobre tipos de planes y sitios donde se va a actuar se han tomado unilateralmente en las respectivas delegaciones provinciales del Ministerio, y no responden en absoluto a las necesidades y urgencias reales de las distintas provincias.

De esta forma, se llega al extremo de dedicar parte importante de los presupuestos a la redacción de Normas Subsidiarias y de Limitación de Suelo Urbano únicamente en pequeños pueblos de escasa dinámica demográfica e incluso recesivos (precisamente en la provincia de Sevilla se acaban de sacar de forma simultánea a información pública cuarenta normas subsidiarias de planeamiento de municipios diferentes), mientras se ignoran las cabeceras de comarca y, sobre todo, las barriadas importantes de las capitales, donde la situación actuales ya de auténtica emergencia.

Finalmente, dado que el marco de los convenios MOPU-diputaciones permite que la gerencia y la redacción del planeamiento sean otorgadas discrecionalmente a dedo -como se tiene conocimiento, a través del Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, que se está haciendo en Granada-, la Consejería andaluza de Ordenación del Territorio pidió en su día a la Dirección General de Urbanismo del Ministerio que los técnicos fuesen contratados mediante concursos públicos.