Análisis crítico: ajuste, sí, reforma, no

Hace un año la opinión pública se mostró sensibilizada ante el acontecimiento insólito de un acuerdo entre fuerzas políticas bien dispares para sentar las bases de una superación de la crisis económica. Todo el mundo comentaba cosas de los pactos de la Moncloa, aún sin llegar a captar plenamente su alcance. El contenido de este artículo pretende dejar en claro algunas cosas. Primero, que el Gobierno está incumpliendo aspectos fundamentales de lo pactado, por más que la TVE se empeñe en convencernos de que son buenos cumplidores. Segundo, que a los pocos meses de puesto en marcha el acuerdo, se inició una amplia operación de freno a las reformas económicas propugnadas. Tercero, que el más grave problema que tiene hoy la economía española, el paro, se ha acrecentado como consecuencia de algunos de los incumplimientos. Cuarto, que el marasmo en que se encuentra el acuerdo se debe a la falta de consenso para formar una comisión de seguimiento y control, dejando exclusivamente en manos del Gobierno la interpretación y aplicación de lo firmado. El PCE pidió reiteradamente la formación de una comisión de seguimiento y control. Pero la oposición sistemática del PSOE a la propuesta dejó las manos libres al Gobierno de UCD para hacer su interpretación y aplicación. Un rápido chequeo será suficiente.Bajo el fárrago de capítulos, apartados y puntos sellados con la firma de los líderes parlamentarios y del presidente del Gobierno, el pacto deja clara la filosofía de lo que podría llamarse programa económico conjunto.

En el acuerdo hay tres aspectos perfectamente diferenciables. En primer, lugar, estaba patente la necesidad de estabilizar la economía. La política monetaria y de gasto público, junto con la moderación de las alzas salariales, manteniendo el poder adquisitivo, fueron los instrumentos aceptados para lograr el ajuste. En segundo lugar, en el documento se propugna una serie de reformas económicas, imprescindibles para cimentar una evolución saneada en el futuro.

Por último, otra parte del pacto garantizaba unas contrapartidas para compensar los efectos negativos que se derivarían de la aplicación de algunos acuerdos. Así, los trabajadores, si el Gobierno hubiera cumplido debidamente, se habrían beneficiado de un salario indirecto en especie, en forma de mayor calidad de los servicios sociales, 700.000 nuevos puestos escolares públicos gratuitos y un programa de construcción de viviendas y de mejora en materia de urbanismo. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas recibirían atención especial por parte de las cajas de ahorro y del crédito oficial, para compensar las consecuencias de la política monetaria restrictiva diseñada.

De los tres grandes apartados, sólo el concerniente a estabilización y ajuste de la economía se está desarrollando de manera aceptable, pese a desviaciones parciales (en política monetaria, por ejemplo). Se diría que es el único aspecto del acuerdo que realmente atrae la atención gubernamental. Así parece corroborarlo la actitud de los responsables económicos, que limitaron el contenido de las jornadas de reflexión a los temas de ajuste.

La reforma económica ha quedado totalmente paralizada. Se puede admitir como cumplimiento exclusivo de este paquete la reforma fiscal, aceptable, aunque mejorable.

Dos ministerios merecen referencia especial: Sanidad y Seguridad Social e Industria y Energía. El primero se mostró reticente desde el momento mismo de la elaboración de los documentos previos a la firma del pacto. Es un reducto que maneja en 1978 la friolera de 1,285 billones de pesetas. El Ministerio está eludiendo la «participación creciente de la sociedad en las decisiones y en el funcionamiento» de la institución, en contra lo que se firmó. Todo el Gobierno ha quedado implicado en la aprobación durante el Consejo de Ministros de los días 13 y 14 pasados de un decreto-ley de reforma institucional de la Seguridad Social. En lugar de confeccionar una ley ordinaria,como se pactó, se recurre al expediente del decreto-ley, incurriendo en una grave responsabilidad, al hurtar al Parlamento y a la sociedad un debate cada día más urgente.

El actual ministro de Industria, por otro lado, está dando sobradas muestras de cómo entiende la empresa pública. Cuando el principio de subsidiariedad estaba más que cuestionado, asistimos a un relanzamiento de la política de nacionalización de pérdidas y privatización de ganancias. Esto por no citar el último Plan Energético, que ha conseguido dar satisfacción a los más exigentes intereses privados.

En fin, no hace falta hablar de las contrapartidas, porque el incumplimiento lo observa cualquier ciudadano en su propia vida. Pero sí hay que señalar que los costes sociales de la estabilización, en términos de incremento de paro, se han elevado notablemente. Efectivamente, si se hubieran construido las viviendas pensadas, muchos obreros de la construcción habrían encontrado trabajo. Lo mismo cabe afirmar si se hubieran construido los 700.000 nuevos puestos escolares, que también habrían dado ocupación a buen número de jóvenes titulados en paro. Y si las cotizaciones de la Seguridad Social hubieran mantenido el crecimiento previsto del 18 %, los trabajadores habrían percibido unos salarios más altos (la masa salarial bruta engloba los impuestos y cotizaciones y el sector factor mano de obra no sería tan gravoso a los empresarios.

En fin, uno se pregunta qué parte de responsabilidad en el resultado se deriva de la inexistencia de la comisión de seguimiento y control. Si no se hubiera dejado al Gobierno la aplicación del pacto, no tendríamos que lamentarnos tanto.

De seguir las cosas como hasta aquí, tal vez se contendrán los precios, cargando elpeso del ajuste sobre los trabajadores y las pequeñas y medias empresas, sin contrapartidas. Puede ser que, mejor o peor, se supere la crisis coyuntural. Pero, si no se realizan las reformas acordadas, la tranquilidad será efímera y no pasará mucho tiempo sin que afloren a la superficie los estrangulamientos.