La Administración nortemericana potencia el secreto profesional de la información

La Administración Carter ha propuesto al Congreso norteamericano, por medio de un proyecto de y, que prohiba a la policía la realización de incursiones por sorpreen salas de noticias u otros locas en busca de notas, fotografías o documentos presumiblemente publicables. Según este proyecto la policía local y estatal, y los agentes federales, tendrán que usar una citacion previa, en lugar de una simple orden de búsqueda, cuando traten de obtener pruebas docuentales de un delito.Caen dentro del ámbito de la propuesta los periodistas, escritores freelances, editores investigadores universitarios o cualquier otra persona que pudiera usar los documentos para su publicación. La citación proporciona una información previa sobre una solicitud de documentos específicos y da al que la recibe oportunidad de recurrir contra ella ante los tribunales mientras que, en la situación actual, y aunque pueda parecer sorprendente, la policía podía aparecer con una orden de búsqueda, sin previo aviso, para intervenir y registrar cajones y archivos en las salas de información.

Según el Ministerio de Justicia norteamericano, el Gobierno federal nunca ha llevado a cabo una de estas incursiones, pero las autoridades locales las han realizado alrededor de una docena de veces en los últimos años.

Existen dos excepciones en el proyecto de ley con respecto a lo que se califica como «producto de abajo» de periodistas y universitarios: en el caso de peligrar la vida la salud de una persona, o, en el supuesto de que el poseedor del documento fuera sospechoso del delito que motiva la investigación, podría llevarse a cabo una búsqueda sin previo aviso. También se protegen los documentos no considerados como «producto de abajo».

Las reacciones han sido en general muy favorables a esta decisión, que contribuye a reforzar la imagen Carter-derechos humanos. El director del Comité de Periodistas ara la Libertad de Prensa, Jack Candau, ha declarado que es la medida más alentadora tomada por la Administración en el ámbito de la primera enmienda.