Los obispos españoles no se pronunciarán sobre la Constitución

Los obispos españoles decidieron ayer no pronunciarse sobre el tema de la Constitución y ratificar el documento de su Comisión Permanente del 28 de septiembre pasado, por considerarlo «suficiente y debidamente presentado» para ayudar a los ciudadanos y, sobre todo, a los creyentes, «a emitir, libre y responsablemente, su voto en el referéndum». Con respecto al tema central de las sesiones, la Conferencia Episcopal acordó aceptar las orientaciones básicas del documento Matrimonio y familia, elaborado por la comisión de apostolado seglar, considerado por los obispos como «un punto de partida rico para trabajar en el tema».

En el documento Matrimonio y familia, del que ya dio cuenta EL PAIS, se habla de la existencia de una campaña contra la estabilidad del matrimonio y contra la institución familiar, y se especifican los desafíos -«los ya famosos desafíos», según un portavoz del episcopado- que tiene hoy planteados la familia, a juicio de los redactores del informe: la contestación a la institución matrimonial, el aborto, la planificación familiar, el divorcio y las relaciones prematrimoniales. Con respecto a estos desafíos, la Conferencia Episcopal no dijo nada concreto, aunque explicó, por medio de su portavoz, que los obispos «tienen conciencia de que estos desafíos ocupan las conciencias cristianas y que algunos de ellos pueden ser objeto de medidas de gobierno a medio plazo, por lo que habría que estudiarlos más a fondo».Desde el punto de vista de los obispos existían dos posibilidades: haber sacado una especie de fascículos monográficos con algunas partes del documento, que tenían suficiente autonomía, como por ejemplo los cauces pastorales en materia de matrimonio y familia, o dar al documento un carácter unitario y hacerlo público de una vez. El episcopado español se prounció por esta segunda fórmula, que llevará diferentes pasos. La nueva redacción del documento se pasará a votación de los obispos, votación que terminará el próximo 15 de enero y, con carácter definitivo, el 20 de febrero. El texto de los puntos referentes a la planificación familiar y regulación de la natalidad se decidirá en el curso de la asamblea plenaria que se está celebrando. Los obispos afirmaron que tienen conciencia de que exige «una delicadeza grande en las formulaciones doctrinales y las aplicaciones pastorales», por lo que pedirán colaboración a la comisión episcopal correspondiente «para que ayude a dar los pasos sucesivos en la redacción del tema». El nuevo texto saldría refrendado por la Conferencia Episcopal.

Dentro de este mismo apartado, seis organizaciones feministas se presentaron ayer en la casa de las Operarias Parroquiales, donde tienen lugar las reuniones de los obispos, para intentar ser recibidas por monseñor Tarancón o por algún representante del Episcopado. Las feministas no lograron su objetivo y, tras esperar más de una hora hablaron con un vicesecretario de la Conferencia Episcopal, José María Iguaras, quien les expresó que existían múltiples dificultades para que pudieran ser recibidas, porque «una asamblea de obispos no funciona como una reunión de personas que tengan menos que hacer».

Las feministas han elaborado un documento en el que expresan su extrañeza por que «temas sociales de vital importancia», como la familia, el divorcio, el aborto o los anticonceptivos, sean centro de debate de los obispos «cuando sólo faltan pocos días para que el pueblo español refrende con su voto la Constitución», y piden a la Conferencia Episcopal que «se abstenga de mediatizar las conciencias de los ciudadanos católicos reincidiendo, bajo el supuesto de informar, en la táctica de canalizar el voto católico».

Las organizaciones firmantes recuerdan que la Iglesia española consintió durante muchos años «que el pueblo estuviese sometido a leyes represivas, que llegaban al extremo de instituir la indisolubilidad del matrimonio, incluso para los casados civilmente», por lo que debería tener en cuenta, antes de pronunciarse, que fue imposible para los ciudadanos optar libremente por el matrimonio civil. También recuerdan la corrupción, falta de garantías procesales y gastos elevados de los tribunales eclesiásticos, impugnados incluso «por persona tan representativa del mundo eclesial como monseñor León del Amo, decano de la Rota española hasta el pasado año». Asimismo, afirman que «la Iglesia, que, por motivos religiosos, se opone al aborto, debe reflexionar sobre la necesidad de que el pueblo español pueda decidir libremente y de forma responsable el número de hijos deseado», y aclaran que «el aborto es algo de suyo no deseado por nadie ».

Con respecto al tema constitucional, la nota de 28 de septiembre pasado, que ratificaron ayer los obispos, reconocía «en el proyecto unos valores intrínsecos innegables, junto al dato esperanzador de que sea fruto de un notable esfuerzo de colaboración y de convivencia». «No somos ajenos tampoco -seguía la nota- a las reservas que se le oponen desde la visión cristiana de la vida», por ejemplo «en materia de derechos educativos o de estabilidad del matrimonio.» Según la Comisión Permanente del Episcopado, que firmaba la nota, en el texto «no se dan motivos determinantes para que indiquemos o prohibamos a los fieles una forma de voto determinada».

«En momentos de la importancia del presente -dice también el escrito- la Iglesia tradicionalmente ha recordado el deber de votar. También lo hacemos nosotros, no sin aclarar que cuando la abstención nace de la pereza o de la despreocupación merece abiertamente un rechazo moral.» Más adelante señala la nota que «los valores en juego pueden ser tan serios que obliguen a un análisis muy riguroso de cualquier abstención» y pide que los creyentes actúen como ciudadanos libres y «solidarios con el porvenir de nuestro pueblo; midan el alcance de esta decisión histórica, en la que se aspira a establecer las bases de convivencia para todas las personas y pueblos de España, y cuiden de que la fe cristiana ilumine su decisión de voto».

El documento termina diciendo que los obispos esperan «que las leyes que han de desarrollar las normas constitucionales no turbarán la conciencia de ningún ciudadano» y piden a los católicos que colaboren en su elaboración correcta.