Jimenez de Parga aludió a la Constitución para defender al Gobierno en la OIT

Sin mayor tono polémico, pero con claridad en la exposición de sus puntos de vista, José Antonio Aguiriano, representante de los trabajadores españoles ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el embajador de España ante la OIT, Manuel Jiménez de Parga, abordaron ayer el tema de la violación por parte del Gobierno español de los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical.La UGT había interpuesto una reclamación en tal sentido por intermedio de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), ante el Comité de Libertad Sindical.

Al intervenir en primer término José Antonio Aguiriano, sostuvo que el real decreto-ley sobre Relaciones Laborales de 1977, «si bien es cierto reconoce el derecho de -huelga de los trabajadores, queda de hecho abolido en muchos casos por la existencia de disposiciones contrarias al principio de libertad sindical. Aguiriano, después de poner en evidencia que la realidad nacional no se adecúa a la legislación laboral vigente, hizo especial hincapié en el carácter «absolutamente desfasado» de las cláusulas y disposiciones de dicho decreto.

Por otra parte, se manifestó esperanzado de que la-intervención del embajador Manuel Jiménez de Parga, a favor de la negociación colectiva, para que ésta sea incluida como tema prioritario en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1980, encuentre un eco «ensordecedor» -dijo Aguiriano- en los pasillos y despachos del Ministerio español de Trabajo.

El representante de los trabajadores españoles insistió también durante su intervención en el derecho de las centrales sindicales «a negociar con los empleadores y a expresar sus puntos de vista sobre cuestiones económicas y sociales que afecten a los intereses profesionales de sus miembros», de acuerdo a convenios y doctrinas de la OIT, ratificados por el Gobierno.

Con respecto a la devolución del patrimonio sindical «expoliado a la UGT después de 1939, y la restitución del acumulado con la cuota sindical obligatoria durante cuarenta años de franquismo», el portavoz de los trabajadores españoles se dirigió al embajador de España ante la OIT, recordándole que «durante su época de ministro de Trabajo adquirió un compromiso comprometiéndose a asegurar la voluntad del Gobierno de proceder a la devolución de los bienes sindicales».

Aguiriano, al finalizar, hizo especial hincapié en la «urgencia» de que el Gobierno cumpla con sus promesas, pero al mismo tiempo denunció el «silencio sistemático» de las autoridades y la intención de querer organizar una tercera fuerza sindical en el país a partir del Gobierno.

El embajador Jiménez de Parga sostuvo en respuesta que la nueva Constitución que será refrendada por el pueblo el 6 de diciembre dejará sin efecto, de acuerdo a su disposición derogatoria tercera, todas las normas que se opongan a ella; por tanto -aseguró el embajador-, el decreto invocado por Aguiriano perderá vigencia a partir del próximo 6 de diciembre.

En cuanto al patrimonio sindical, Jiménez de Parga sostuvo que el problema debe ser debatido en el Parlamento, con la concurrencia de las fuerzas políticas allí representadas, y que no era un problema exclusivo del Gobierno.

Llamó la atención de los miembros del Consejo de Administración la intervención del representante patronal español de CEOE, Vicente Castellano, quien intentó hacer una larga intervención para convencer a los delegados de que el patrimonio sindical debía ser devuelto también a los patronos. Castellano, al retomar la palabra, acusó a los trabajadores españoles de querer presionar al Gobierno por medio de acusaciones interpuestas ante la OIT.