Trabajadores y empresarios, excluidos de la gestión del sistema

Intimamente ligado a la delimitación claramente profesional del sistema español de Seguridad Social, aparece también como causa de la crisis el modelo de gestión, caracterizado por su articulación pluralista (multiplicidad de gestoras) y con un grado de estatalización que se combina con una limitada participación de los interesados en los órganos de gobierno de las gestoras -al menos hasta su reciente supresión por decreto y aunque a un nivel más programático que operativo, dada la falta de representatividad del desaparecido verticalismo- y con la subsistencia de formas privadas de gestión, bajo el disfraz de las mutuas patronales.De esta manera, a las disfuncionalidades de la estructura del sistema de acción protectora y de la financiación, se une la adecuación del aparato de gestión. La configuración histórica de la Seguridad Social española -como recuerda el profesor Desdentado- ha tenido dos rasgos característicos. De una parte, una extremada fragmentación de las estructuras de gestión: unos trescientos organismos entre entidades gestoras, servicios comunes, mutuas patronales y con un esquema escasamente racionalizado de competencias, creaban una complejidad artificial en el funcionamiento del sistema. Por otra, el aparato administrativo actuaba con un sistema de controles extraordinariamente débiles. Sus presupuestos no se sometían a la aprobación parlamentaria, no existía una auténtica intervención; ni un control por el Tribunal de Cuentas y la publicidad de las cuentas se realizaba con un esoterismo impenetrable.

A modo de dato revelador de los modos de gestión del dinero de la Seguridad Social -quizá sería menos comprometido hablar en pasado, sobre todo si se hace bueno el intento clarificador de que hacen gala los actuales dirigentes del sistema-, cabe señalar cómo durante 1975 las entidades gestoras tenían en diferentes bancos, en cuentas a plazo fijo y certificado de depósito, un total de 16.430.716.303 pesetas. Ni el propio ministro por aquella fecha, Fernando Suárez, ha sabido explicar a EL PAIS el porqué de tal inmovilización de capital.

En la misma línea, otro dato curioso: el titular de la Dirección General de la Seguridad Social, en 1974, «de acuerdo con la orden ministerial de 9 de marzo de 1971, sobre financiación del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, ordena la transferencia de la cuenta depositaria del Fondo de Previsión y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales abierta en el Banco de España, con el número 89.818, en Madrid, la cantidad de quinientos millones, a la cuenta corriente que a nombre del citado Plan se encuentra abierta en el Banco Peninsular (carrera de San Jerónimo, 44, Madrid)».

La orden de dicha transferencia es «a efectos de contar con los medios indispensables para desarrollar las actividades encomendadas al citado Plan».

Con fecha 19 de octubre de 1974, el Banco Central remite el oportuno comprobante de haber adeudado los quinientos millones de pesetas al Banco Peninsular, el cual, con fecha 30 de octubre del mismo año, notifica su recepción «en concepto de imposición aplazo, al interés del 6% anual».

Hasta los años cuarenta se mantuvo un cierto grado de unificación, sólo perturbado por la presencia de aseguradoras privadas en la rama de accidentes de trabajo y por las particularidades organizativas de ciertos sectores especiales. El INP centralizaba la gestión de los seguros sociales obligatorios, recurriendo, eventualmente, a fórmulas de gestión mixta (entidades colaboradoras del SOE) y proporcionando la infraestructura financiera y administrativa del Seguro de Accidentes de Trabajo (Caja Nacional, fondos especiales).

La aparición del mutualismo laboral y su desarrollo a partir de los años cuarenta produce una proliferación de gestoras a través de mutualidades nacionales o territoriales del sector profesional y de montepios y cajas de empresa.

La reforma que complica

La reforma que parecía habría de suponer la ley de Bases del 63 no pasa de constituir una quimera que, incluso, complica aún más la red de control con la creación, como nueva figura, de los servicios comunes y la proliferación de regímenes especiales a que da lugar.Así, se mantiene la multiplicidad en la gestión hasta 1977, año en el que, como consecuencia fundamentalmente de la ley General Presupuestaria se acomete una cierta racionalización del aparato gestor, tanto a nivel de controles, como de simplificación relativa de la fragmentación de organismos. Un real decreto de 6 de octubre del 77, reduce a 49 el número de mutualidades laborales. Pero este proceso de racionalización relativa se conecta con una medida extraordinariamente regresiva y autoritaria: el bloqueo de las representaciones de empresarios y trabajadores en los órganos de gobierno de las entidades gestoras. En efecto, aquellas representaciones de las fuerzas sociales que en plena vigencia del anterior régimen tenían presencia en la gestión, quedan suspendidas en la actual democracia por un real decreto del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, dictado el 11 de julio de 1977.

Esta medida está relacionada con la desaparición del verticalismo y se mantiene hasta la actualidad, pese a que en los pactos de la Moncloa se había acordado, transitoriamente, hasta tanto nose afrontara en profundidad la necesaria reforma de la Seguridad Social, la presencia de las fuerzas sindicales en los órganos de gestión y control del sistema.

Con estos antecedentes, la reforma que unilateralmente aborda estos días el Gobierno institucionaliza lo que era coyuntural (es decir, la presencia obrera y patronal en el control y no en la gestión) y mediante el decreto-ley sobre Gestión Institucional de la Seguridad Social, Salud y Empleo (véase EL PAIS del pasado día 17) sitúa la presencia de las fuerzas sociales en el control y vigilancia de la gestión de los tres organismos creados por el mismo, decreto-ley para gestionar la Seguridad Social.

En definitiva, se ha pasado de una activa presencia del nacionalsindicalismo en el gobierno de la Seguridad Social a una actuación de control, es decir, a toro pasado, por parte de unas representaciones auténticas de trabajadores y empresarios, quienes financian con sus aportaciones un sistema que no gestionan.