El Gobierno estudiará el anteproyecto de ley sobre la prensa del Estado

El Consejo de Ministros, que previsiblemente se celebrará el próximo viernes, podría estudiar el borrador de anteproyecto de ley sobre los Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE), en el que se contempla como punto más conflictivo el futuro que se ha de dar a los 35 periódicos de la antigua Cadena del Movimiento y al periódico Pueblo, de los antiguos sindicatos, según ha podido saber EL PAIS de fuentes dignas de crédito.

El anteproyecto, elaborado sobre las bases doctrinales de UCD por el Ministerio de Cultura, será estudiado por el Gobierno y remitido posteriormente a las Cortes. Esta remisión a las Cortes deberá efectuarse antes del 31 de diciembre en cumplimiento de los acuerdos de la Moncloa, en los que el Gobierno se comprometió a enviar a las Cortes un proyecto de ley sobre los medios de Comunicación Social del Estado.En el anteproyecto, según han declarado fuentes de la Administración, «no se defiende ni se justifica la existencia de una prensa del Estado en un contexto de información pluralista, pero tampoco se establece en ningún momento una idea de privatización».

La mecánica de desmembración de la antigua Cadena del Movimiento, contemplada en el texto del anteproyecto, establece la eliminación de los servicios centrales de la prensa del Estado y el paso en orden de preferencia de los periódicos de la cadena a los entes autonómicos, a las diputaciones y, subsidiariamente, a los ayuntamientos, y en último término, a los trabajadores de los periódicos, siempre que se constituyan en cooperativas de explotación de los mismos.

El borrador contempla también un plan de jubilaciones, la determinación de indemnizaciones y todo tipo de medidas que amparen al máximo las situaciones laborales del personal. La nómina del personal de la prensa del Estado se estima que alcanza los 4.500 trabajadores.

Según fuentes de la Administración, en el anteproyecto se recogen aquellas orientaciones en las que se registró unanimidad en el seno de la subcomisión parlamentaria creada al respecto, en cumplimiento de los pactos de la Moncloa. Como ya se ha hecho público, no hubo acuerdo en el seno de esta comisión a la hora de determinar el destino final de estos medios de comunicación. En síntesis, las posturas de Alianza Popular y del Partido Comunista eran las de que continuaran los periódicos en manos del Estado o al menos centralizados de alguna manera, aunque se repartieran entre los entes autonómicos. La postura de UCD abogaba por la desaparición de los servicios centrales y, en definitiva, por el traspaso racional de los periódicos a organismos públicos o privados, mientras que la postura del PSOE era intermedia, es decir admitía la desmembración siempre que los periódicos pudieran ir a parar a grupos autogestionarios.

Según todos los indicios el anteproyecto recibirá todavía algunos retoques antes de ser estudiado por el Consejo de Ministros. En la Administración no existiría todavía unanimidad de criterios sobre la ejecución de los planes que deberían proponerse en el anteproyecto de ley. Una prueba de esta «disensión» seria -según interpretan fuentes allegadas a estos medios- la falta de entendimiento que ha existido días pasados entre el Ministerio de Cultura y la presidencia del Congreso, contradicciones puestas de manifiesto a raíz de denuncias concretas contra altos miembros de la Administración hechas por los trabajadores de la cadena.

Por otra parte, el ministro de Cultura, Pío Cabanillas, continúa recabando información sobre el tema, dado que ayer recibió a los directores y administradores de los periódicos de la cadena de Medios del Estado, con quienes cambió impresiones sobre el texto del anteproyecto. Al parecer, los directores de los periódicos estatales han pedido una ampliación del plazo del tiempo para estudiar el informe de la Subcomisión de Cultura sobre la prensa del Estado.

Por su parte, los trabajadores de los periódicos del Estado, que en su día presentaron un proyecto de prensa pública regionalizada como alternativa a la privatización y que han denunciado en días pasados intentos de privatización por parte de UCD de los periódicos del Estado, estiman que no ha habido suficiente debate nacional sobre el futuro de estos medios, «como lo demuestra, las propias contradicciones de altos cargos del partido de Unión de Centro Democrático sobre este tema». El comité central de los trabajadores ha manifestado también que denunciará al ministro de Cultura, Pío Cabanillas, por haber dado cifras negativas sobre la economía deficitaria de la cadena.

En relación con esta economía deficitaria de la cadena, un miembro de UCD con un cargo de responsabilidad informativa en la Administración ha comentado que «no se puede mantener una cadena de periódicos que produce 5.000 millones de pérdidas anuales».