Finalizada la redacción del anteproyecto del Estatuto de Autonomía de Cataluña

Ayer fue oficialmente dado a conocer el texto del anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña. Incluye el título relativo a las Finanzas y la disposición transitoria sobre las primeras elecciones al Parlamento catalán, apartados ambos que fueron aprobados el pasado fin de semana por la comisión redactora. Sólo queda pendiente de elaboración el preámbulo y una disposición adicional, relativa a las bases que regirán el traspaso de las competencias que el Estado cederá en virtud del Estatuto.

El texto oficial es básicamente el que fue revelado en su día por EL PAIS, con mínimos rejoques y algunos cambios de numeración de artículos (véase EL PAIS de 5 de noviembre). Así, pues, las dos novedades de interés residen en los dos apartados -finanzas y primeras elecciones- que han sido redactados el pasado fin de semana.En ambos casos, se ha producido una clara victoria socialista, gracias al no menos claro apoyo comunista. Con relación a las finanzas, el texto aprobado adolece de varias ambigüedades, siendo, en general, técnicamente de menor calidad que los borradores presentados por los socialistas y Convergencia Democrática, respectivamente. Como casi todos los textos consensuados, ofrece contradicciones y lagunas.

El proyecto socialista, respecto a las Finanzas, se oponía a que la Generalidad estableciera impuestos de nueva creación que gravasen las mismas bases imponibles que impuestos estatales ya existentes. En cambio Convergencia Democrática aceptaba el doble gravamen y el recargo impositivo.

El texto consensuado es favorable a la posibilidad de recargos impositivos -ya establecida por la Constitución- y también recoge la posibilidad de que la Generalidad cree sus propios impuestos. En cambio, guarda silencio respecto a si estos últimos podrán o no ser paralelos a impuestos estatales.

Respecto a la disposición transitoria destinada a regular las primeras elecciones al Parlamento catalán, la victoria de la izquierda marxista es total. Queda, pues, totalmente deshechada la intención de UCD de crear un Parlamento bicameral y la pretensión de Convergencia Democrática de establecer como circunscripción la comarca y crear una nueva circunscripción electoral para Barcelona ciudad.

Barcelona pesa más

En base a la postura socialista, se establecen cuatro circunscripciones electorales correspondientes a las actuales provincias catalanas. Se introduce, de acuerdo con la propuesta socialista, una muy leve corrección de la proporcionalidad -en Barcelona un diputado cada 50.000 habitantes, y en las tres circunscripciones restantes cada 40.000-, pero, pese a ello, el peso electoral de Barcelona no dejará de crear reacciones contrarias en las provincias menos pobladas o tradicionalmente recelosas del llamado centralismo barcelonés, como es Gerona.El Parlamento catalán, en base a esta disposición, contará con unos 117 miembros. De ellos, alrededor de 88 serán elegidos por Barcelona, donde la izquierda es mayoritaria. El tema es totalmente decisivo. La derecha no abandonará la batalla del llamado comarcalismo, cuya traducción electoral le beneficia.

De momento, hay ya siete reservas de voto particular, ninguno de ellos formulado por socialistas o comunistas. El próximo paso será la reunión, el viernes de esta semana, de la asamblea de parlamentarios de Cataluña, con el fin de hacer entrega a los parlamentarios del texto del anteproyecto y de establecer el reglamento para la discusión y aprobación del mismo. Dada la composición de la comisión redactora del anteproyecto, la aprobación final del mismo no ofrecerá dificultad alguna.

Temor a Tarradellas

El gran problema vendrá después. Resulta que la Generalidad es lo que debe convocar oficialmente, después de aprobada la Constitución, a la, asamblea de parlamentarios, con el fin de que ésta ratifique oficialmente el texto, para poder ser remitido, a continuación, a las Cortes. No hay ni la más leve duda respecto a que Tarradellas no está interesado en que el estatuto sea promulgado rápidamente, de ahí que, según temor expresado por los parlamentarios, pueda retrasar la convocatoria oficial de la Asamblea.