Compaginar la organización judicial con el poder autonómico, grave problema para Cataluña

En el proceso autonómico catalán de los años treinta, dos temas fueron particularmente graves. Por un lado, la posibilidad o no de Cataluña de incidir en la legislación social -conflicto de la ley de Contratos de Cultivo- y, por otro lado, la inserción del funcionariado estatal -en particular el de la Administración de justicia- en el marco autonómico. Este segundo tema se concreta en el proceso Xammar, la detención del fiscal Sancho, la huelga de la judicatura y la destitución, en septiembre de 1934, del jefe superior de Policía de Barcelona, designado por la Generalidad, Miquel Badía.

Del anteproyecto de Estatuto de Autonomía revelado en estas páginas el pasado sábado, se desprende una clara preocupación por parte de sus redactores respecto a la inserción de la Administración de justicia en el futuro marco autonómico. La preocupación responde no sólo al triste pasado histórico, sino también a la viva realidad, actual.Partamos de dos evidencias. La primera, el muy escaso -casi nulo- atractivo que sienten los catalanes por el funcionariado. La segunda, los déficit endémicos que se dan en Cataluña a nivel de judicatura: ocho plazas de fiscal están hoy vacantes en Barcelona, y los cambios en la titularidad de los juzgados catalanes son particularmente frecuentes. Lo habitual es que se acepte una plaza en Cataluña cuando se asciende y no hay otra preferible. Una vez llegado a Barcelona, en gran número de casos, se está atento ante las vacantes que se produzcan en otros lugares más deseados. «el problema -afirmó una fuente a EL PAÍS- es real y grave. Es precisa la formación de una opinión sincera sobre el mismo»

En Cataluña, realidad social y funcionariado han sido, en los últimos siglos, mundos mucho más separados y desconocidos entre sí que lo deseable. Esta dicotomía fue dramática bajo la República, particularmente con relación a la judicatura. A ello cabe añadir que el franquismo no hizo nada para mejorar las relaciones entre los servidores del Estado y el pueblo. Un origen geográfico no catalán, la dificultad de la lengua, las diferencias sociológicas y políticas catalanas, son elementos a considerar con relación al tema.

En la situación de poca atracción para la judicatura que actualmente caracteriza a Cataluña, aparece el anteproyecto de Estatuto, que afirma que para «los concursos y oposiciones para cubrir plazas de magistrados, jueces, secretarios judiciales y otro personal de la Administración de justicia vacantes en Cataluña, serán condiciones preferentes el conocimiento de la lengua catalana y la especialización en derecho catalán». A lo cual se añade que «los fiscales y los registradores de la propiedad y mercantiles designados para Cataluña deberán conocer la lengua catalana y acreditar la especialización en derecho catalán».

Plazas rechazables

Lo primero que podría pensarse es que todo ello causaría malestar en la judicatura. Pero una fuente argumentó todo lo contrario: «Atendiendo al carácter casi forzoso, en muchos casos, del destino en Cataluña, es muy posible que el establecimiento de inconvenientes, como son el conocimiento de una lengua y de un derecho específicos, produzca más bien satisfacción, en el sentido que, así, siempre existirán razones objetivas de peso para evitar el ser destinado en Cataluña. Ahora, las plazas podrán ser consideradas rechazables.»De hecho, todo indica que esta posibilidad ha sido formalmente considerada por los parlamentarios catalanes. En efecto, la única disposición transitoria que aparece en el anteproyecto establece que «las vacantes existentes o que se puedan producir en los órganos ju risdiccionales en Cataluña, mien tras no sean cubiertas por sus titu lares, podrán serlo interinamente por personal designado por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia (de Cataluña)». Se trata, pues, de considerar de entrada una fórmula que permitiría contrarres tar el incremento del déficit que podría producir el proceso au tonómico.

Cabe aquí recordar la existencia de la figura de magistrado suplente y que en el pasado existió la del promotor fiscal. No obstante, este camino -el de asunción de unas funciones por parte de personas no integradas en un cuerpo oficial- no parece deseable. Por otro lado, los problemas que podrían solventar este enfoque a corto plazo podría convertirse, con el tiempo, en cuestiones aún más delicadas.

Automarginación tradicional

Lo deseable sería poder abordar tan grave tema desde una óptica más profunda que la mera constitución de un interinaje, ya que éste puede perpetuarse y además crear justos recelos en los cuerpos estatales. La única solución que iría al fondo del problema seria que la carrerajudicial atrajera a un mayor número de catalanes.Una solución intermedia la constituiría la creación de un cuerpo auxiliar, partiendo de concursos realizados en Cataluña y a través de tribunales en que la judicatura estuviese bien representada; aún así vendría a ser como crear el equivalente a un profesorado no numerarlo, con todas las implicaciones que podría representar.

En el anteproyecto de estatuto la directa alusión a la lengua y al derecho catalanes, con relación a la judicatura, constituye un arma de doble filo. Por un lado parecejusto, pero por otro puede causar efectos muy negativos. Dejar esta cuestión para el futuro Estatuto interior que elaborará el parlamento catalán podría haber sido una mejor solución. «Lo pintoresco -afirmó una fuente- es que la realidad inmediata es muy diferente: es más probable que Tarradellas empiece a hablar castellano, que no se obligue realmente a los funcionarios a hablar en catalán.»

De momento, el anteproyecto de Estatuto ofrece ya la virtud de sacar a la luz pública el tema de los déficit actuales de la Administración de justicia en Cataluña.